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Expediente 1541-D-2010
Sumario: LEY DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
Fecha: 29/03/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 23
El Senado y Cámara de Diputados...
LEY DE TRANSPARENCIA,
GOBIERNO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPITULO I - PROPÓSITO,
DEFINICIONES, ALCANCE Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 1º.- Propósito. La
presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información
pública, asegurar la transparencia de la actividad de los órganos públicos, y
fomentar el gobierno abierto a través de la participación y colaboración de la
sociedad civil en la elaboración, definición, implementación y control de las
políticas y las decisiones de carácter público.
Son propósitos de esta Ley:
a) Regular el derecho de acceso a la
información pública, estableciendo los procedimientos para su ejercicio, protección
y operatividad;
b) Asegurar estándares mínimos de
transparencia en materia de datos;
c) Precisar los procedimientos para la
participación y colaboración de la sociedad civil en los procesos de toma de
decisiones y fijación de políticas públicas;
d) Estimular la reutilización y creación
de valor a partir de la información pública;
ARTÍCULO 2º.- Definiciones. El
derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad y libertad
para buscar, descubrir, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y
redistribuir información bajo custodia de órganos públicos estatales o no estatales,
con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente Ley. Se
presume pública toda información que generen, obtengan, adquieran, transformen,
financien o conserven los organismos alcanzados por esta Ley.
Se entiende por información todo dato
o conocimiento que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones,
soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, incluyendo bases de datos,
mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley,
proyectos de decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, partes,
expedientes, informes, notas, memos, correspondencia, actas, circulares,
contratos, convenios, estadísticas, instructivos, dictámenes, boletines o cualquier
otra información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que documente el
ejercicio de las facultades, deberes y decisiones de los sujetos obligados.
ARTÍCULO 3º.- Alcance. Toda
persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, descubrir,
solicitar, acceder, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información, sin
necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés legítimo especial, que obre en
poder de cualquier órgano o entidad perteneciente al Estado Nacional o entidad
pública no estatal, incluyendo las empresas y sociedades del Estado o con alguna
participación estatal, y los fondos fiduciarios constituidos con una finalidad pública.
Las disposiciones de la presente ley
serán aplicables a las personas privadas a las que se hayan otorgado subsidios o
aportes provenientes de una entidad encuadrada en el párrafo anterior, así como a
aquellas que posean fondos cuya administración, guarda o conservación esté a
cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, y a las
empresas privadas que ejecuten un contrato administrativo, un permiso o sean
titulares de una relación de fomento, excepto aquello que sea de interés privado,
lo cual será interpretado restrictivamente.
ARTÍCULO 4º.- Principios. Toda
información pública deberá estar disponible:
a) Para su búsqueda, descubrimiento,
acceso y descarga a través de Internet, en una dirección permanente, y sin
posibilidad de discriminación alguna ni necesidad de registración;
b) En forma completa, con el mayor
nivel de apertura y desagregación compatible disponible;
c) En forma oportuna, publicada y
actualizada en tiempos compatibles con la preservación de su valor;
d) En formatos electrónicos abiertos,
no-propietarios, y que faciliten su procesamiento por medios automáticos;
e) En forma gratuita, bajo licencias que
en modo alguno restrinjan su reutilización o redistribución por parte de
terceros;
Si por algún motivo fuera imposible
cumplir con lo arriba expuesto, bien sea por razones de índole técnica o por
corresponder alguna de las limitaciones y excepciones contempladas en esta ley,
los organismos públicos estarán obligados a informar la existencia del recurso y
dejar expresamente asentadas las razones para su no publicación.
Cualquier modificación a los esquemas
de publicación que afecte potencialmente el acceso o la utilización de la misma
por parte de los usuarios, incluyendo la frecuencia, formato, licencia de
distribución u otras cuestiones de índole técnica o metodológica, deberá ser
expresamente justificada y comunicada a los usuarios con una antelación no
menor a los 30 días.
