Proyectos »
PROYECTO DE TP
Expediente 1522-D-2007
Sumario: CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE LEY NACIONAL DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: INTEGRACION.
Fecha: 13/04/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 29
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1º- Crear una Comisión Especial -
dentro de los 30 días de aprobada la presente resolución - que tendrá por objeto,
después de enriquecerse técnica e informativamente en el tema, elaborar un
proyecto de Ley Nacional de Prevención y Respuesta Ante Emergencias.
2º- La Comisión Especial estará
integrada por un (1) representante de cada uno de los diferentes Bloques que
componen esta Honorable Cámara de Diputados. Asimismo contará con el
asesoramiento necesario (mediante reuniones públicas) de especialistas en el tema
provenientes de organismos públicos, académicos, entidades privadas,
organizaciones no gubernamentales ó toda aquella persona o ente que se
considere necesario para mejorar el entendimiento del objeto en cuestión.
3º- Una vez constituida, la Comisión
Especial nombrará sus autoridades como así también fijará días y horarios para sus
reuniones.
4º- Como lineamientos para el
desempeño de la Comisión Especial, se señala:
a) La Ley Nacional de
Prevención y Respuesta ante Emergencias será una ley de Presupuestos Mínimos,
tal como lo establece la Constitución Nacional en su Art. 41º.
b) De un modo indicativo, se
señalan los siguientes temas a tener en cuenta al momento de la redacción del
proyecto:
- Se busca procurar una legislación
integrada ya que existen normas dispersas sobre el tema, en cuestiones tales
como higiene y seguridad en el trabajo, transporte y disposición de sustancias
peligrosas, residuos industriales y patogénicos, almacenamiento subterráneo de
hidrocarburos líquidos, etc.
- Asimismo tratar de definir un
rol integrado para los organismos de prevención y respuesta ante emergencias, de
modo que actúen como un sistema. Si los distintos organismos públicos actúan en
forma de compartimentos estancos, su efectividad se reducirá notablemente.
- Definición, publicación y
actualización periódica de planes de contingencia sobre la mayor cantidad posible
de eventos susceptibles de producir desastres: inundaciones, terremotos,
accidentes químicos, epidemias, sequías, fallas en servicios públicos, etc.
- Un sistema de prevención
requiere que la población reciba la más amplia información posible sobre los
eventos que estén ocurriendo. Esa información debe estar formulada por técnicos
y especialistas idóneos y en lenguaje accesible al gran público. Se requiere un
trabajo educativo previo sobre la comunidad para que la población pueda utilizar
adecuadamente la información que se le va a suministrar.
- Incorporación de la
prevención de emergencias en la currícula educativa en sus diferentes
niveles.
- Realización periódica de simulacros,
tanto en el sector público como privado.
- Utilizar los mapas de riesgos
como herramienta para la definición de áreas de gestión de la emergencia. Por
ejemplo, en la asignación de espacios seguros para los actuales habitantes de las
villas de emergencia ó las zonas de evacuación en caso de inundaciones.
- Atender la situación de la población
más vulnerable ante cada evento de riesgo.
- Incluir las demandas locales,
emergentes de una participación organizada de vecinos y organizaciones locales,
en los procesos de construcción de las propuestas.
- Definir una estructura de
control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los respectivos actores
sociales.
- Legislar sobre el voluntariado que
trabaja en las catástrofes y emergencias.
- Contemplar la previsión del
abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos en general y la existencia
de albergues y refugios para evacuados e indigentes.
- Legislar con el fin de facilitar
la circulación de insumos - de todo tipo -, ante una emergencia, ya sea que estos
provengan de jurisdicciones nacionales ó del exterior (para lo cual hace falta una
revisión del código aduanero) .
5º- La Comisión Especial tendrá un
plazo de seis (6) meses, plazo que podrá extenderse por seis (6) meses más de
llegar a ser consensuado por los presidentes de los Bloques, para cumplir sus
funciones.
