La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Seguridad o el organismo que corresponda, brinden información sobre los siguientes puntos:

1. Si se ha confeccionado información estadística oficial actualizada en materia criminal acorde a lo previsto en la ley 22117 y su modificatoria ley 25266 para los años 2010, 2011 y 2012.

2. En caso de existir, se brinde información detallada de la misma, discriminando de manera especial la vinculada a adultos mayores, menores de edad y jóvenes, tanto como víctimas o victimarios.

3. Si de la misma se desprende disminución o aumento de la criminalidad en estos segmentos etarios.

4. Se informe en que porcentual la concurrencia de hechos y actos de violencia se encuentran ligados al uso de drogas o substancias prohibidas.

5. Se informe si de los operativos realizados se pueden determinar, regiones del país, o zonas dentro de los ámbitos provinciales con mayor incidencia delictual.

6. Se informe además de lo solicitado en el punto 2, cual ha sido el comportamiento estadístico de aquellos delitos vinculados a casos de violencia de género y trata de personas.

7. Se informe acerca del número y condiciones de establecimientos de rehabilitación de menores, así como de la población total de los mismos y presupuesto efectivo afectado y ejecutado para su funcionamiento y mantenimiento.

8. Se brinde informe acerca del porcentaje de reincidencia y política seguida a fin de lograr la reinserción de los afectados.

9. Se informe acerca de los montos asignados por el ejecutivo a la efectiva protección y resguardo de mujeres afectadas por casos de violencia de género y trata.

Señor presidente:

El conocimiento de las tendencias delictuales, incrementos o disminuciones, así como tipologías y condiciones predisponentes o agravantes es a todas luces una importante herramienta a la hora de planificar, corregir o actualizar la metodología empleada en la lucha contra el delito en todas sus formas, y de manera especial el que afecta tanto a menores de edad, como ancianos y mujeres, segmentos de por sí más vulnerables a tales flagelos.

El Estado Nacional a través de la ley 22.117 y la modificatoria ley 25266 asume la obligación de solicitar a los diferentes organismos competentes la información pertinente en materia criminal generando datos estadísticos ciertos y precisos que nos indiquen con certeza la evolución de la inseguridad en el ámbito del territorio. Asimismo es un deber indelegable consagrado en Nuestra Constitución Nacional, los convenios Internacionales a los que oportunamente se adhiriera e incorporaran a la misma y la legislación pertinente en la que destacamos la Ley 26061 de Protección Integral de Niños y Adolescentes y la reciente promulgada ley 26.842 referida a la trata y explotación de personas, el velar por la mejora en la calidad de vida y la protección de sus derechos como pilares actuales de una sociedad más justa y equitativa, velando no solo para evitar que la inseguridad afecte a los mismos, sino logrando las mejores herramientas para asistir y recuperar a aquellos adultos mayores, niños, jóvenes y mujeres que habiendo sufrido y/o cometido actos delictivos puedan reintegrarse plenamente a la misma.

Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro futuro hoy, garantía de sustentabilidad y continuidad social, nuestros adultos mayores representan la responsabilidad que toda una sociedad tiene con quienes asistieron en su construcción así como el inexcusable compromiso que todos debemos tener en la lucha contra el flagelo de la trata y explotación y el preocupante incremento de la violencia de género que asociadas a la drogadicción atentan entre otras formas delictuales contra pilares básicos de una sociedad organizada y comprometida no solo con las formas sino con los contenidos esenciales de un sociedad justa, democrática e inclusiva.

Por lo expuesto, Señor Presidente, es que solicito a los demás Diputados de la Nación, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.