CAPITULO II - AUTORIDADES DE
APLICACIÓN
ARTÍCULO 5º.- Creación de la
Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia
Nacional de Acceso a la Información Pública (en adelante, la AGENCIA) como
organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, dotado con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. Dicha AGENCIA
se constituirá como la Autoridad de Aplicación de la presente Ley en ámbito del
Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 6º.- Funciones. Serán
funciones de la AGENCIA:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la
implementación de las disposiciones de esta Ley;
b) Elaborar el Reglamento de Acceso a
la Información Pública aplicable a todas las entidades alcanzadas por esta ley,
excepto la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales
federales, y el Ministerio Público de la Nación, bajo las pautas enunciadas en esta
ley;
c) Receptar y resolver en forma
fundada los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean
formulados de conformidad con esta ley;
d) Dictar normas reglamentarias e
interpretativas de esta ley, e instrucciones para su aplicación, requiriendo si fuere
necesario que ajusten sus procedimientos para un adecuado cumplimiento de las
normas;
e) Formular recomendaciones
tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la
información que posean.
f) Acreditar la implementación de
mejores prácticas y el cumplimiento de estándares de calidad en el área y ámbito
de su competencia;
g) Proponer al Poder Ejecutivo
Nacional la adecuación de leyes, normas, u otros instrumentos legales necesarios
para asegurar la transparencia y el acceso a la información;
h) Realizar actividades de capacitación
de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la
información;
i) Realizar actividades de difusión e
información al público, incluyendo la producción de material educativo y de
divulgación general orientado a promover el derecho de acceso a la información
en las escuelas, colegios e instituciones de educación superior.
j) Recolectar estadísticas y elaborar
reportes sobre transparencia y acceso a la información;
k) Celebrar convenios de cooperación
con órganos públicos y personas privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito
de su competencia;
l) Dictar y ejecutar actos y celebrar
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
m) Solicitar la cooperación de la Oficina
Nacional de Tecnolgías de Información, el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, o de los organismos a que sean dados las competencias de aquellos, o
de otras entidades públicas o privadas, para la elaboración de guías, normativas y
estándares para la recolección, agregación, validación, publicación e
interoperabilidad de datos en todo el Gobierno;
n) Denunciar penalmente los delitos en
que pudieran incurrirse en relación a los derechos y obligaciones establecidos en
la presente ley, y aplicar las sanciones por incumplimiento a sus disposiciones y
las de sus reglamentos.
ARTÍCULO 7º.- Recursos. Los
recursos operativos de la AGENCIA quedarán conformados por:
a) Las partidas presupuestarias
asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los
servicios prestados a terceros;
c) Las donaciones, aportes no
reembolsables y legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios
resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos;
ARTÍCULO 8º.- Autoridades. El
gobierno y administración de la AGENCIA estará a cargo de un Directorio
integrado por un (1) Presidente con rango de Secretario y cuatro (4) Vocales con
rango de Subsecretario, los que durarán cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos por única vez, renovándose los vocales por mitades cada
dos años y medio, y por sorteo la primera vez. El Directorio formará quórum con
tres (3) de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En
caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. La presidencia del Directorio
será ejercida rotativamente por sus miembros.
ARTÍCULO 9º.- Designación de los
miembros del Directorio. Los miembros del Directorio son designados a
propuesta del Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación.
ARTÍCULO 10º.- Los miembros del
Directorio deberán poseer reconocida trayectoria y notoria experiencia en la
materia, y el ejercicio del cargo es incompatible con el desempeño de cualquier
otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docente,
estándole vedada asimismo la actividad política partidaria.
ARTÍCULO 11º.- Establécese que,
producida una vacante en la Directorio de la AGENCIA, en un plazo máximo de
treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2)
diarios de circulación nacional el nombre y los antecedentes curriculares de la o
las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la
vacancia.
ARTÍCULO 12º.- Los ciudadanos en
general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas, podrán en el plazo de quince (15) días a
contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, por escrito y de modo fundado y
documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con
declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá
requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional,
académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su
valoración.
ARTÍCULO 13º.-En un plazo que no
deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido
para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las
razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá
sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva,
se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo.