6º- El proyecto será considerado de
autoría conjunta de los señores diputados miembros de dicha comisión
Especial.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos la sociedad ha
cobrado conciencia de la necesidad de una eficaz política de prevención y
respuesta ante situaciones de emergencia, tanto de las de origen natural como las
de origen social. Sin embargo, la estructura del Estado no ha sido diseñada para
responder a esta índole de situaciones, lo que crea problemas de difícil solución,
que requieren de una normativa específica.
En el curso de los últimos tiempos, el
planeta padeció catástrofes significativas que testimonian el grado de ineptitud y
la flagrante ignorancia de quienes tienen la responsabilidad y están a cargo de los
asuntos públicos en distintas naciones.
El tsunami en el golfo del Indico, los
huracanes Katrina y Rita en el Golfo de México y el terremoto de Indonesia
confirmaron con crudeza la carencia de prevención oficial. El tsunami puede haber
tenido un efecto sorpresa comprensible. Sin embargo, después del tsunami de
1946 se había establecido un sistema de alerta y el de 1993 sirvió para reforzarlo.
La experiencia no fue aplicada: ante el evento, la población no supo qué hacer y
las autoridades no supieron decírselo.
En Argentina tenemos un significativo
retraso en materia de estrategias de prevención y respuesta ante emergencias y
desastres, lo que nos hace especialmente vulnerables ante cualquier contingencia
desfavorable.
En nuestro país, continuamos con la
concepción antigua que considera que la atención de las emergencias es un
problema exclusivamente de los organismos especializados, tales como Defensa
Civil pero, para los criterios modernos, se requiere de la participación de la
sociedad entera bajo la conducción operativa de esos organismos especializados.
Un cambio de enfoque que requiere de cambios institucionales significativos: la
atomización de competencias entre diversos organismos públicos, la rigidez de un
sistema presupuestario que no está pensado para atender gastos inesperados, la
necesidad de generar conocimiento técnico sobre los desastres que puedan llegar
a ocurrir y el modo de prevenirlos, son algunos de los aspectos de esta
problemática.
Desde el punto de vista conceptual,
tenemos que recordar que (a pesar de lo que afirmen algunos organismos
internacionales) los desastres naturales no existen. Un desastre es la expresión
social de un fenómeno natural. Un terremoto en un desierto no es un desastre: es
sólo un evento natural. Los desbordes del río Reconquista pasaron a generar
desastres sólo a partir del poblamiento de su valle de inundación, en las décadas
de 1950 y 1960. Antes, eran sólo las crecidas de un río que atravesaba áreas
rurales. En consecuencia, un evento desfavorable produce consecuencias
diferentes en una sociedad desamparada que en una sociedad preparada para
recibirlo y minimizar sus efectos.
Un aspecto significativo del problema
es el distanciamiento entre científicos y políticos que hace que los decisores no
lleguen a utilizar adecuadamente los conocimientos producidos por la sociedad.
Tanto en el caso de la destrucción de Nueva Orleáns por el huracán Katrina como
en la inundación de Santa Fe, se trató de situaciones prolijamente enunciadas con
sus causas y consecuencias por los científicos, cuyas voces fueron desoídas.
En el caso del huracán Katrina, en el
Golfo de México, la primera potencia del planeta -la que tendría que dar el ejemplo
en materia de prevención y seguridad- evadió su lugar de nación rectora y no
escuchó con la debida inteligencia las evidencias que provoca el calentamiento
global que sus propios centros académicos se encargan de difundir
cotidianamente.
El Fondo Mundial para la Naturaleza
denuncia que es especialmente insostenible el consumo de combustibles fósiles
(petróleo, gas y carbón). Las emisiones de gases de efecto invernadero que genera
el transporte mundial aumentaron un 36 por ciento entre l990 y 2000. Lo peor de
esto es que siguen creciendo. Ésta es, según la expresión unánime de los
científicos, la irrefutable causa de la incesante multiplicación de huracanes en el
ámbito del Caribe. La pertinaz emisión de gases diversos, entre ellos los
provocados por el consumo irracional de hidrocarburos, provocan el calentamiento
global y a su vez, el origen probado de esas emisiones se relaciona con la
industrialización contaminante (sin límite) ejercida en forma habitual en los
Estados Unidos. Esta nación al mismo tiempo persiste en no adherir a los tratados
de Kyoto sobre la urgente necesidad de reducir la emisión de gases
contaminantes.
