La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la utilización artera de la publicidad oficial y a la particular manera en que el Ejecutivo Nacional dio cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordena restituir la pauta oficial a la Editorial Perfil .

Señor presidente:

Como es de dominio público el 2 de marzo del corriente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo trascendental en la causa "Editorial Perfil S.A. y otro c/ E.N. - Jefatura de Gabinete de Ministros - SMC s/ amparo ley 16.986".

Con esa resolución la Corte pone fin a un largo litigio iniciado por la Editorial Perfil contra el Estado Nacional a fin de lograr que se incluyeran sus publicaciones dentro de la distribución de la Pauta Oficial, dándole la razón al medio querellante y reconociendo la discriminación sufrida por parte del Gobierno Nacional.

Este fallo fue celebrado por todos aquellos que defendemos la libertad de expresión en nuestro país, ya que constituye junto con el antecedente fijado en la causa "Editorial Rio Negro S.A.", un claro pronunciamiento del más alto tribunal de la Nación en el sentido de garantizar que los fondos públicos destinados a la publicidad oficial no sean utilizados como una herramienta de coerción contra los medios por parte del Estado.

Desafortunadamente el Gobierno no comparte esta visión, y ante la imposibilidad de continuar dilatando por la vía legal el cumplimiento de sus obligaciones, opta por dar cumplimiento formal al fallo de la Corte, pero utilizando nuevamente la publicidad oficial como una herramienta de venganza e intentando desacreditar al medio demandante.

Para ello el día 2 de abril del corriente Presidencia de la Nación envío a la Editorial Perfil una anuncio, que lleva su firma y la del Ministerio de Trabajo, en la cual luego de una autoalabanza de la política oficial sobre la lucha contra el trabajo esclavo, acusa a la Editorial de premiar a empresas denunciadas por trata de personas y esclavitud laboral.

No vamos a cometer el error de discutir sobre la veracidad o no de las denuncias, ni sobre como debe una publicación, en este caso la Revista Fortuna, evaluar a quien otorga una distinción, en este caso la empresa acusada por la AFIP. No son esas las cuestiones centrales. Si deseamos recordarle al Gobierno Nacional que combatir el trabajo esclavo es una obligación de esta y de cualquier otra gestión, no existe necesidad de publicar que se está haciendo lo que es obligación hacer. Publicar este aviso implica que el Gobierno entiende que el cumplimiento de la ley es una virtud y no una obligación, punto de vista con el que disentimos absolutamente.

Volviendo a la cuestión, resulta evidente para cualquier lector que lo que se busca con esta publicidad no es cumplir con lo impuesto por la Justicia, sino tomar venganza del denunciante y al mismo tiempo enviar un mensaje al sistema Judicial sobre la inutilidad de sus decisiones.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder ciudadano han manifestado en diversas oportunidades que la pauta oficial en la Argentina se utiliza como herramienta de censura previa. El fallo de la Corte tiende justamente a remediar esa conducta censora y discriminatoria por parte del Estado Nacional.

En este Congreso venimos denunciando que la publicidad oficial se desvirtúa absolutamente cuando, como sucede desde que gobierna la Dra. Fernández de Kirchner, se utiliza para agredir, injuriar o atacar a sus adversarios políticos.

Basta con recordar las publicidades emitidas durante el programa "Fútbol para Todos", en la cual se identificaba a dos jueces que habían emitido un fallo adverso al Gobierno, o la campaña contra la empresa Fibertel cuando el Gobierno emitió una resolución disponiendo la caducidad de su licencia.

Esta es una actitud inaceptable sobre el manejo de la publicidad oficial, la cual debe ser un instrumento de la difusión de los actos de gobierno y/o de la transmisión de información de interés público.

Muy por el contrario en la Argentina la pauta oficial se utiliza, como hemos visto anteriormente, para agredir a los adversarios o para autoelogiar, ensalzar o mistificar la figura política del líder del partido que gobierna como sucediera en el caso del Spot "Nunca menos", emitido también durante las transmisiones del "Futbol para todos", con un costo aproximado de 3 millones de pesos por fecha.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.