ARTÍCULO 14º.- Funciones y
Facultades del Directorio. El Directorio tendrá las siguientes funciones y
facultades:
a) Dictar el reglamento interno del
cuerpo.
b) Proveer la información pertinente
para la confección del presupuesto de la AGENCIA.
c) Delegar en el Presidente las
facultades que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las
finalidades de la AGENCIA, a excepción de la resolución en forma fundada los
reclamos por denegación de acceso a la información.
d) Promover las relaciones
institucionales de la AGENCIA y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus
objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.
e) Aprobar el Plan Estratégico, el Plan
Operativo Anual y la Memoria Anual de la AGENCIA.
f) Dictar las normas reglamentarias
necesarias para el funcionamiento de la AGENCIA.
g) Administrar los recursos
provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
h) Aceptar herencias, legados y
donaciones, subvenciones que le asignen organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros.
i) Requerir a los distintos organismos
de la Administración Pública Nacional, la información necesaria a fin de fortalecer
el accionar de la AGENCIA.
ARTÍCULO 15º.- Funciones y
Facultades del Presidente del Directorio. El Presidente del Directorio tendrá las
siguientes funciones y facultades:
a) Ejercer la representación y dirección
general de la AGENCIA;
b) Ejercer la administración de la
AGENCIA suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes y nombrar,
contratar expertos nacionales o extranjeros, remover, sancionar y dirigir el
personal;
c) Elaborar el Plan Estratégico, el Plan
Operativo Anual y la Memoria Anual de la AGENCIA.
d) Dirigir y promover estudios e
investigaciones especializadas y disponer la difusión de sus resultados;
e) Convocar y presidir las sesiones del
Directorio con voz y voto;
h) Promover y gestionar la obtención
de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el
cumplimiento de los objetivos de la AGENCIA;
ARTÍCULO 16º.- Autoridades de
Aplicación en otros poderes. La Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su ámbito
y el de los tribunales federales inferiores, y el Ministerio Público por decisión
conjunta del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación,
designarán la autoridad de aplicación de las disposiciones de la presente ley en
sus respectivas jurisdicciones, en un plazo no mayor a los 90 días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial, a fin de velar por el cumplimiento
de esta Ley en sus respectivas jurisdicciones garantizando asimismo la
independencia de los magistrados y la privacidad de las actuaciones judiciales en
que aquella deba protegerse.
ARTÍCULO 17º.- Consejo Nacional de
Transparencia. Créase el Consejo Nacional de Transparencia como organismo
de carácter permanente, como ámbito para la cooperación técnica y la
concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información
pública. El Consejo Nacional de Transparencia tendrá su sede en la Agencia
Nacional de Acceso a la Información, de la cual recibirá apoyo para su
funcionamiento administrativo y técnico.
El Consejo estará integrado por los
titulares de las respectivas Autoridades de Aplicación de esta ley. Será presidido
por el titular de la Agencia Nacional de Información Pública, quien convocará
trimestralmente a reuniones en donde se evaluará el estado de avance en materia
de transparencia y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.
Una vez por año, el Consejo elevará
por escrito al Presidente de la Nación, al Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y a los Presidentes de ambas cámaras del Honorable
Congreso de la Nación, respectivamente, un informe sobre el estado de avance en
la implementación de esta Ley.
ARTÍCULO 18º.- Consejo Federal de
Transparencia. Créase el Consejo Federal de Transparencia como organismo
interjurisdiccional de carácter permanente, como ámbito para la cooperación
técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la
información pública. El Consejo Federal de Transparencia tendrá su sede en la
Agencia Nacional de Acceso a la Información, de la cual recibirá apoyo para su
funcionamiento administrativo y técnico.
El Consejo estará integrado por un
representante de cada una de las provincias y un representante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de más alto rango
en la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción. El Consejo será
presidido por el titular de la Agencia Nacional de Información Pública, quien
convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el estado de avance
en materia de transparencia y acceso a la información en cada una de las
jurisdicciones.