Para la Argentina, el cambio climático
significa la probabilidad de una mayor frecuencia de eventos extremos. Tanto las
recientes inundaciones ocurridas en Salta y Tucumán como las sequías del Chaco,
son apenas ejemplos de situaciones que se espera se repitan y agraven. ¿De qué
modo se prepara Cuyo para un período de menores nevadas en la Cordillera y, por
ende, de menores caudales en sus ríos? Tal vez los efectos de las sequías de
2006, con su secuela de pérdida de cientos de millares de cabezas de ganado,
podrían haberse atenuado de haber funcionado como corresponde el aparato del
Estado en materia de prevención de catástrofes. Seriamente, ¿qué les podemos
decir ahora a los productores agropecuarios de nuestro dilatado territorio frente a
la mencionada sequía que asoló vastas regiones del país durante el 2006? ¿Qué
respuesta tenemos para los productores agropecuarios de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, La Rioja o La Pampa que vieron morir a su hacienda por cientos de
millares? ¿Qué están haciendo las ciudades del Litoral para prevenirse ante la
probabilidad de importantes inundaciones? ¿Quién está pensando en revisión de
los respectivos Códigos de Construcción y de Planeamiento Urbano? ¿Sabemos
cuál es la población de riesgo ante estos eventos? ¿Tenemos previsto cómo y a
dónde llevar a la gente que deberá ser evacuada? ¿Qué vamos a hacer con los
sectores más vulnerables?
Como si todo esto no fuera suficiente
para promover el desarrollo de políticas de prevención, médicos de todo el planeta
formulan insistentes conjeturas sobre una probable pandemia de gripe aviar que
pone a prueba los sistemas y capacidades de los gobiernos para prevenir y atenuar
sus consecuencias; sobre todo a partir de la alarma despertada por cientistas
sociales que prevén que tal plaga desate una crisis política global.
El riesgo de emergencias sanitarias se
potencia con el cambio climático: los vectores de diferentes enfermedades (desde
el dengue hasta la leptospirosis) cambian su distribución geográfica y comienzan a
afectar zonas y poblaciones donde antes eran desconocidos. Agreguemos que
muchos de esos vectores son insectos, cuya rápida capacidad de mutación es
conocida.
La consecuencia natural y lúcida de
estas dolorosas experiencias que hemos enunciado, es una: prevenir y prevenir
bien para el futuro. Es imprescindible sistematizar la asistencia a nuestros
compatriotas desde el Estado, no sólo porque así lo dicta nuestra conciencia social
sino por la convicción que en un día no muy lejano, si no hacemos nada,
cargaremos sobre nuestra conciencia con la culpa por las víctimas que provoque
algún accidente o catástrofe previsibles. Caerá, además, sobre cada uno de
nosotros el justo repudio de la gente por no haber programado la adecuada
reducción o prevención de daños.
Por eso, Señor Presidente, cabe
preguntarnos hoy, en qué distrito municipal del país o en qué ciudad importante de
la Argentina existe un adecuado mapa de riesgo actualizado, porque así lo
aconsejan los técnicos en prevención y conocen de sobra los Defensores del
Pueblo en cada ciudad importante del planeta. Sin mapas de riesgo: ¿Qué planes
de contingencia tenemos preparados para cada distrito municipal de la República?
