La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio del Interior y los organismos que correspondan, analicen la posibilidad de reemplazar el nombre de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina denominada "Coronel Ramón Lorenzo Falcón".-

Señor presidente:

La Seguridad Interior es una de las atribuciones indelegables del Estado Nacional. Su término está asociado al diseño, en el marco del respeto de los Derechos Humanos, de medidas, incluido el uso de la fuerza legítima, para garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, es decir la vida digna de todo ciudadano. La Ley Nacional Nº 24.059 de Seguridad Interior en su Art. 2º define a esta competencia como "(...) la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".

La relación existente entre Estado y Seguridad deriva del propio concepto del Estado Moderno. El Estado Moderno desde sus orígenes nos remite a la protección y garantía de aquellos derechos que son inherentes al ser humano, como la libertad y la igualdad. El Estado de derecho se construye sobre la base del reconocimiento de los derechos del hombre, siendo aquel responsable de su organización y protección, y sólo existe legítimamente en la medida que su accionar se oriente hacia los fines propios del bien común.

En este sentido, una de las principales características del Estado Moderno, es el monopolio del uso de la fuerza y la coerción. Debe entenderse que este monopolio se relaciona y adquiere validez e importancia en la generación de las condiciones de seguridad que necesita la sociedad, en un marco de estricto resguardo de los derechos y libertades individuales, siendo la coacción y el uso de la fuerza situaciones excepcionales que se encuentran establecidas y reguladas por ley. Es decir, la seguridad es una construcción social donde el Estado, bajo la legalidad, y la ciudadanía generan las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales que garantizan el adecuado funcionamiento de la sociedad y la convivencia ciudadana.

En este esquema la seguridad es una garantía que entrega el Estado a los miembros de una sociedad, para lo cual debe arbitrar las medidas necesarias para su obtención. El Art. 3º de la mencionada Ley establece el uso de todos los elementos humanos y materiales para garantizar este objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas y el respeto a los derechos humanos. Dichos elementos se sintetizan en un sistema de seguridad que incluye tanto la seguridad física como jurídica de cada ciudadano. Para lo primero, existen los cuerpos de policía, cuya actividad se centra en dos aspectos: uno netamente preventivo y, otro investigativo. A su vez, la seguridad jurídica, supone la existencia de un sistema judicial capaz de procesar, en forma eficiente, las demandas que de ella hace la sociedad como resultado de la ocurrencia de diversos delitos.

Para los efectos de este proyecto los cuerpos de policía, en particular, representan, en mayor o menor medida, la capacidad del Estado de ejercer la coerción legítima con sujeción a la legalidad establecida. En este sentido, una condición sine qua non para que esa capacidad sea reconocida es la creencia de la sociedad en que su uso va a estar enmarcada dentro del marco legal y que su actuación supone una actuación eficiente en beneficio de la sociedad.

Es por lo antes expuesto que consideramos que la denominación "Coronel Ramón Lorenzo Falcón" a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina contradice los fundamentos de la seguridad interior de cualquier país que se base en valores democráticos como lo son la libertad, la pluralidad, el consenso, la igualdad y la justicia. Ramón L. Falcón fue un comisario, que llegó a comandante de la Policía, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta (25.1.1906 // 12.10.1910). Se destacó por el celo represivo con que perseguía a los anarquistas. El 1° de Mayo de 1909, el acto de la Federación Obrera Bonaerense (anarquista) reúne a treinta mil personas. Falcón ordena una represión salvaje que deja doce muertos y más de ochenta heridos. Esa misma noche, los sindicatos anarquistas y socialistas declaran la huelga general. A pesar de la represión, la huelga se extiende por cinco días, con choques diarios con la policía de Sr. Falcón y nuevos obreros muertos, heridos y presos. El quinto día, las autoridades pierden todo el control. Ramón L. Falcón, el denominado "represor del 1° de Mayo" y de la que pasó a la historia como "La Semana Roja de 1909", fue muerto por el militante anarquista Simón Radowitzky el 14 de noviembre de 1.909.

Asimismo, meses atrás, en la Escuela se produjo la internación de una veintena de aspirantes a oficiales de esa fuerza debido a situaciones de castigo, abuso de poder y malos tratos, lo que demuestra que estamos en presencia de una cultura que no se condice con lo mencionado anteriormente y atenta contra el verdadero rol que debe asumir el Estado en la consecución de la seguridad interior.

Como consecuencia de ello, es que consideramos importante destacar que la seguridad interior es un valor público que crece a medida que la sociedad lo reconoce y esto le otorga la legitimidad suficiente para ser respetada. Es por ello que, la persistencia de la denominación de la Escuela de Cadetes como "Coronel Ramón Lorenzo Falcón" socavaría este valor, generando en la sociedad una percepción contraria a lo que esta Honorable Institución desea expresar: confianza, protección, certidumbre, etc.

Se trata de construir una sociedad, una cultura, tal como expresa nuestro Sr. Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, donde todos sus espacios proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Implica no permitir que en ningún punto de nuestro territorio y en ninguna Institución Nacional haya homenajes a personajes que sólo han contribuido con su accionar en debilitar la integridad y los lazos de nuestra comunidad nacional y que no representan ningún ejemplo de vida.

Por los fundamentos dados en el presente, y por ser un asunto de importancia para la consolidación de nuestra Democracia e Instituciones Estatales, es que solicito a los Señores y Señoras Diputados la aprobación del siguiente proyecto de resolución.