CAPITULO III - TRANSPARENCIA
ACTIVA
ARTÍCULO 19º.- Transparencia
Activa. Los organismos contemplados en esta Ley deberán proveer, en forma
obligatoria y por medio de Internet, información detallada sobre:
a) Su estructura orgánica, funciones y
atribuciones;
b) El marco normativo que les sea
aplicable;
e) La nómina de autoridades y personal
que ejercieron o ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por vía de
formas contractuales, incluyendo el personal de los proyectos financiados por
organismos multilaterales;
d) Todo acto o resolución, de carácter
general o individual, y las actas en donde constare la deliberación del cuerpo,
cuando así ocurriere, la versión taquigráfica, y los dictámenes jurídicos y técnicos
producidos antes de la decisión y que le hayan servido de sustento o
antecedente.
d) La información sobre el presupuesto
asignado, sus modificaciones durante el ejercicio, y el estado de ejecución
presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
g) El listado completo de las
contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios,
especificando sus objetivos, características, montos y proveedores;
i) Toda transferencia de fondos
públicos y sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
l) Los informes de auditorías o
evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o ex post, referidas
al organismo, sus programas, proyectos y actividades;
h) Los permisos o autorizaciones
otorgadas especificando sus titulares;
k) Un índice detallando los canales
institucionales de información, atención y participación ciudadana y los
mecanismos para su efectivo ejercicio;
j) Un índice de trámites y
procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y
criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
c) Un índice de la información en
posesión del organismo;
ARTÍCULO 20º.- La información
contemplada en el artículo anterior deberá publicarse, distribuirse y actualizarse de
acuerdo a las directivas que oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación,
de conformidad estricta con los principios enumerados en el Artículo 4°. Los
organismos obligados deberán disponer además los medios electrónicos
adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas y entablar un vínculo
colaborativo con los usuarios de la información.
ARTÍCULO 21º.- Los organismos
obligados por la presente ley deberán remitir a la AGENCIA un catálogo detallando
todas las bases de datos con datos no personales que obren en su poder,
detallando para cada una de las mismas la ubicación del recurso en Internet, el/los
formato de origen y/o publicación, la última fecha de modificación o cronograma de
actualización si fuera pertinente, y notas metodológicas que faciliten la
interpretación de los datos por parte de los usuarios. Dicho catálogo deberá ser
elaborado, remitido y actualizado de acuerdo a las directivas que la AGENCIA
oportunamente elabore.
ARTÍCULO 22º.- La AGENCIA
mantendrá y pondrá a disposición del público un catálogo centralizado elaborado
en base a la información provista por los organismos. La publicación de dicho
catalogo estará sujeto a los mismos principios enumerados en el Artículo 4º.
CAPITULO IV - DENEGACIÓN DE
ACCESO A LA INFORMACION
ARTÍCULO 23º.- Solicitud de
información. La solicitud de información se rige por el principio de informalismo a
favor del administrado, resultando suficiente que se identifique la información que
se requiere. El órgano requerido está obligado a permitir el acceso a la
información en el momento que le sea solicitado, o proveerla en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles administrativos. El plazo se prorroga en forma
excepcional un plazo no mayor a quince (15) días hábiles administrativos de
mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información
solicitada. El órgano debe comunicar en acto fundado las razones por las que
hace uso de tal prórroga.
Si una vez cumplido el plazo la solicitud
de información no se hubiere respondido en forma satisfactoria, el solicitante
podrá presentar el correspondiente recurso de queja ante la AGENCIA. Sin
perjuicio de lo anterior, el incumplimiento también habilita la interposición de la
acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Las Autoridades de Aplicación
Jurisdiccionales son las encargadas de ejecutar el Reglamento General de Acceso
a la Información Pública en su ámbito de competencia, estableciendo los órganos,
criterios y procedimientos institucionales necesarios para garantizar a los
particulares el derecho de acceso a la información pública, de conformidad con los
principios y plazos establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 24º.- Denegación
fundada. El órgano requerido sólo puede negarse a brindar la información objeto
de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe o que está
incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley. La solicitud de
información no implica la obligación de la administración de crear o producir
información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el
Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso no mediará
justificación para la denegatoria.
ARTÍCULO 25º.- Denegación
infundada. El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria
obstruyere el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en
forma incompleta, u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, o
permita el acceso injustificado a información clasificada como reservada, será
considerado incurso en grave falta a sus deberes a los efectos de que se le
aplique el régimen disciplinario pertinente. Ello, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran caberle por aplicación de los Códigos Civil y
Penal de la Nación.
