La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación por el alto índice de femicidios y violencia de género que hubo en nuestro país durante el año 2012, cuyo número fue dado a conocer por el Observatorio de Femicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, cuya meritoria labor queremos resaltar en el presente proyecto.

Señor presidente:

Los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina es una recopilación de los casos que tomaron estado público a través de distintas agencias informativas tales como DyN y Télam, y periódicos de circulación masiva en todo el país. Abarca el período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, contabilizando 255 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niños, 24 femicidios vinculados de hombres y niños, 357 hijas e hijos víctimas colaterales que quedaron sin madre y fuera de estos datos 7 mujeres que continúan desaparecidas que sufrieron violencia de género.

El informe detalla también datos como el rango del vínculo con el victimario: esposos, parejas, novios, amantes 95 casos; ex esposos, ex parejas, ex novios 65 casos; padres, padrastros 11 casos; otros familiares 21 casos; vecinos, conocidos, 18 casos; hijos 5 casos; sin vínculo aparente 40 casos. Esto hace un total de 255 casos denunciados.

Respecto a las edades de las víctimas detalla: de 0 a 1 año, 5 casos; de 2 a 12 años, 11 casos; de 13 a 18 años, 20 casos; de 19 a 30 años, 79 casos; de 31 a 50 años, 87 casos; de 51 a 65 años, 27 casos; de 66 a 99 años, 23 casos y sin edad registrada 3 casos, lo que también hace un total de los 255 casos denunciados.

Otro dato a tener en cuenta del informe es la modalidad utilizada por el victimario: baleadas 62, apuñaladas 57, golpeadas 44, estranguladas 25, incineradas 19, degolladas 12, asfixiadas 11, ahorcadas 9, ahogadas 2, y por causas desconocidas 14.

En cuanto a los lugares donde ocurrieron los femicidios, detallan: vivienda compartida con el femicida: 68, vivienda de la víctima: 70, otra vivienda: 12, vivienda del femicida: 7; vía pública: 24; lugar de trabajo: 4; vehículo: 4; descampado: 9; vera de ruta: 7; rio, lago, dique, arroyo, canal; 11; campo, camino, monte, bosque: 12; zanja, playa: 3; hotel: 1; local: 2; puente: 1; playón, galpón: 2; comisaría: 1; comisaría de la mujer: 1, y no se registran datos: 16.

Las edades del femicida son: de 13 a 18 años: 10 casos; de 19 a 30 años: 70 casos; de 31 a 50 años: 85 casos; de 51 a 65 años: 28 casos; de 66 a 90 años: 12 casos, y sin edad registrada 50 casos.

De los 255 casos fueron denunciados 34, con medidas de exclusión del hogar 14, pertenecientes a las fuerzas de seguridad 12, embarazadas 5, en presunción de prostitución o trata 8, indicios de abuso sexual 26, con denuncias iniciales por desaparición 25 y femicidios vinculados de varones con denuncia 7.

Luego sistematiza los lugares donde ocurrieron por provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires los discrimina por partidos y en el caso de la ciudad de Buenos Aires por barrio.

Por último hace mención al rango de las víctimas colaterales de los femicidios, en especial las hijas e hijos que quedaron sin madre: hijas menores, 66; hijos menores 62; hijos menores sin registro de sexo 120, lo que hace un total de 248. En el rango de hijos adultos: hijas 31; hijos 29; sin registro de sexo 4, total 64.

Una especial referencia a tener en cuenta es que por insuficiente información, no están contemplados los siguientes casos:

"-Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardio respiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático.

-Mujeres que mueren por abortos clandestinos.

-Mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

-7 mujeres que continúan desaparecidas con presunción de violencia de género."

Entre las medidas que solicitan en el informe están:

-La puesta en marcha de un sistema que provea de estadísticas oficiales incluyendo particularmente al femicidio, lo que permitiría "el correcto diseño de políticas públicas integrales indispensables para poder prevenir y asistir a las mujeres víctimas de violencia sexista"

-"Diálogo, pacto, y consenso social político para diseñar un Plan Nacional para la erradicación de la Violencia de Género, compuesto por el poder ejecutivo nacional, ejecutivos provinciales, poder judicial, poderes legislativos, fuerzas de seguridad, universidades, asociaciones sindicales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil".

