La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su solidaridad con el cineasta y atleta Pablo Javier Politis que fuera víctima de un repudiable intento de secuestro el 8 de marzo de 2013 en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro donde se encontraba por la filmación de una película, y durante su permanencia en el lugar toma conocimiento del caso Solano, decidiendo investigar los hechos que rodearon su desaparición y muerte.

Señor presidente:

Daniel Solano está desaparecido desde noviembre de 2011 y posteriormente encontrado asesinado. Tenía 26 años y pertenecía a la comunidad Guaraní de Cherenta, provincia de Salta.

Como muchos de sus comprovincianos, Solano fue reclutado como trabajador golondrina contratado para participar en la cosecha de la frutícola belga Expofrut, tercerizada por una empresa llamada Agrocosecha Argentina SRl, la que se encargaba del traslado desde las provincias y los alojaba en condiciones miserables en containers o casuchas, abonándoles ínfimas cantidades de dinero por su labor. En el expediente de este hecho figuran 33 policías procesados.

Pablo Javier Politis había viajado a Choele Choel donde colaboraba como sonidista en un film llamado Choele, rodado íntegramente en esa ciudad y dirigido por Juan Sasiaín y con Leonardo Sbaraglia como protagonista.

De acuerdo a lo que informa a los medios, es en esa circunstancia que toma conocimiento del caso Solano y en el acampe que realizaban familiares y amigos de la víctima habla por primera vez con Pablo Solano y el abogado que lleva la causa Dr. Heredia, quien investiga en forma directa los abusos y estafas que sufren los trabajadores de la localidad de Lamarque, ubicada a 14 kilómetros de Choele Choel.

Y hacia allí se dirige el 8 de marzo junto al abogado y al hermano de la víctima, a los lugares de hacinamiento donde son recluidos los trabajadores. Era el día de pago y según cuenta en un reportaje del diario Página 12, planifican que "mientras Solano y Heredia se quedaban en una plaza para atraer a la policía", Poliltis iría hacia el lugar donde estaban los trabajadores, sitio al que describe como "espantoso, 16 personas hacinadas en una caja de 6 metros".

Decide posteriormente dirigirse al lugar de pago al que luego de una serie de tratativas entra con su cámara y comienza a filmar. Había unos 50 trabajadores, cuando es detectado por dos de los dueños de la empresa Trabajo Argentino, llamados Mercado, y Lapena, quienes luego de increparlo lo echan.

En otra parte del reportaje manifiesta que "empecé a tener miedo cuando ví el operativo que estaban armando, ni que fuera Pablo Escobar. Un Peugeot 307 blanco cerró una de las esquinas a mi derecha, a la izquierda la otra esquina, la cerró un patrullero. Ya no podía salir. Había siete policías, cuatro uniformados y tres de civil. Comenzaron las agresiones verbales, Lapenta y Mercado le decían vos sos un pelotudo, te crees que con una camarita te vamos a tener miedo", trata de pedir auxilio al abogado y mientras lo hacía le dan una feroz golpiza. Luego intentan meterlo en una camioneta policial mientras lo siguen golpeando, "no sabían que tenía encendido un micrófono chico en el bolsillo. En ese momento me salvaron los trabajadores" que comenzaron a defenderlo a los gritos lo que posibilitó que pudiera escapar.

Heredia y Solano lo llevan a la iglesia del párroco Cristian Bonin, donde permanece refugiado durante el fin de semana. Mediante Internet difunde estos sucesos, se pone en contacto con el intendente de la ciudad y con la secretaría de derechos humanos.

El abogado Dr. Heredia denuncia el encubrimiento policial, judicial y empresarial de la desaparición y muerte de Solano. Para él es un claro caso de trata de personas cuyos autores ideológicos son los empresarios de Cosecha Argentina SRL, a lo que se suma la estafa de 20 millones de pesos descubierta por Politis.

Para Politis el asesinato de Solano "encierra un entramado de 20 millones de pesos que se deben destinar regularmente a los pueblos aborígenes" pudiendo mediante su investigación descubrir un entramado de corrupción y connivencia político policial para encubrir la trata de personas.

El secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Néstor Busso, y el de Seguridad y Justicia Miguel Bermejo, manifestaron que tomaron inmediatas medidas una vez conocido el hecho, determinando que se custodiara a Politis hasta que abandonara la provincia, agregando que la eventual participación policial en el hecho denunciado judicialmente por la víctima, constaría en una filmación donde aparece personal que estaría custodiando en el lugar debido a que era día de pago y "estaban haciendo adicionales".

Agrega que Daniel Solano no sería la única víctima desaparecida, ya que habría denuncias de dos casos más, "para nosotros hay que acabar con esto que en un principio aparece como una mafia, con complicidad de hombres de la policía, de empresarios que traen trabajadores del norte del país en condiciones infrahumanas, de las empresas contratantes, y quizás también de algunos sectores de la justicia que no investigan denuncias ya realizadas".

Cabe destacar que el cineasta Politis es sumamente conocido no solo en Berazategui, donde reside, sino en amplios sectores deportivos de la provincia, donde se destacó en 2012 ganando la Carrera de Miguel, la que es auspiciada por la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires y que se celebra anualmente en memoria del deportista Miguel Sánchez, desaparecido en la última dictadura cívico militar.

Es de esperar que tanto el caso de Solano como el intento de secuestro de Politis no queden olvidados en la maraña de los despachos de los tribunales de justicia.

Por ello exigimos llegar a fondo en la investigación de estos hechos, para que sus responsables materiales e ideológicos reciban el castigo que merecen.

Y también instamos a las autoridades provinciales y nacionales a investigar estos hechos de trabajo esclavo y trata de personas que sufren los sectores tanto urbanos como campesinos más postergados y de los que son responsables numerosos empresarios a lo largo y ancho de nuestro país.

La existencia de mano de obra esclava en los talleres clandestinos tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires vienen siendo denunciados por numerosas instituciones, entre ellas La Alameda, sin que hasta hoy se temen medidas que tengan la suficiente seriedad y profundidad como la que hechos de esta naturaleza requieren, y, contradictoriamente se alaban a empresarios que son responsables de este delito.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.