Cualquier persona que obstruyera,
dilatare o negare la provisión de información pública, o en general, ejecutara
comportamientos, actos u omisiones contrarios a los deberes y objetivos
establecidos en esta ley, será pasible de la aplicación de una multa de entre $ 500
(pesos quinientos) y $ 10.000 (pesos diez mil).
Estas serán aplicadas por la AGENCIA
previo sumario de defensa y prueba, y la resolución a su respecto podrá ser
impugnada judicialmente con efecto suspensivo.
ARTÍCULO 26º.- Excepciones. Los
órganos comprendidos en la presente ley pueden exceptuarse de proveer la
información requerida cuando una ley o decreto así lo establezca y se produzca
alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de información
expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de
la Nación por razones de seguridad, defensa o política exterior;
b) Cuando una ley del Congreso de la
Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o
política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público, o bien
establezca un procedimiento especial para acceder a ella;
c) Cuando se trate de información que
pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario;
d) Cuando se tratare de secretos
industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un
órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea
razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o
lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la
economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la
información;
e) Cuando se trate de información
comercial o financiera de terceros que la administración hubiera obtenido en
carácter confidencial;
f) Cuando se trate de información
interna de la administración o de comunicaciones entre órganos de la
administración que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas
como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión
del gobierno. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la administración
opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u
opiniones;
g) Cuando se trate de información que
obre en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación
de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
h) Cuando se trate de información
preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad
pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa
judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la
información privare a una persona el pleno derecho a un juicio justo o cualquier
tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el
abogado respecto de su asesorado;
i) Cuando se trate de información
referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley 25.326,
cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y el honor.
Dicha excepción no será aplicable cuando existan los mecanismos técnicos para
disociar la información sensible, o bien se cuente con el consentimiento expreso
de la o las personas a las que se refiere la información solicitada;
j) Cuando pudiere ocasionar un peligro
a la vida o seguridad de una persona;
k) Cuando se trate de información de
carácter reservado obrante en el archivo CONADEP en la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, la cual se regirá según su reglamentación;
ARTÍCULO 27º.-Información
parcialmente reservada. En el caso que existiere un documento que contenga
información reservada, los órganos comprendidos en la presente ley deben
permitir el acceso a la parte de aquellos que no se encuentre contenida entre las
excepciones detalladas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 28º.- Requisitos para la
clasificación de la información como reservada. La decisión que clasifique
determinada información como reservada debe indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta
la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la
información;
c) La fecha o el evento establecido
para el acceso público o la fecha correspondiente a los diez (10) años de la
clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la
clasificación;
e) Las partes de información que son
sometidas a la clasificación y las que están disponibles para acceso al
público.
ARTÍCULO 29º.- Duración de la
clasificación. Al clasificar la información como reservada, se puede establecer
una fecha o evento en el cual la información será de acceso público en los
términos de la presente ley. Esta fecha o evento no puede exceder el límite
establecido en el segundo párrafo de este artículo.
Si no se pudiere determinar una fecha
específica o evento anterior, la información será de acceso público a los diez (10)
años de la fecha de la decisión que la clasificó como reservada.
Se puede extender la clasificación o
reclasificar una información específica por períodos sucesivos los que no podrán
exceder cada uno de ellos el plazo de 10 años, si se cumplen los requisitos
exigidos por la presente ley para la clasificación de la información.
La información no puede ser
reclasificada como reservada si ya ha sido abierta al acceso público.
Ninguna información puede
mantenerse como reservada por más de treinta años contados desde su
clasificación original, a excepción de la que hubiera sido proporcionada por una
fuente diplomática.
ARTÍCULO 30º.- Acceso al público
de la información clasificada. Dentro de los doce meses de entrada en vigor de
la presente ley, toda información clasificada como reservada será de inmediato y
libre acceso público, si la clasificación tiene más de 10 años, a excepción de la
que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como
reservada será accesible al público aún cuando no se hubiera cumplido el plazo
fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que
fundaron su clasificación como secreta o concurriere un interés público superior
que justificare su apertura al público.
CAPÍTULO V - DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
ARTÍCULO 31º.- La presente ley
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 32º.- El Poder Ejecutivo
Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 90 días de su
promulgación.
