El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1.- Derógase la Resolución 267/09.

ARTICULO 2.- Suspéndase el artículo 1º de la Ley 26.547

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional

Señor presidente:

Barclays es desde octubre pasado, por decisión del Ministerio de Economía, el coordinador global de una oferta de canje que hará el Gobierno a los aún acreedores privados de la Argentina que eligieron mantenerse por fuera del megacanje de 2005.

Son inversores que tienen en su poder títulos en default por unos 20.000 millones de dólares en bonos impagos que no entraron en aquella reestructuración de la millonaria deuda nacional.

Por otra parte BARCLAYS en todo este tiempo mantuvo un fluido contacto con los tenedores de la deuda en estado de diferimiento, de manera que logró agrupar formal e informalmente un número de tenedores que representan un monto significativo de la deuda (BARCLAYS controla bonos por U$ 6.000 millones y el conjunto de bancos que él lidera agrupa bonistas por U$ 10.000 millones). Esto que se manifiesta es textual al octavo párrafo de los considerandos de la Resolución 267/09. Cabe agregar también que esta colusión ilegal de intereses que se observa cuando Barclays es en simultáneo el asesor financiero del Estado Nacional (a la sazón el deudor) y el representante de los bonistas (acreedores), se agrava ante el expreso incumplimiento de la Constitución Nacional evidenciado en el hecho de que la oferta que pretende efectuarse, en ningún caso ha sido evaluada y autorizada por el Parlamento Nacional. En este sentido, la operación de deuda en curso, más allá de su realización, resulta nula. No obstante, existe un elemento adicional que violenta y debilita los intereses geopolíticos de la Argentina.

Pero al mismo tiempo Barclays es uno de los principales accionista de la Desire Petroleum, una de las petroleras que inició sus perforaciones en aguas litigiosas a fines de febrero, dando origen a los aún latentes y fuertes cruces diplomáticos entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno parece decidido a discriminar entre el banco británico Barclays y otras empresas ligadas al inicio de la exploración petrolera en las Malvinas, a las que ha enviado notas de desaliento y amenazas de sanciones por operar en la zona del litigio de soberanía con el Reino Unido.

El 16 de octubre de 2009, poco después de haber adquirido las acciones de Desire Petroleum, el Barclays capital inc junto con sus afiliadas presentó al Estado nacional una propuesta de términos y condiciones financieras para la reapertura del canje de la deuda. En tan solo seis días después, por Resolución 267/2009 el ministro de Economía Amado Boudou aprobó una carta convenio por la que designó a Barclays como "Coordinador Global" en dicho proceso de reestructuración de deuda externa, con la colaboración del Citibank y Deustche Bank.

Como todos sabemos, este proceso tuvo en el mes de enero pasado una serie de hechos institucionales conmocionantes que culminaron con la destitución del presidente del Banco Central, ante la exigencia de estos bancos de que se pusieran a las reservas del Banco Central como garantía del pago de la deuda en ese proceso de reestructuración. Se generó así una promiscua situación entre deuda externa, el respaldo indispensable de nuestra moneda, y el gravísimo conflicto externo que enfrentamos como nación.

Ningún país serio del mundo habría aceptado un coctel de esta naturaleza, que conlleva a poner en manos de un súbdito del Reino Unido nuestro problema de la deuda, con el requerimiento de inusitadas condiciones financieras que depararían un aún mayor debilitamiento de nuestro país, frente al gravísimo conflicto internacional que enfrenta. El cual esta dinamizado por ingentes intereses geopolíticos, económicos y financieros.

No debemos olvidar que el Reino Unido logró recuperar su alicaída situación como potencia mundial en debacle, gracias a la explotación hidrocarburífera en el Mar del Norte, la que a la par le permitió equilibrar sus cuentas fiscales. Hoy esas riquezas hidrocarburíferas se encuentran en vías de extinción, y por esa razón las cuentas fiscales del Reino Unido presentan uno de los mayores déficits entre los países europeos.

Pero mas allá de estas consideraciones, cabe apuntar que Barclays, como "empresa no operadora" inversora en Desire Petroleum, eludió manifestar esta condición ante el Registro de empresas petroleras productoras creado por la Resolución 407/07 de la secretaría de Energía, con el objeto precisamente de impedir la actividad en nuestro país de empresas, socios, o accionistas que se dedicaran a la explotación de petróleo en la plataforma continental marítima sin la debida autorización argentina, como es el caso de Desire Petroleum y su socio inversionista Barclays bank.

En ese registro Barclays debería haber manifestado mediante declaración jurada sus condiciones y alcances como "empresa no operadora". Lo que habría eludido expresamente hacer para no quedar incursa en los delitos previstos en los arts. 172 y 292 del Código Penal, en el caso de haber ocultado esa información. Sin embargo, con un obrar que parece ir mas allá de la negligencia, el ministro Amado Boudou honró a Barclays bank designándolo como coordinador global de Argentina ante el mundo, a los efectos de la reapertura del canje de deuda, poniendo así a Londres como centro de nuestra problemática financiera.

La reiterada tibieza del gobierno argentino frente a la consumación del despojo en Malvinas tiene una explicación. Más allá de sus tonantes declaraciones, la necesidad de normalizar la "deuda externa", le impide actuar de manera soberana e independiente en su política exterior. Y esta sujeción ya se manifestó en el canje de deuda del 2005, que ahora se pretende reabrir, llevado a cabo simultáneamente cuando se debatía la Constitución Europea, que declaraba a las islas Malvinas como territorio de ultramar europeo.

La declaración conjunta Argentina - Unión Europea que por entonces tramitó el gobierno del presidente Kirchner, ni siquiera mencionaba esta álgida cuestión, como si ella directamente no existiera. Una omisión parecida a la que incurrió en relación a las pasteras europeas sobre el río Uruguay, pero infinitamente mucho mas grave.

Una política independiente supondría una estrategia diplomática y económica-financiera totalmente distinta. La que debería comenzar por la inmediata derogación de la resolución 267/09 del ministro Amado Boudou, y continuar estableciendo una actitud de absoluta reciprocidad con los intereses europeos, similar a la que se practica en el supuesto territorio europeo de las islas Malvinas, con relación a los intereses argentinos.

Es inadmisible que vastas concesiones petroleras, mineras, y territoriales, incluso en zonas de frontera, estén a nombre de ciudadanos británicos y europeos, al mismo tiempo que en Malvinas este prohibida incluso, hasta la mera la residencia de ciudadanos argentinos.

Entendemos que hay un gravísimo incumplimiento en sus deberes por parte del Ministro de Economía y del Canciller. El primero por designar al Barclays como coordinador global para la reapertura del canje, y el segundo por no poner reparos a esa contratación. Tanto ellos como las máximas autoridades del gobierno han incurrido así en una grave defección al mandato de la Constitución Nacional: "La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo Argentino".