-Piden el tratamiento urgente a las legislaturas nacionales y provinciales de leyes que contemplen la prevención y asistencia a las víctimas.

-Solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apertura de oficinas de violencia doméstica en todas las provincias.

-La confección de programas nacionales de asistencia integral a las víctimas, que tengan una perspectiva de género y que incluya "asistencia psicológica sostenida en el tiempo, acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos, para asegurar el acceso a la justicia de los sectores con menos recursos económicos".

-Pide la creación de nuevos hogares o refugios para las víctimas, los que deben dar una "asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género, con el objetivo de fortalecer a las mujeres para que puedan armar un proyecto de vida libre de violencia".

-Solicitan la intensificación de las campañas de prevención e información, la creación de una asignación económica, subsidios habitacionales y para alimentación, modificación del Código Civil para que el femicida pierda automáticamente la patria potestad sobre sus hijos, incorporación en las currículas educativas los "diferentes niveles de la temática de violencia sexista", capacitación del personal para todos los efectores que trabajen en la temática, la creación de un Ministerio de Igualdad de Oportunidades, ampliación de presupuesto para los organismos que trabajan en la temática, la creación de un Banco Genético de Datos Nacional que registren a las personas denunciadas como desaparecidas con antecedentes de haber sido víctimas de violencia sexista o de trata, la colocación de botones anti pánico en los lugares donde habitan mujeres que han denunciado violencia de género y tienen dictadas medidas judiciales al respecto.

En declaraciones periodísticas Fabiana Tuñez, coordinadora ejecutiva del Observatorio manifestó que "Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata".

A su vez Ada Beatriz Rico, haciendo referencia a la baja de un 10% de femicidios respecto al 2011, advirtió que esta tendencia no puede tomarse aún, ya que en enero de 2013 la cifra de asesinatos de mujeres por violencia de género fue de casi uno por día: un total de 26 casos registrados a los que deben sumarse que en los primeros 19 días del mes de febrero de 2013 se contabilizan 14 casos.

En una nota del diario Página 12, se hace especial mención al aumento de femicidios de mujeres incineradas desde el caso de Wanda Tadei, contabilizando al menos 136 casos, de los cuales 63 de las víctimas fallecieron como consecuencia de las quemaduras, según informa el Observatorio de Femicidios de la Argentina. Las muertes de acuerdo a dicho informe fueron 11 mujeres en el año 2010, 29 mujeres en el 2011, 19 mujeres en el 2012 y 3 mujeres en enero de 2013, de las cuales sobrevivieron 10 en 2010, 24 en 2011, 34 en 2012 y 6 entre enero y febrero de 2013. Al respecto Ada Rico, coordinadora del Observatorio, advirtió sobre la importancia de que la justicia condene con celeridad a los culpables "para demostrar a los agresores que el crimen perfecto no existe y de esta forma evitar la impunidad", agregando que "el fuego podría llegar a borrar algunas pruebas, pero no todas, y si se investiga bien se pueden encontrar los indicadores para un juicio y una posterior condena", "los casos que llegan a los hospitales con más del 65% del cuerpo quemado, son inducidas en un coma farmacológico, razón por la cual se comienza a demorar acciones judiciales a la espera de la declaración de la víctima. Es indispensable que en estos casos se actúe con celeridad y de oficio en el allanamiento, en la preservación de la escena y se agilicen los tiempos procesales para la reconstrucción de los hechos, porque el principal problema en estas situaciones es no darle tiempo al agresor".

El 11 de marzo de 2009 fue sancionada la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la que fuera promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional el año 2010. En su artículo 9 establece que el Consejo Nacional de las Mujeres debe "elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres" y "articular y coordinar las acciones para el complimiento de la norma" tanto a nivel nacional como provincial y municipal, en los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Hasta la fecha, dicho plan no ha sido implementado. Las acciones que se llevan a cabo tanto en los ejecutivos como en áreas judiciales, no están debidamente articulados ni coordinados. La elaboración de estadísticas oficiales es una larga deuda que viene siendo reclamada por organismos internacionales tales como la Cedaw.

El organismo encargado de dichas estadísticas sería el Indec, de acuerdo a un convenio firmado entre ese organismo y el Ministerio de Desarrollo Social. A fines del año 2012, desde el Indec señalaron que hay distintos organismos que tienen estadísticas de denuncias que reciben, tales como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia o las distintas comisarías de la mujer, señalando que lo que faltaría es "la sistematización en las variables que se recolectan y en los procedimientos". Es de esperar que, al menos en este tema, dichas estadísticas sean confiables y no traten de esconder la realidad.

Vale recordar al respecto lo manifestado por Eduardo Galeano en una charla dada en la provincia de Santa Fe, quien, haciendo referencia a la violencia de género manifestara: "Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los súper machos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo".

A su vez el juez de instrucción en lo penal 2 de Bahía Blanca, Martín Lozada, defensor de los derechos humanos, en declaraciones publicadas en un reportaje del diario Página 12, manifestó que "la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal, de modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas". En otra parte del reportaje manifiesta que las cosas en este terreno funcionan mal porque "se dan una pluralidad de factores. Uno de ellos firmemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía sobre el femenino. Si esos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aún aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu".

La Dra. Eva Giberti considera que la violencia de género se instaló desde "el mito bíblico que culpabiliza la desobediencia femenina por su pretensión de saber -Eva eligió comer el fruto del árbol del conocimiento-. Como resultado debió asumir los dolores de la parición, la maldición añade que quedará adherida al varón por su deseo hacia él y debido a ese deseo él la domina. Queda sancionado el deseo con la sumisión resultante. La sumisión no tuvo en cuenta a las lesbianas. Este modelo corresponde a una mega identidad: hegemonía hacia el pater. El padre varón todo poderoso que desde niño aprende que ése será su lugar en relación a las mujeres". "En la identidad de los varones está implícito el poder sobre las mujeres en tanto la mujer es otro que ha sido puesto en el planeta para servirlo y obedecerlo. Las mujeres suelen quedar atrapadas en esa mega identidad hegemónica, desarrollando la suya de acuerdo con los permisos que lo varones podían aportar. Entonces la primera forma de violencia es estar en el mundo junto con aquellos que adquieren su identidad de niño como miembros de un género que se inventa a sí mismo como superior, de acuerdo a las pautas culturales y educativas consagrado con las distintas formas de la violencia". Identifica a la violencia simbólica, en el pago de menor sueldo a las mujeres por igual trabajo, la servidumbre doméstica, violencia que también se identifica en ámbitos judiciales cuando "algunos jueces en las carátulas de denuncias por violencia familiar todavía escriben lesiones leves, o en el ámbito penal ante una mujer violada insisten a referirse a abuso deshonesto".

Desde el 4 de marzo y hasta el 15 de marzo de 2012, se lleva a cabo el 57º. Período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer, cuyo tema prioritario es la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Este encuentro incluye sesiones plenarias, una mesa de diálogo y reuniones inter activas. La función de esta comisión es la elaboración de políticas dedicadas "exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres", habiendo sido creada en junio de 1946 con la finalidad de preparar informes y recomendaciones sobre la promoción de los derechos de las mujeres en los ámbitos políticos, civiles, sociales y educativos, "formular recomendaciones sobre temas urgentes que requieran atención inmediata en materia de derechos de las mujeres". Está integrada por 13 representantes de África, 11 de Asia, 9 de América Latina y El Caribe, 8 de Europa occidental y 4 de Europa Oriental. La participación de nuestro país vence en el año 2014 y está representado por una delegación oficial y representantes de distintas Ongs.

