La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de pronto cumplimiento a lo establecido por la ley 25.471, mediante la cual se reconoce una indemnización económica a favor de ex agentes de YPF por su inclusión en el Programa de Propiedad Participada de la mencionada empresa, solicitándole específicamente que se abstenga de realizar exigencias que la propia ley no efectúa y dé la mayor celeridad en la tramitación de los expedientes pendientes aún de pago.

Señor presidente:

La Ley 23.696, promulgada en el mes de Agosto de 1989 y conocida como de Reforma del Estado dio inicio al proceso de privatizaciones y concesiones de las empresas públicas en nuestro país; la misma norma estableció la creación del Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual los empleados de cada una de ellas tendrían el 10% de las acciones de la empresa de que se trate.

En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales la ley que finalmente estableció su venta fue la Ley 24.145 que data del mes de Octubre de 1992 y cuyo Programa de Propiedad Participada (PPP) fue instrumentado para los agentes que permanecían en la empresa al mes de Junio de 1993, con lo cual algo menos de 5.000 agentes solamente fueron beneficiarios por el mencionado programa, cobrando por la venta de sus acciones un promedio de $ 80.000 durante la vigencia de la convertibilidad ($ 1 igual a U$S 1).

Posteriormente y dado que la transformación de la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima se produjo con anterioridad, la Ley 25.471 del año 2002 retrotrajo dicha fecha al 1º de Enero de 1991 con lo cual se incluyó en el PPP de YPF a alrededor de 30.000 agentes más que injustamente habían sido excluidos por la normativa del Ministerio de Economía de la Nación.

El Decreto 1077 de Mayo de 2003 fijo el valor promedio de la indemnización en $ 23.728 y para mediados del año 2007 existían 23.165 expedientes para el cobro, los cuales no fueron liquidados en su totalidad ya que cobraron su indemnización sólo 14.535 ex agentes. Los restantes expedientes pendientes de pago hoy se encuentran paralizados en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Una mención aparte merece el Decreto 821/04 el cual obliga a los beneficiarios a desistir de de toda acción administrativa o judicial relacionada con el PPP de YPF S.A., exigencia que resulta insalvable para que se concrete el pago de la indemnización, lo cual implica una negación del derecho reconocido por la ley 25.471.

Por los motivos expuestos, solicito a las señoras y señores Diputados la aprobación del presente proyecto.-