ARTÍCULO 33º. - El Reglamento
General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional
aprobado por el artículo 4º del Decreto Nº 1172/03, continuará vigente hasta tanto
la AGENCIA quede conformada y disponga las normas que lo reemplacen.
ARTÍCULO 34º.- Autorízase al Poder
Ejecutivo Nacional a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal vigente
en los aspectos que se consideren necesarios para la implementación de la
presente ley.
ARTÍCULO 35º.- Invitase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de esta ley.
ARTÍCULO 36º.- Comuníquese al
Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los que aquí firmamos creemos
firmemente que el acceso a la información pública constituye un derecho humano
fundamental, solo equiparable en una sociedad democrática y republicana a
derechos largamente consagrados como la libre asociación o el sufragio universal.
Creemos, también, que la transparencia de los actos de gobierno constituye un
requisito esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública, sin la cual
ésta última no puede sobrevivir. Estamos convencidos, por encima de todo, del
derecho, el apetito e increíble potencial de nuestra sociedad civil para participar y
colaborar en el ciclo de políticas públicas, creando valor público y privado a partir
de la información en manos del gobierno. Y creemos, finalmente, que cuando se
niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los datos de manera fiable,
completa, oportuna, libre y en formatos adecuados, la democracia se convierte en
un mero acto delegativo, la participación un ejercicio ciego y la colaboración en
una oportunidad dilapidada.
No somos, por fortuna, originales en nuestras convicciones. Los gobiernos están
asistiendo, alrededor del mundo, a una extraordinaria presión cívica para liberar
información pública en volúmenes, frecuencias y formatos apropiados. Como
resultado, muchos gobiernos nacionales y locales - incluyendo casos notables en
nuestra Región- están dando pasos sin precedentes en la publicación proactiva de
información pública, bien se trate de información estadística, operativa,
presupuestaria, legal, legislativa, geográfica o ambiental. Y allí donde esto sucede,
los ciudadanos están respondiendo con una extraordinaria energía creativa,
extrayendo y agregando valor a la misma, participando en la toma de decisiones y
colaborando con el gobierno en la producción de bienes públicos.
En nuestro país, el balance es ciertamente menos feliz. Por un lado, los
instrumentos creados a partir del Decreto Nº 1172/03 abrieron, aún con sus
limitaciones y en ausencia de una auténtica ley, una luz de esperanza para el
acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Resulta
también auspicioso la diversidad y la calidad de los proyectos de ley presentados
a nivel nacional, provincial y municipal a lo largo de estos últimos años, muchos de
los cuales han servido como insumo a la hora de elaborar este proyecto. Tanto
más destacable resulta la labor de muchos servidores públicos anónimos que
tomaron la decisión - en muchos casos valiente- de publicar información y recrear
un diálogo franco con los usuarios, sin necesidad de esperar al mandato áspero
de una ley, un decreto, o una directiva política.
Por el otro, el virtual desmantelamiento de la autoridad de aplicación del Decreto
Nº 1172/03, las sutiles dificultades impuestas a los usuarios de bases de datos
públicas, sumado a la mucho menos sutil intervención del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos - una de las historia mas tristes e inútiles de degradación
institucional en democracia- dejan en claro cuan frágil y limitado es, en la práctica,
el derecho de acceso a la información en la Argentina. Dichos sucesos tuvieron, al
menos, el valor de un recordatorio y una advertencia para muchos políticos,
empresarios y ciudadanos de a pie: sin acceso oportuno a información pública
veraz, creíble y auditable no podemos tomar decisiones razonadas. Ni públicas, ni
privadas, ni personales.
Por ello, Sr. Presidente, creemos que es hora de dar un paso más allá.
En primer lugar, y teniendo en cuenta
el estado actual de la tecnología, creemos que es el momento propicio para
repensar radicalmente el concepto y las prácticas mismas de información pública.