En su reunión inaugural, hizo un llamamiento a los gobiernos del mundo para que "aborden el drama de la violencia machista con más acción y menos documentos bonitos" en un mundo donde hay más de 600 millones de mujeres que viven en países donde todavía no hay leyes que tipifiquen como delito la violencia de género.

Michel Bachelet ocupa el cargo de directora ejecutiva de la ONU, y exigió ante los representantes del resto de los países que integran la comisión "hacer todo lo necesario para acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres" siendo necesario para ello un fuerte compromiso político, insistiendo que "estamos ante un problema universal que requiere una respuesta global". "Esta pandemia afecta la vida de millones de mujeres, fractura familias y comunidades e impide el desarrollo" recordando que según la Organización Mundial de la Salud y otras investigaciones realizadas, muestran que en promedio el 40% de las mujeres -y hasta el 70% en algunos países- enfrentan violencia a lo largo de su vida.

Señalan en las discusiones que el gran tema de América latina y el Caribe es la impunidad ya que en general menos del 10 % de los casos de femicidio llegan a sentencia en la región y en algunos países "solo el 1% lo hace", según señala la directora de la campaña Unete, afirmando que "tenemos una región latinoamericana y caribeña donde hay violencia extrema, pero también unos estados que no están cumpliendo con sus obligaciones de protección de las mujeres, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas", agregando que esta situación tiene un efecto fuertemente negativo porque da un mensaje a la sociedad de que la violencia contra la mujer no es importante y por eso no se sanciona.

El embajador cubano ante la ONU, Rodolfo Reyes, convocó a promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como elemento clave para el desarrollo económico y social, expresando su profunda preocupación por la violencia contra las "féminas", el tráfico de mujeres y niñas, la feminización de la pobreza, el VIH-Sida y la situación de las migrantes, las campesinas y las indígenas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki -moon describió la violencia contra las mujeres como una bochornosa y silenciosa pandemia global, en la que 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufren golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de su vida, añadiendo que no importa donde vivan, ni su cultura, sociedad, todas las mujeres y niñas tienen el derecho de vivir libres de miedo y a desplegar todo su potencial y sueños de futuro, y los estados tienen la obligación de convertir ese derecho en realidad abogando para que los acuerdos logrados sean traducidos en acciones concretas, respetando los derechos de ese sector de la población mundial y el marco internacional necesario para poner fin a las agresiones que padecen, enfrentando la violencia doméstica y sexual, la trata de mujeres, la prostitución forzosa, la mutilación genital femenina y el matrimonio obligado de niñas.

En una de las declaraciones emitidas, hace referencia a la violencia a través de la tecnología, en especial los riesgos existentes a través de internet tales como la persecución y el acoso, las invasiones a la privacidad con amenaza de chantaje, los videos de violaciones, los videos con escenas de sexo. "Estas formas de violencia ocurren por medio de la tecnología, causan daños psicológicos y emocionales, refuerzan los prejuicios, destruyen las reputaciones, causan pérdidas económicas y plantean obstáculos a la participación en la vida pública. Las denuncias y respuestas a estas violaciones son generalmente limitadas, y el daño y el abuso se comprenden poco".

Por cierto que en otros países del mundo, la situación de las mujeres y las niñas son de una gravedad y violencia extrema que provienen de creencias religiosas y culturales cuya comprensión resulta imposible al igual que su justificación. El que en nuestro país no se haya llegado a esos extremos, no disminuye la gravedad de los hechos que viven cotidianamente muchas compatriotas. El cambio cultural que se requiere nos exige una participación activa en ese terreno, y nos marca la necesidad de exigir a nuestras autoridades que actúen con la rapidez que la gravedad del caso exige. Día a día hay nuevas víctimas, por eso no podemos volver la cabeza y hacernos los distraídos. Y desde lo íntimo y familiar, actuar con la conciencia libre de prejuicios y de enseñanzas retrógradas. La igualdad entre los sexos debe dejar de ser una retórica para transformarse en una realidad concreta. Para logarlo, debemos comprometernos.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.