La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Sr. Ministro del Interior Dr. Aníbal Fernández, por ser de su competencia, garantice el normal desarrollo de la Asamblea Universitaria en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, que debe reunirse a los efectos de elegir el Rector que debe conducir los destinos de la Universidad en el próximo período. Asimismo, informe a este Congreso, en el plazo de 48 hs. cuál es el plan de seguridad que desarrollará a los efectos de que la citada Asamblea pueda cumplir con su cometido en un entorno de absoluta normalidad institucional. Todo en mérito a los fundamentos que integran la presente Resolución y a la gravedad institucional que implica, por acción u omisión impedir el libre ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Señor presidente:

La situación de irregularidad que afecta a la Universidad de Buenos Aires es de una gravedad institucional imposible de tolerar so pena de claudicar con los principios democráticos que deben reinar en nuestro esquema republicano de organización pública.

Sin nuevo rector ni salida a la vista para poder elegirlo, la tercera suspensión consecutiva de la asamblea universitaria dejó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) encerrada en una situación de incertidumbre sin precedentes.

Los asambleístas que intentaron sesionar una vez más para cumplir con el cometido de elegir al nuevo rector de la UBA , no pudieron ingresar al Colegio Nacional de Buenos Aires por cuanto lo encontraron, otra vez, ocupado por grupos estudiantiles altamente intolerantes, y que irónica y paradójicamente reclaman la "democratización de la asamblea".

El rector saliente, Guillermo Jaim Etcheverry, reiteró que ha interpuesto la correspondiente denuncia judicial a los efectos de normalizar la situación.

Dado lo infructuoso que el trámite ha resultado hasta ahora, resulta sorprendente que el Estado no pueda garantizar que un Cuerpo Colegiado no pueda reunirse para dar cumplimiento a un mandato legal. Pero mas sorprende resulta aún, que ninguna autoridad nacional haya actuado de acuerdo a sus responsabilidades para facilitar la frustrada reunión.

Esto se agrava en grado superlativo si existen indicios ciertos de que el propio Poder Ejecutivo Nacional, a través del Sr. Ministro del Interior Dr. Aníbal Fernández, estaría detrás de este evento ilegal, ordenando la no actuación de la Policía Federal Argentina en la normalización y recuperación de la legalidad quebrada.

Cuando las asambleas son vulneradas por minorías organizadas, la autoridad ejecutiva debe actuar de inmediato para remover cualquier obstáculo ilegal, lo contrario significa incumplir los deberes de funcionario público, de igual modo se incurre, negando las seguridades y garantías al retirar la presencia de la fuerza pública. De esta forma se constituye otro delito, al atemorizar a los miembros asambleístas para que tomen una decisión determinada o impedir que sesionen y de esta manera no puedan adoptar determinada resolución.

Sorprende que el Poder Ejecutivo no haya previsto las seguridades correspondientes para que la Asamblea haya podido sesionar, aún cuando muchos medios de prensa daban cuenta de los objetivos que perseguían pequeños grupos de intolerantes y antidemocráticos que pretenden subvertir el orden institucional. El presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, advirtió en los medios de comunicación días pasados que "el lunes (17 de abril) nos reuniremos y lo terminaremos de decidir, pero si Alterini no se hace a un lado en su candidatura, si no se reformula el estatuto de la UBA ni el sistema de elección directa, seguramente el 18 tomaremos lo que haya que tomar", y continuó "Si la asamblea se traslada a otro ámbito, coparemos allí también".

¿Cabe alguna duda de los objetivos ilícitos manifestados y de la grave y sugestiva pasividad del Sr. Ministro del Interior al tolerar que todo lo que se advirtió que iba a suceder luego sucedió?

Este Congreso de la Nación no puede tolerar acciones de esta naturaleza y debe solicitarle al Sr. Ministro del Interior que actúe en forma inmediata garantizando el libre ejercicio democrático en la Universidad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de incurrir en una de las causales para el inicio de juicio político: incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por todo lo expuesto, solicitamos de esta H. Cámara la aprobación de la presente Resolución.