La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su mas enérgico repudio a las amenazas realizadas a la testigo, Sra. Sandra Montero, en la causa donde se investiga el pago de sobornos en el Senado de la Nación para la aprobación de la ley de flexibilización laboral -ley 25.250-, denominada popularmente como la ley "Banelco".

Señor presidente:

Sandra Montero es uno de los testigos mas importantes de la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado de la Nación para aprobar la ley de flexibilización laboral.

Todos recordamos este caso de corrupción, el único caso de corrupción en donde existen pruebas fidedignas y confiables que comprueban el pago de 5 millones de pesos a Senadores de distintos partidos políticos durante el gobierno del presidente Fernando De la Rua para la sanción de una ley expoliadora de los derechos de los trabajadores.

El día 3 de abril en el diario Pagina/12 publiqué un artículo titulado "Reforma laboral o plan canje" . Posteriormente, añado, he sido protagonista en el devenir que tuvo la sanción de dicha norma, tanto en la calle, donde trabajadores de la CGT disidente presidida por el Compañero Hugo Moyano, fueron víctimas de una salvaje represión el l9 de abril del 2000 y en la que fue herido de bala el compañero Julio Piumato. Luego también en una reunión con los Senadores del bloque oficialista de entonces, sucedida el 26 de abril del 2000.-minutos antes de la sanción de la ley.

Tanto fue así, que soy el autor del libro "Crónica de una ley negociada" en cuya contratapa sostengo que a mediados de dicho año existían presunciones graves precisas y concordantes de la existencia del soborno. .

Estas circunstancias las relato con el fin de que este Proyecto de Resolución sea comprendido por mis compañeros diputados en toda su real dimensión

Montero se presentó hoy ante el fiscal Federico Delgado, quien lleva adelante la investigación por el pago de sobornos en el Senado, para denunciar las intimidaciones telefónicas que -según dijo- recibe en su domicilio. La testigo indicó además que recibe las amenazas "desde noviembre de 2006" y aclaró que fuera del país no tiene "más ayuda económica ni custodia física".

Ante la dramática crisis institucional desencadenada con motivo de la "negociación" de la ley 25.250 y su correlato en la justicia se hace necesario pronunciarnos claramente a favor de la resolución de esta causa, repudiando todo intento de soslayar el avance de las investigaciones y el aporte que pudieran hacer testigos claves del proceso.

Por los motivos expuestos es que solicito el tratamiento de la presente iniciativa.