La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la señalización de la planta de Ford Argentina como lugar donde se secuestró a trabajadores, acto que se realizó el día 20 de Marzo de 2012, y que fue promovido por el cuerpo de delegados secuestrados e implementado por el Archivo Nacional de la Memoria, con el apoyo del Gobierno Municipal de Tigre.

Señor presidente:

El Terrorismo de Estado pretendió la aniquilación del "enemigo" y la "normalización" de la ciudadanía movilizada, pero ello no como un fin en sí mismo sino como forma de reposicionar las fuerzas de poder económico del país que habían sido amenazadas y desplazadas a partir de las luchas sociales y los proyectos de país que se vislumbraban.

En algunos casos, esas fuerzas de poder económico no sólo se valieron del instrumento del Terrorismo de Estado, sino que actuaron como un engranaje más del mismo.

Existen actualmente investigaciones ante la Justicia Federal de la Ciudad de San Martín acerca de ese tipo de participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que involucran a Directivos de la empresa automotriz FORD MOTOR ARGENTINA, hechos en los que resultaron víctimas de tortura y desaparición forzada delegados gremiales de esa empresa. En esta causa relativa a la empresa Ford Motor Argentina la Fiscalía ha presentado un pedido de arresto y declaración indagatoria de cuatro Directivos que actuaron en la empresa en 1976: el Presidente, el Gerente General de la Planta de Pacheco, el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de Seguridad. Ese pedido deberá ser resuelto por el Titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde hace ya tiempo que el Estado tiene el deber de: "...organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos." (Sentencia 29/7/89 en el caso Velásquez Rodríguez, párrafo 166)

A través de este acto de señalización de un lugar que se utilizó para la violación sistemática de derechos humanos, el Estado está cumpliendo con las obligaciones internacionales de prevenir violaciones, y de asegurar la memoria y la verdad de lo ocurrido.

Esta medida, que debe constituir política de Estado, se entronca con la necesidad de dar un paso más en la determinación de las responsabilidades que le cupieron a distintos sectores de la sociedad por los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado. Entre esos sectores se encuentran numerosas empresas.

Desde el juicio a las Juntas Militares, y a pesar de serios retrocesos, mucho se ha avanzado respecto de las responsabilidades de agentes militares. Sin embargo, cumplidos ya treinta años del golpe militar, no ha existido ninguna instancia en la que se haya establecido la responsabilidad de sectores económicos. Existe claramente una deuda histórica en este sentido.

Por otro lado en el caso de FORD MOTOR ARGENTINA tampoco ha existido acto alguno de reconocimiento, de arrepentimiento, o de acercamiento con las víctimas por parte de la empresa, un acto que demostraría a las claras la ética empresaria que debería regir en los negocios.

Más allá de lo que en ejercicio de sus potestades constitucionales el Poder Judicial resuelva, se hace necesario que todos los órganos del Estado actúen de acuerdo a sus funciones en el repudio a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Por eso, Señor Presidente, es bienvenida esta acción del Gobierno Nacional, acompañada por el Gobierno Municipal, y fundamentalmente por las víctimas de los hechos.