En cuanto a los accidentes, el flagelo
no es menor. La Argentina tiene el triste record de encabezar la estadística de
muertes por accidentes automovilísticos por carencia de una adecuada educación
vial, de una adecuada señalización y u masivo consumo de alcohol y drogas. A este
mal endémico al que nadie pone límites se sigue incrementando el parque
automotor sin adecuar, como corresponde, las normas de transitabilidad en las
rutas y en los centros urbanos. Es casi una noticia anual tomar conocimiento de
accidentes que se producen en la excursión de fin de curso para estudiantes de
todo el país. Después se comenta que los micros no estaban autorizados o tenían
vencido el permiso. Pero los padres debieron enterrar a sus hijos y a ellos les
queda la amargura inconsolable de la pérdida.
Esto parecería fuera de tema: la
acumulación de pequeñas tragedias no genera un gran desastre. Sin embargo, la
falta de una cultura de la seguridad crea las condiciones sociales para que ocurran
los grandes desastres. Una sociedad que no respeta las vidas consideradas en
forma individual tampoco lo hará con las vidas del conjunto.
El incendio de una discoteca con 194
víctimas fatales hizo que los responsables de cada comuna asumieran la
responsabilidad de controlar, con el celo debido la autorización para el
funcionamiento de locales nocturnos de entretenimiento donde todo estaba
previsto, menos la seguridad de quienes solventan esos comercios. Sin embargo,
¿tiene que ocurrir un desastre equivalente en una escuela, una oficina pública o
una fábrica, para descubrir que no existen planes de contingencia ni se hicieron
simulacros de evacuación?
A esa desgracia histórica se suman
accidentes como la rotura de un caño maestro de gas, en pleno barrio de Palermo,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad, en el sanatorio de la
Trinidad se confirmó que los médicos no tenían conocimiento adecuado para
realizar la evacuación de los pacientes, en su mayoría niños recién nacidos y
ancianos. Por otra parte, la empresa contratada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para realizar obras en las inmediaciones de un caño maestro del
fluido gasífero, no retiró, antes de iniciar las obras, la documentación
correspondiente al subsuelo de área, que daba cuenta de la existencia de ese
conducto colocado en la década del 70 por la ex empresa estatal, Gas del Estado.
En esta oportunidad, el azar jugó a favor de la gente y no hubo que lamentar
víctimas. Insistimos sin embargo, que no fue la prevención la que evitó una
catástrofe. Fue el azar. Y el Estado no puede depender de la suerte para la
protección de sus ciudadanos.
Los vecinos aledaños a la cuenca
Matanza-Riachuelo siguen padeciendo los efectos de la contaminación por
incumplimiento de sus responsabilidades por funcionarios del Estado nacional, la
provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La gente sigue enfermándose y ha tenido que llegar el problema a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para que las cosas ingresen en el camino de las
respuestas. Se trata de una población extremadamente vulnerable sobre la cual
cualquier evento desfavorable puede generar un desastre de gran magnitud. Basta
con señalar que no hay un plan de contingencia integrado ante un accidente
químico en el Dock Sud.
UNA LEY QUE REQUIERE
UN AMPLIO CONSENSO POLÍTICO
La situación es, en verdad,
dramática. Algo tenemos que hacer y tenemos que hacerlo rápido y bien. En
consecuencia, Señor Presidente, la prevención sistematizada de todo tipo de
desastres y accidentes en el país se transforma en un mandato urgente e
irrenunciable para cada uno de nosotros. Sabemos, además, que los desastres
cobran sus primeras víctimas siempre entre los más pobres y necesitados de cada
lugar.
Afrontar la redacción de una
normativa como la que proponemos a esta H. Cámara requiere de un nivel de
consenso mayor del que puede obtener cualquier bancada política por sí misma.
Por eso estamos proponiendo la constitución de un equipo de trabajo que tenga en
cuenta los puntos de vista de los especialistas de las distintas dependencias del
Estado nacional, los estados provinciales y los municipales.
Además de las áreas de Defensa Civil,
se requerirá de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales de las Naciones
Unidas y otras organizaciones no gubernamentales conexas (como, por ejemplo,
Academias y Universidades, la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, etc.) sus
propuestas para la elaboración del correspondiente proyecto que, a la brevedad, se
sancionará promoviendo que su aplicación se difunda de inmediato a cada rincón
de la República, a partir de los diferentes niveles de enseñanza.
