La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la denuncia que el señor Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, radicó en el Consejo de la Magistratura, contra el señor Juez en lo Penal Tributario Dr. Javier López Biscayard, quien investiga las presuntas "coimas" que habría pagado la empresa SKANSA S.A para intervenir en la ampliación del Gasoducto Norte y Sur. La mera denuncia constituye un acto de amenaza al magistrado y en su persona al poder judicial.-

Señor presidente:

La actitud oficial asumida por el señor Ministro del Interior, Aníbal Fernández, en contra del juez Javier López Biscayart, no hace bien a nadie y solo contribuye al descrédito general. La democracia funciona bien cuando los actores son democráticos.

El Poder judicial, es el encargado de la administración de justicia y las causales de remoción de los jueces, son de acuerdo con el Art. 53 de la Constitución Nacional: "El mal desempeño en las funciones", la comisión de delito en el ejercicio de las mismas", y la comisión de crímenes comunes". Los jueces no pueden ser presionados por otras autoridades ni removidos por no acompañar la ideología, muchas veces, alocada, mesiánica o extremista, del gobernantes de turno.

No cabe duda que la independencia de los poderes es una poderosa regla que vigila la distorsión del sistema cuando asoman gestos autocráticos.

Nadie que crea en la democracia puede alegrarse de un discurso oficial que auspicia el desconocimiento de las instituciones, las normas y los procedimientos. Por otra parte, no se trata del primer caso donde al oficialismo le molesta que existan magistrados desobedientes.

Habría que recordarle al gobierno central que la división de poderes es el mejor método para proteger la libertad de los individuos e impedir la tiranía.

En principio, las ansias absolutistas van dirigidas hacia el control del Parlamento y seguidamente procuran socavar a los jueces de la Nación.

La vulnerabilidad de la democracia se advierte palmariamente cuando uno de los poderes republicanos tiende una trampa a otro de los poderes de la democracia para intentar quedarse con la totalidad del poder.

Aunque suene a sencillo es bueno tener presente que la función del Poder Ejecutivo, es distribuir el trabajo para lograr una administración más eficiente y no perseguir a los jueces facultados para investigar posibles hechos de corrupción, que suceden precisamente dentro del poder administrador.

Alexander Hamilton, uno de los autores de la Constitución de Estados Unidos, sentenció:

"No hay libertad, si el poder de la justicia no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. La libertad no tendrá nada que temer de la judicatura sola, pero sí tendrá todo que temer de la unión de ésta con cualquier de los otros departamentos. El imperio de la ley requiere de gobernantes idóneos y órganos que estén caracterizados por su independencia y tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter atados al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".