La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, disponga las medidas necesarias a fin de que las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil realicen las inversiones correspondientes - comprometidas en el respectivo plan de inversión - que garanticen a los usuarios una adecuada prestación del servicio.

Señor presidente:

Luego de la crisis económica de 2001, la telefonía móvil tuvo un crecimiento espectacular en la Argentina; especialmente, en los últimos 12 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se pasó de 9,616 millones de aparatos a 17,472 millones (estadísticas de junio). Las llamadas realizadas, en tanto, aumentaron un 74 por ciento.

Como contrapartida, es el rubro más denunciado en las entidades de consumidores. Según un relevamiento realizado por el equipo técnico del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en el mes de septiembre de 2005, que recogió 25.019 reclamos en todo el país, las principales quejas son: el mal funcionamiento del sistema GSM (Global System Mobile), una tecnología de tercera generación, nueva en el país; inconvenientes en la facturación; problemas para reparar los equipos; cobertura deficiente y publicidad engañosa por parte de las operadoras.

La empresa CTI encabeza la lista de reclamos. Buenos Aires recibió 7380 reclamos por el servicio, y la mayoría provienen de dicha empresa, en Capital Federal, 6110, de CTI y Personal, en Córdoba, 5380, de CTI y Movicom, en Santa Fe y Rosario, 2471, de Personal y CTI, en Mendoza, 1078, de CTI y Personal; según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La compra de CTI por parte del grupo mexicano América Móvil, en julio de 2003, fue el comienzo de la fuerte competencia que se vive hoy en el mercado local. Luego de esa adquisición, Telefónica Móviles compró la operación de América latina de la norteamericana Bell South, lo que en el mercado local se tradujo en la fusión entre Unifón y Movicom en la empresa Movistar.

Según las estadísticas del coordinador de los Tribunales Arbitrales de Consumo, dependientes de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, el primer puesto en los reclamos se lo lleva la telefonía móvil, con el 44%. También a la cabeza de la lista está CTI, la compañía que pasó de 1,3 millones a casi 4,9 millones de clientes en los últimos dos años. Pero no es la única: también motivan quejas Movistar, la reciente fusión entre Unifon y Movicom, con 6,7 millones de clientes (aunque no está adherida al sistema de tribunales arbitrales) y Personal (5 millones de clientes), la empresa de Telecom.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, recibía 15 denuncias diarias por ese motivo y ahora, aumentaron a 45.

En la provincia de Entre Ríos se realizaron ante la Dirección de defensa del consumidor 227 denuncias, durante el primer semestre del 2005.

El Centro de Educación al Consumidor (CEC) reveló a través de una encuesta que el 31% de los usuarios que tienen problemas con sus móviles no reclama "porque cree que sería inútil", mientras que el 71% de los que hicieron una queja formal no quedaron satisfechos con la respuesta obtenida.

En el mes de agosto de 2005 en la provincia de Salta ante los graves problemas en el tráfico de comunicaciones la "Unión de Consumidores de Argentina realizó una presentación judicial contra las empresas: Telecom Personal SA; Telefónicas Móviles Argentina SA y Compañía de Teléfonos del Interior SA y logró frenar la venta de teléfonos móviles.

La Unión de Consumidores de Argentina denunció que dichas empresas han efectuado una venta masiva de nuevas líneas lo que superó la capacidad técnica del sistema operativo generando que la prestación del servicio resultara deficiente y de mala calidad. A tales efectos, adjuntaron publicaciones periodísticas provinciales y nacionales en las que se acredita la situación que se registra en general a nivel país a raíz de la situación denunciada, en especial haciéndose referencia a los constantes reclamos y denuncias efectuadas ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.

La Justicia federal salteña ordenó a las empresas de telefonía móvil suspender la venta de nuevas líneas en esa provincia por la "deficiente prestación" del servicio, producto del incremento de la demanda, hasta que garanticen el correcto funcionamiento de la red.

Sin embargo la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la medida cautelar y consideró que "si bien existe una conciencia generalizada acerca de que los usuarios de dicho servicio deben afrontar distintos problemas para su utilización, esto no implica que (los inconvenientes) se vean solucionados al suspender la activación de nuevas líneas".

Al conocerse esta resolución los análisis sobre el sector no dejaron de fluir. Los especialistas sostienen que las inversiones anunciadas por las empresas de telefonía móvil en los últimos dos años superan los 1.000 millones de dólares.

No obstante estas inversiones no alcanzan para satisfacer la duplicación de la demanda que se dio en todo el país, en pleno proceso de transformación tecnológica de las redes y no se condicen con el aumento del mercado ya que la duplicación de líneas no se ve reflejada en inversiones en infraestructura, pero sí en las quejas de los usuarios.

La telefonía móvil surgió como un servicio complementario de la telefonía básica, no destinada, en principio, a un uso masivo. Sin embargo, en la actualidad, los avances tecnológicos y el desarrollo del servicio han producido un aumento significativo en la cantidad de clientes y aplicaciones disponibles.

Por ello es necesario que se tomen las medidas conducentes para lograr un eficaz control en la prestación de los servicios de telefonía móvil en todo el territorio nacional, y el cumplimiento de los imperativos constitucionales (Art. 42), y legales, ley 24.240 de Defensa del Consumidor, "Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles" aprobado por resolución 490/1997 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la ley 19.798 de telecomunicaciones.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.