Hasta el día de hoy, el enfoque predominante en materia de derecho de acceso a
la información ha consistido, en términos generales, en amparar el derecho de los
ciudadanos a solicitar información pública, siempre y cuando estos sepan
exactamente que información solicitar, a quien solicitarla, y como solicitarla en
forma pertinente. Dicho enfoque, manifiesto en el Decreto Nº 1172/03, implica en
la práctica que la información no es genuinamente pública hasta tanto la misma
es solicitada, dejando al arbitrio de funcionarios y particulares la decisión, la
frecuencia, el formato y las condiciones de su publicación. Dicha limitación
práctica al ejercicio del derecho de acceso a la información, entendible tiempo
atrás, es hoy innecesaria e injustificable dados los costos y las formas en que la
información puede ser capturada, almacenada, analizada, reutilizada y
distribuida.
Por ello, el presente proyecto de ley
contempla la ampliación del derecho de acceso a la información, equiparando el
carácter público de la información con su disponibilidad a través de Internet. Son
los organismos públicos quienes tienen el deber y la responsabilidad de publicar la
información, toda la información, y publicarla adecuadamente, lo que en térmicos
de este proyecto de ley implica: a) que la información debe poder ser buscada,
descubierta y accedida a través de Internet, sin restricciones; b) que la información
debe publicarse en forma completa, con el máximo nivel de desagregación
disponible; c) que la información debe publicarse en forma oportuna, en tiempos
compatibles con la preservación de su valor; d) que la información debe
publicarse en formatos electrónicos abiertos, no-propietarios, y que faciliten su
procesamiento por medios automáticos; y e) último pero no menos importante, que
la información debe distribuirse en forma gratuita, libre de licencias, o en su
defecto bajo licencias que no restrinjan en modo alguno su reutilización y
redistribución por parte de terceros. Si por algún motivo fuera imposible cumplir
con los mencionados requisitos, bien sea por razones de índole técnica o por
corresponder alguna de las excepciones contempladas, los organismos públicos
estarán obligados a informar la existencia del recurso y expresar taxativamente las
razones para su no publicación.
En segundo lugar, el presente proyecto contempla la ampliación del derecho a la
información mediante la inclusión -como sujetos obligados- de los organismos
pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo y al Poder
Judicial, dentro un mismo marco normativo.
Finalmente, el proyecto contempla la creación de Autoridades de Aplicación
especializadas, dotando a las mismas con plena capacidad y autonomía para
proteger y promover el derecho a la información en sus respectivas jurisdicciones.
Creemos que dichas funciones pueden ser mejor cumplidas, en el Poder
Ejecutivo, por una Agencia especializada, independiente, dotada de la más amplia
autonomía política e institucional, y equipada con los recursos humanos,
económicos y tecnológicos idóneos. Solo la independencia de criterio y la plena
capacidad resolutiva pueden garantizar, al mismo tiempo, la tutela del derecho de
acceso a la información y la cooperación con las autoridades y organismos
públicos para la mejor efectivización del mismo. Asimismo, el proyecto contempla
para el resto de los poderes y organismos del Estado la facultad de establecer sus
respectivas Autoridades de Aplicación, y estipula la creación de sendas instancias
de coordinación y cooperación inter - jurisdiccional en materia de políticas de
acceso a la información, a nivel nacional y federal respectivamente.
Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que ha
sido puesto en consideración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ALONSO, LAURA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia) |
| JUSTICIA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 28/04/2010 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
| 01/09/2010 | DICTAMEN | Aprobados con modificaciones unificados Dictamen de Mayoría con disidencias y Dictamen de Minoría |
Dictamen
| Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Diputados | Orden del Dia 1064/2010 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 1146-D-2009, 3361-D-2009, 0040-D-2010, 0202-D-2010, 0431-D-2010, 0882-D-2010, 1122-D-2010, 1541-D-2010, 1584-D-2010, 2269-D-2010, 2308-D-2010, 2384-D-2010, 2756-D-2010, 3521-D-2010, 3608-D-2010 y 3696-D-2010 | DICTAMEN DE MAYORIA: CON MODIFICACIONES; CON 5 DISIDENCIAS PARCIALES Y 1 DISIDENCIA; 3 DICTAMENES DE MINORIA: CON MODIFICACIONES; LA COMISION HA TENIDO A LA VISTA LOS EXPEDIENTES 0446-D-09, 6167-D-09 Y 0090-D-10; OBSERVACIONES: 1 SUPLEMENTO | 06/09/2010 |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 12/05/2010 | |
| Diputados | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 23/06/2010 |