La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, Dr. Claudio Bonadío, quien investiga lo sucedido en la lamentable tragedia ocurrida el 22 de febrero del cte. Año, al colisionar la formación 3772 de la línea Sarmiento en la estación Once, disponga la medida cautelar de intervención judicial de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), con el objeto de resguardar los medios de prueba que permitan la dilucidación de lo sucedido y el deslinde de las responsabilidades en el proceso a su cargo.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento por estas horas, debemos soportar con gran angustia la pérdida de cincuenta y uno de nuestros compatriotas y más de siete centenares de lesionados de distintas gravedades en un accidente, si es que puede llamárselo así, debiendo dilucidarse en esferas administrativas y judiciales si la empresa concesionaria y los organismos de control del Poder Ejecutivo han cumplido con sus obligaciones en materia de Prevención e inversión respectivas.

Pasadas las ocho de la mañana del día 22 de febrero, en plena hora pico, una formación de la ex línea Sarmiento, procedente de la localidad de Moreno, no logró frenar a tiempo por un aparente desperfecto técnico e impactó contra el parachoques de la estación Terminal de Once.

El número de victimas de este trágico impacto aún se desconoce con exactitud, ya que los servicios de emergencia y salud siguen trabajando en la zona y en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello los números que se informaron hasta el momento son ya realmente desconsoladores: cincuenta y un muertos y más de setecientos heridos.

El peor accidente ferroviario de la Capital Federal y uno de los más trágicos de la historia del país. Ante tan descomunal fatalidad es menester desentrañar algunas cuestiones fundamentales con el fin de clarificar si se podría haber evitado.

En primer lugar, este suceso ocurre en el marco de una serie accidentes ferroviarios en esta y otras líneas que denotan la creciente pauperización del servicio producto de la falta de inversiones en formaciones e infraestructura. Sin ir muy lejos en el tiempo, esta misma línea sufre un gravísimo accidente con saldo de 11 muertos y 228 heridos hace solo cinco meses cuando una formación impacta con un colectivo de la línea noventa y dos a la altura de la estación de Flores.

Pese a que la negligencia del conductor tiene gran parte de responsabilidad en este incidente, cabe señalar que el mismo podría haberse evitado con la presencia de un guardabarrera en un paso a nivel con tanta afluencia como el mencionado. Asimismo, los choferes y automovilistas denunciaron en reiteradas oportunidades que en ese como en otros pasos a nivel de la línea Sarmiento es común que las barreras no funcionen o lo hagan incorrectamente, forzando a los conductores a realizar maniobras peligrosas para sobrepasar los mismos.

Señor Presidente, otro indicador de la gran falta de inversión es el estado en que se encuentran las formaciones y las estaciones. Aunque el servicio es utilizado día a día por millones de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que pagan una tarifa por él, este es realmente pésimo. Se viaja hacinado, el servicio sufre demoras importantes e interrupciones regularmente, las formaciones se encuentran sucias y deterioradas, ventanas con vidrios rotos, aires acondicionados que no funcionan en formaciones con ventanas selladas, puertas que no cierran mientras estas circulan, entre otras complicaciones.

Esta situación ha sido denunciada por usuarios y trabajadores del sector en reiteradas oportunidades y hasta fue llevada a la justicia: La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) fue condenada en aquella oportunidad por someter "a los pasajeros del ferrocarril Sarmiento a un trato "peyorativo" y "discriminatorio".

En segundo lugar, la falta de control por parte de los organismos pertinentes, con la CNRT a la cabeza, ha llegado a niveles críticos por demás intolerables. Si la empresa concesionaria no cumple con los requisitos mínimos de prestación del servicio así como de seguridad y no realiza las inversiones necesarias, quien debería y debe velar por los intereses de la Nación y sus ciudadanos y el obligado a hacer cumplir la ley y los contratos de concesión firmados es el Poder Ejecutivo a través de sus órganos de contralor.

Los peritos ingenieros terminarán recién para cerca de fin de marzo el primer informe en el que se determinará que sucedió aquella mañana del 22 de febrero pasado con el tren 3772 que no frenó en la estación Once. El peritaje intentará establecer qué cosas hizo el maquinista para frenar el tren y si respondieron los mecanismos que debían estar en perfectas condiciones para funcionar. Si se determinara que el material rodante no debía estar circulando, se deberá definir cuáles son las responsabilidades políticas por falta de control. El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, y el interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro -a quienes el juez les prohibió la salida del país - aparecen en la primera línea de los funcionarios bajo investigación. Ejecutivos del Grupo Cirigliano -controlante de TBA- también tienen prohibido salir del país sin autorización del país.

En tanto se espera el resultado del peritaje, el juez Dr. Bonadio estableció el secreto para evitar que se difundan resultados parciales del peritaje, algo que sucedió luego de la primera prueba de frenos realizada. El juez sospecha que la empresa TBA hizo difundir aquel resultado no definitivo del estudio porque la favorecía y, además de ordenar el secreto sobre el peritaje realizó un allanamiento en el área de relaciones públicas de TBA para intentar corroborar su hipótesis. Además ordenó un peritaje contable para saber qué hizo TBA con los millones en subsidios que recibió desde 2007 en adelante.

El Gobierno dispuso la intervención "administrativa, técnica y operativa" de los servicios de las líneas General Mitre y Sarmiento de la empresa TBA, por un plazo de 15 días, a raíz de "circunstancias graves", por medio de la Resolución 199/2012 del Ministerio de Planificación Federal, para "actuar de forma inmediata" y aclaró que se trata de "una medida cautelar provisoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se sustancie el proceso penal". Esta medida fue prorrogada por otros 15 días, por Res. 568 , publicada el 20 de marzo del cte. año.

El interventor administrativo, técnico y operativo del contrato de concesión designado es Raúl Baridó, integrante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, se dispuso que los intendentes de la zona oeste del Conurbano, el territorio que atraviesa la Línea Sarmiento, brinden asistencia.

Es necesario destacar, Señor Presidente, que en el proceso judicial a cargo del juez Bonadío se investigan distintas hipótesis, entre las cuales la responsabilidad del Estado de llevar adelante los controles que el ordenamiento jurídico impone están siendo justamente objeto de la pesquisa. Por este motivo, y al ser el estado una de las partes necesariamente involucradas, es que se propone que sería adecuado para llegar a la verdad, que el magistrado disponga la medida cautelar solicitada.

Esto asegura la imprescindible imparcialidad requerida para asegurar los medios de prueba, como así también el funcionamiento de la empresa para el desarrollo del servicio de transporte de la misma.

La decisión del Estado de intervenir la empresa tiene por objeto lo mencionado más arriba, lo que se pretende con esta iniciativa es resguardar los elementos probatorios para la consecución del expediente e impedir el posible entorpecimiento de las investigaciones.

Por estos motivos, los que expondremos en oportunidad del debate es que solicitamos el tratamiento y aprobación del presente proyecto de Declaración.