La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su satisfacción y apoyo al acto de reconocimiento del Estado Uruguayo de la responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman ocurrida en el año 1976.

Señor presidente:

El Sr. Presidente de la República hermana del Uruguay, D. José Mugica, ha llevado adelante un acto político ante la Asamblea General del Parlamento de enorme significado para la lucha por los derechos humanos, y para la ratificación de la vigencia democrática en nuestra región latinoamericana.

Con la presencia de los tres poderes del Estado, representantes de la oposición, autoridades militares, organizaciones sociales, el poeta Juan Gleman y su nieta Macarena, más otras víctimas del Terrorismo de Estado, el Presidente Mugica reconoció que las instituciones del Estado Uruguayo fueron las responsables por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, pero también reconoció que el Estado Uruguayo se convirtió en un Estado Terrorista y cometió violaciones masivas y sistemáticas, incluso en alianza con otros Estados a través del "Plan Condor".

Este acto político de reconocimiento de responsabilidades tuvo lugar con motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había tratado el caso de María Claudia. Uruguay ya había avanzado en este sentido al derogar en Octubre pasado, a través de sus representantes, la "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", que constituía un elemento de impunidad normativa.

Este tipo de reconocimientos de responsabilidad, junto con la posibilidad de someter a juicio a los autores de violaciones a derechos humanos, constituyen elementos cruciales para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de memoria, verdad y justicia.

El caso de Uruguay viene a sumarse al de otros países latinoamericanos como la Argentina, Brasil, Chile y otros que han comprendido que la revisión del pasado en materia de derechos humanos, es absolutamente necesaria para que nunca más existan golpes de estado y gobiernos militares, y en el mismo sentido, para la construcción permanente de las instituciones democráticas.

El cumplimiento por parte de Uruguay de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene también a ratificar y consolidar la vigencia del sistema interamericano de derechos humanos, que para la Argentina ha sido tan útil, desde aquella visita in loco que realizó la CIDH en el año 1979, hasta la derogación de la figura penal del desacato.

Todavía quedan muchas acciones por implementar en nuestra región del cono sur en materia de memoria, verdad y justicia en relación al período en el cual las dictaduras militares violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero la decisión del Gobierno del Uruguay se suma a la tendencia en la región, algo que sin dudas esta Honorable Cámara debe reconocer y apoyar.