La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los efectos de que se informe sobre los siguientes puntos que hacen a los recursos de que dispone la República Argentina:

1.- En virtud de que facultades el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Amado Boudou, comprometió a la República Argentina al pago de la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (U$S 7.525.760.22), mediante la suscripción de SEISCIENTAS VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES DE Capital Ordinario del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO consistentes en QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA acciones de Capital Ordinario pagadero en efectivo y SEISCIENTAS OCHO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de Capital Ordinario exigible.

2.- En virtud de que facultades el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Amado Boudou, comprometió a la Nación al pago de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE (U$S 26.779.415), como contribución al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.

3.- Cuales han sido las razones por las cuales el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Amado Boudou, dio su voto favorable para la aprobación de la Resolución AG- 7/10 mediante la cual la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el "Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos".

4.- Si el Poder Ejecutivo Nacional ha tenido debido conocimiento de las inversiones especulativas realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo llevaran a pérdidas netas operativas de gran magnitud.

5.- Si el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con información disponible sobre las operaciones efectuadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos diez años, que le produjeran pérdidas de magnitud que disminuyeron su capital operativo.

6.- Si no se ha considerado, que antes de votar favorablemente la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo hubiera debido verificarse cuáles fueron las causas que llevaron a importantes pérdidas en el capital de esa institución financiera.

Señor presidente:

Es suficientemente conocido, que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) a través de su funcionamiento de años, fue cambiando muchos de sus objetivos, direccionando préstamos no para el desarrollo de los países latinoamericanos, sino para favorecer los capitales privados, condicionando las políticas económicas de los países prestatarios y siendo parte de de los planes de ajuste estructural, que dañaron gravemente a nuestros países durante años, y que tuvieron su mayor expresión en las décadas del 80 y del 90.

Que si bien los objetivos del BID que se explicitan habitualmente, son contribuir al desarrollo regional, lograr la equidad social y contribuir a la erradicación de la pobreza, la realidad económica de Latinoamérica muestra que esa contribución además de haber sido muy acotada, permitió el fortalecimiento del sistema de endeudamiento de los países latinoamericanos, que determinaron una considerable transferencia de recursos en pago de los servicios de las obligaciones contraídas.

Que aunque en la Argentina no se conocen los contratos que se firman con los organismos multilaterales, ni la función que a veces estos cumplen para garantizar a los capitales privados especulativos, en la República del Ecuador se efectuó una Auditoría de gran parte de la deuda externa pública, pudiéndose acreditar que el BID junto con otros organismos multilaterales distrajo su misión estipulada en su Convenio Constitutivo, promoviendo sistemas de endeudamiento desleales con sus países miembros, asociándose en muchos casos para respaldar el pago de deudas ilegítimas, o contribuir con préstamos para favorecer la reestructuración de deudas que favorecieron a los grandes grupos financieros transnacionales.

En las operaciones del BID se pueden visualizar ciertas características recurrentes como son el renunciamiento a la soberanía nacional, el debilitamiento del Estado, la renuncia a la jurisdicción nacional, la injerencia en los asuntos internos del Estado, los condicionamientos que atentaron contra los intereses de la Nación, limitando el goce de derechos fundamentales del pueblo.

En la investigación que lleva adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 respecto al endeudamiento externo de la Argentina, existen pruebas suficientes que demuestran como el BID, pidió a la comunidad financiera internacional en 1992 la reestructuración de la fraudulenta deuda externa de la dictadura, y violando su Convenio Constitutivo dio préstamos al gobierno Nacional, junto con otros organismos multilaterales, para comprar las garantías que se entregaron a los acreedores privados y a las instituciones financieras que participaran en la operación.

Que evaluaciones independientes realizadas hace no demasiado tiempo determinaron que el 50% de la cartera de la institución estaba respaldada por hipotecas que se desplomaron hace dos años, produciendo ingentes pérdidas en su capital, pudiendo mostrar como ejemplo que solo en el año fiscal 2008, se perdieron 1.000 millones de dólares. La inversión en subprimes fue factor determinante de los quebrantos observados por el Banco.

Que el Senador republicano de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, comunicó al Presidente del BID que las pérdidas contables de la institución eran gravemente preocupantes, lo que llevó a la consultora Oliver Wyman a asegurar que el BID asumió un nivel de riesgo mucho más alto que otros organismos multilaterales.

A pesar de todos los antecedentes públicos de las últimas operaciones del BID, y de sus cuestionables antecedentes en las políticas de endeudamiento, el Poder Ejecutivo pretende capitalizar a dicha institución financiera con la astronómica cifra de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, con más otro aporte para el Fondo de Contribuciones Especiales por VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES respondiendo a la decisión de la Junta de Gobernadores del 21 de julio de 2010, habiendo otorgado su voto favorable el Gobernador del BID por la Argentina, el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Amado Boudou.

Que resulta una incongruencia manifiesta, que el Estado Nacional, que supuestamente quiere fortalecer el UNASUR, y que es miembro constitutivo del Banco del Sur, acceda a destinar esas importantes sumas para capitalizar a un Banco cuyos accionistas son entre otros, Estados Unidos, Alemania, Canadá Francia, Inglaterra China, Suiza, Suecia, España, mientras se demoran inexplicablemente las gestiones para poner en funcionamiento del Banco del Sur, en el cual la Argentina va a aportar MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE DÓLARES en diez años.

En el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la aprobación del aporte de la Argentina al BID, se consigna como un antecedente la Ley 24.628, que aprobó el aumento del aporte de la Argentina en el año 1996, como si ello fuera justificación de este nuevo aporte que debe hacer la Argentina. Pareciera que se olvida, que en esas épocas los organismos multilaterales condicionaban la política económica del país, y apoyaban claramente todo el proceso de desguace del Estado Nacional y las distintas políticas de endeudamiento.

Pero además de ello, el Poder Ejecutivo consigna que el BID planteó entre sus metas el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza, sabiendo perfectamente que esos objetivos en el caso de los países latinoamericanos nunca tuvieron principio de ejecución, limitándose a algunos prestamos para proyectos de desarrollo, que no guardan relación con el enorme capital operativo con el que ha contado y que ahora se pretende aumentar de manera irresponsable, y sin tomar en cuenta otras necesidades prioritarias de financiamiento que tiene nuestro país.

En razón de lo expuesto solicito a mis pares, se sirvan acompañar este Proyecto de Resolución