Implementar esta iniciativa requerirá
asociar la defensa civil con técnicos especializados en accidentología,
meteorología, fuerzas armadas y de seguridad, médicos sanitaristas, gerontólogos
y pediatras, docentes, deportólogos, abogados, bomberos, comunicadores y
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática.
A título de ejemplo, podemos señalar
que el Plan Metropolitano de Defensa Civil contempla las siguientes fases:
- Elementos y estrategias de las
normas básicas de planificación
- Objetivos de la norma básica de
planificación
- Fases de mitigación
- Diagnóstico y pronóstico de riesgos
de desastre y de recursos
- Vigilancia y alerta
- Medidas preventivas o de
mitigación
- Fase de coordinación operativa
- Organización para hacer frente al
desastre
- Observación, evaluación e
información de daños
- Comunicaciones
- Abastecimientos
- Salud
- Evaluación de las acciones
- Fases de rehabilitación y
reconstrucción
- Divulgación y educación
- Ayuda nacional e internacional
- Legislación y asesoría legal
- Aspectos financieros
SE TRATA DE UNA LEY DE
PRESUPUESTOS MÍNIMOS
El proyecto que
proponemos es una Ley de Presupuestos Mínimos, en el marco del Art. 41 de la
Constitución Nacional. Hemos dicho que los desastres no son naturales sino
ambientales. "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales", dice el Art.
41.
Los Presupuestos Mínimos "son
institutos básicos comunes para todo el territorio nacional que son plenamente
operativos y eficaces en cada provincia - y municipio -, a excepción que exista en
la provincia - o municipio - una norma local que provea mejor, más ampliamente y
en mayor grado a la tutela del ambiente (1) . Es decir, que estas leyes deben
cumplirse en todo el territorio nacional, sin necesidad de una adhesión
especial.
Los constituyentes consideraron que
en virtud de la atribución de establecer "presupuestos mínimos de protección
ambiental", se ejerce "competencia delegada a la Nación, la facultad de dictar
leyes sustantivas, leyes generales que sean una especie del derecho ambiental
común, de todos los argentinos para que a partir de estos principios se pueda
luego legislar en las instancias provinciales" (2) .
Y en cuanto al contenido de este tipo
de normas, hay consenso entre los tratadistas en la necesidad de una legislación
ambiental básica, que rija en todo el país, en temas como el que ahora nos ocupa.
"En nuestra opinión, el régimen de protección ambiental que básicamente debe
establecer este tipo de normativa estatal nacional o federal, debe girar alrededor
de la idea de la responsabilidad. Fijando pautas eficientes de precaución,
prevención, recomposición, sanción indemnizatoria, represión, régimen penal, en
defensa del medio ambiente, a cuyo fin, resulta necesario uniformar la legislación
existente, para garantizar se logre el objetivo primordial de la delegación de
competencias, que conforme surge del texto de la norma del artículo 41 CN,
reviste carácter tuitivo" .
Con el acuerdo para la redacción de
esta Ley, Señor Presidente, habremos cumplido en parte el mandato solidario que
la ciudadanía expresó a partir del sufragio y confío que, en el curso de dos o tres
generaciones, todos los argentinos, sin distinción de sectores, seamos solidarios y
lúcidos para enfrentar los embates de lo imprevisible y actuemos con sabiduría
frente a los accidentes a partir de la sanción de este ordenamiento institucional
que hoy no tenemos.
Por todo lo antedicho elevo a la
consideración de mis colegas el siguiente proyecto de resolución.-
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| DOGA, MARIA NELIDA | BUENOS AIRES | JUSTICIALISTA NACIONAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER ADHERENTE DE LA DIPUTADA TOMAZ (A SUS ANTECEDENTES) | 06/06/2007 | |
| Diputados | SOLICITUD DE SER ADHERENTE DEL DIPUTADO BAIGORRI (A SUS ANTECEDENTES) | 06/06/2007 |