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PROYECTO DE TP
Expediente 1563-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS ASEVERACIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO PUBLICADO EN EL DIARIO "LA NACION" EL DIA 1 DE ABRIL DE 2013, TITULADO "LOS PLANES SOCIALES, DE LA POLITICA A LOS NEGOCIOS", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 04/04/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 21
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe lo si-
guiente:
1. Si resultan ciertas las asevera-
ciones contenidas en el artículo publicado en el Diario La Nación el día 01 de
Abril de 2013, titulado "Los planes sociales, de la política a los negocios".
2. En particular, si es cierto que el
Ministerio de Desarrollo Social utiliza la contratación de cooperativas como una
manera de eludir las restricciones a los montos fijados por las reglamentacio-
nes contables del sector público.
3. Cuál es la razón de política so-
cial por la que la llamada cooperativa "Malar" recibió la suma de 9,6 millones de
pesos entre 2012 y lo que va del año 2013.
4. Si es cierto, y en tal caso cuál es
la razón por la cual Cooperativas pertenecientes a organizaciones sociales que
no participan del ideario político del Gobierno no han recibido recursos tal como
aquellas que si participan del mismo.
5. Si el Ministerio no considera que
resulta manifiestamente inmoral e ilegal utilizar fondos de programas sociales
para actividades político partidaria y, más aún, para discriminar a poblaciones
carenciadas que necesitarían de tales ayudas.
6. Si en este y los demás casos
citados en el artículo de referencia, se ha efectuado un diagnóstico y evalua-
ción de la situación específica de pobreza de los miembros de las cooperativas
que han recibido éstas sumas de dinero, y de las razones por las que se ha
beneficiado a éstas y no a otras cooperativas similares.
7. Porque si el Gobierno afirma re-
iteradamente que ha habido una reducción sustancial de la pobreza, en el año
2012 la cantidad de cooperativas inscriptas -y beneficiadas por este régimen
liberal de utilización de los fondos públicos- aumentó un 239 por ciento.
8. Si el Ministerio de Desarrollo So-
cial ha efectuado una auditoría sistemática del cumplimiento de los contratos
de éstas cooperativas; donde pueden consultarse dichas auditorías, y en caso
de incumplimiento, qué medidas se han tomado para corregir y eventualmente
denunciar los desvíos detectados.
9. Si el PEN ha intentado corregir
los temas denunciados por el Diario La Nación en su edición del día 10 de Mar-
zo de 2013, donde se hacía referencia al crecimiento explosivo de cooperati-
vas, sospechosamente asociadas a dirigentes políticos kirchneristas y dónde
se mencionaban desvíos de dinero e incumplimiento flagrante de controles
elementales en diversos municipios del conurbano.
10. Si el Poder Ejecutivo Na-
cional no considera que ante la sola posibilidad de que se estén usando recur-
sos sociales por la astronómica suma de 5.000 millones de pesos anuales con
fines de política partidaria, ha llegado el momento de instalar un sistema de
Evaluación Obligatoria de Impacto de Programas Sociales, tal como fuese pro-
puesto por los Diputados Eduardo Amadeo y Gabriela Michetti, de modo de
mejorar la eficiencia y transparencia de estos programas, en beneficio de quie-
nes realmente los necesitan.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más debemos volver a re-
ferirnos a un tema que agrede los más elementales principios éticos del funcio-
namiento del Gobierno: la posible utilización clientelistica de los recursos socia-
les.
En este caso, se trata de uno de los
mayores programas sociales focalizados con los que cuenta el Ministerio de
Desarrollo Social: el llamado "Argentina Trabaja", que dispone de la enorme
suma de 5.000 millones de pesos por año.
Según ha denunciado el Diario La
Nación, y tal como venía siendo planteado desde hace tiempo por dirigentes
sociales que no participan del ideario político oficialista, dicho programa asigna
recursos infinitos a través de un método que permite evitar los controles a los
que deben someterse las contrataciones públicas: la utilización de Cooperati-
vas de trabajo, cuyo número ha explotado en los últimos años.
Contradiciendo las afirmaciones
realizadas por el Gobierno acerca de la reducción sustancial de la pobreza, la
cantidad de tales cooperativas ha aumentado un 239% en 2012 con respecto a
2011, lo que sólo puede explicarse por razones políticas: porque el Gobierno
ha encontrado en esta figura legal la manera de distribuir dinero a sus adeptos
sin control alguno.
Al igual que en todas las acciones
sociales del Gobierno, no se conoce cuál es el diagnóstico previo que justifica
tales inversiones, cuál es el impacto que han tenido en el bienestar de los be-
neficiarios, si la asignación se corresponde con los datos de pobreza por pro-
vincias y grupos humanos; si se ha cumplido con lo previsto en los contratos de
asignación.
Hace años que la Ministra de Desa-
rrollo Social no concurre al Congreso a dar cuenta de sus actos, a explicar los
cómos y los porqués de sus acciones, a decir a los representantes del Pueblo
cuáles son los principios que guían un trabajo tan importante.
Cualquier objeción es contestada
con cifras que muestran aumentos en los montos invertidos, sin que se pueda
saber con qué criterios técnicos se invierten. A esta altura de su gestión, po-
demos afirmar sin duda que la seriedad profesional ha desaparecido del Minis-
terio de Desarrollo Social, al tiempo que la impunidad que otorga la mayoría
circunstancial en el Congreso, permite actuar con total desparpajo e ignorancia
por lo que manda la Ley y lo que debería indicar una ética elemental.
El SIEMPRO -Sistema de Informa-
ción, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales- cuyo objetivo era preci-
samente realizar auditorías periódicas de la inversión social, ha sido destruido.
La mayoría oficialista ha cajoneado y luego archivado el Proyecto de Ley que
redactamos con la Diputada Gabriela Michetti por el cual se instalaba la eva-
luación obligatoria de impacto de los programas sociales, con el propósito de
hacer transparente el efecto de la inversión social y evitar tropelías como las
que aquí denunciamos.
No nos cabe duda que más tempra-
no que tarde la Justicia ha de intervenir en este escandaloso tema, exigiendo a
los responsables actuales del Ministerio de Desarrollo Social la rendición de
cuentas por sus actos.
Pero es necesario que la sociedad
sepa que está sucediendo actualmente y por eso pedimos al Poder Ejecutivo
Nacional que responda este pedido de informes, y que la Ministra del área so-
cial concurra al Congreso a despejar estas graves dudas.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| AMADEO, EDUARDO PABLO | BUENOS AIRES | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |