La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las agresiones sufridas por Omar Lehner, candidato a gobernador de Río Negro, por parte de personas vinculadas con la empresa Hidden Lake S.A.; por las amenazantes declaraciones de un alto directivo de la misma que propenden al uso de la violencia; y por los intentos de presionar al Dr. Victor Sodero Nievas, integrante del máximo tribunal provincial de la mencionada provincia; todas situaciones graves que se enmarcan dentro de una problemática directamente vinculada con la necesidad de frenar de manera inmediata la creciente extranjerización de las tierras en nuestra Argentina.

Señor presidente:

En su libro "Tierras S.A. Crónicas de un país rematado", (Buenos Aires, Aguilar, 2006) los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz dieron a conocer al país las denuncias de Magdalena Odarda contra Joseph Lewis por cerrar con tranqueras el acceso al Lago Escondido. La disputa con esta empresa se inició así, cuando esta cercó una de las entradas al lago, luego de comprar una estancia cercana al mismo, prohibiendo el acceso.

Luego de una disputa de varios años, el 30 de julio de 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, dictó la resolución para que se garantice el libre acceso al Lago Escondido, por el camino que comienza en el paraje Tacuifí, para dar cumplimiento de este modo con el art. 73 de la Constitución Provincial que asegura "el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público...".

Desde entonces, diferentes organizaciones sociales y políticas de Rio Negro vienen reclamando a las autoridades que se cumpla el fallo judicial, y que garanticen que los pobladores de la zona tengan las necesidades básicas cubiertas (comunicaciones, estado del camino, electricidad), ya que algunos de ellos quedan totalmente aislados en el invierno, ignorados por las autoridades.

El caso se ha transformado prácticamente en un paradigma la desenfrenada extranjerizacion de las tierras de la Argentina, y al mismo tiempo, de la inopinada preeminencia que se le otorgan en las acciones públicas de los gobiernos a determinados intereses privados por sobre el interés general público, por sobre el ordenamiento jurídico (en este caso la Constitución Provincial), y podría agregarse el Código Civil, que también establece el acceso irrestricto a los lagos.

En el marco de esta disputa, en los últimos días se han producido en la ciudad de Viedma una serie de sucesos cuya gravedad excede la simple información periodística y amerita la expresión al respecto de la máxima instancia de la deliberación democrática de la República.

El 19 de marzo pasado un grupo de organizaciones que vienen denunciando esta situación acompañó al juez Víctor Sodero Nievas, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, en la realización de la verificación ocular del camino público vecinal que nace en el paraje El Foyel (entre Bariloche y El Bolsón) y finaliza en el lago Escondido, con el objeto de dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal rionegrino que exige la habilitación de ese camino público para que todos los habitantes de Rio Negro, del país y turistas puedan conocerlo y bañarse en sus aguas.

Durante el proceso de verificación ocular, las organizaciones, los amparistas y el juez constataron que el camino público utilizado históricamente se encuentra en óptimas condiciones para ser transitado por cualquier tipo de vehículo hasta el lago que es de todos; que la empresa HL SA habría hecho trabajos de dragado en el río Foyel con el objeto de dificultar el tránsito de vehículos (la maniobra no sirvió para impedir cruzar el rio a pie). También comprobaron que parte del camino privado de la empresa y algunas instalaciones de la Estancia Lago Escondido, incluida una parte de la mansión del magnate inglés Joseph Lewis, habrían sido construidas sobre el camino público.

Conocidos estos hechos y redoblada la exigencia de que se cumpla con el fallo judicial, durante los últimos días, unas 300 personas -empleados de la empresa Hidden Lake S.A. y sus familiares-, se han instalado en la capital rionegrina, con el fin de llevar adelante una serie de acciones contra el juez y contra los amparistas para impedir el cumplimiento de la decisión de la justicia, ante un fallo judicial que puede ser considerado ejemplar en la lucha por el acceso público a las costas de ríos y lagos en nuestro país.

Al parecer, la empresa habría anunciado que despediría a sus 200 empleados si se habilita el camino público vecinal. El representante de la empresa y del multimillonario, Nicolás Van Ditmar, llegó a expresar públicamente que protegerán la propiedad privada "con sangre si hace falta", "con el Winchester en la cintura", declaraciones que son públicas y cuya grabación se encuentra a disposición de quien desee escucharla, en sitios periodísticos de aquella ciudad, como por ejemplo www.adnrionegro.com.ar.

A las declaraciones de Van Ditmar, se le sumó un episodio de agresión contra el dirigente y candidato a gobernador por la Confluencia para la Emancipación, Omar Lehner. Según se difundió en medios de la ciudad, "un grupo de manifestantes rodeó al político de 73 años y le lanzaron improperios de toda índole e incluso le atravesaron caballos y banderas". Otros medios registraron agresiones y amenazas a periodistas que intentaban cubrir los hechos. Lehner radicó una denuncia contra Van Ditmar y un grupo de unas 100 personas, por "insultarlo, injuriarlo, maltratarlo verbalmente, recibir empellones físicos, como también ser tomado de la cintura, le impedían circular afectando su libertad ambulatoria".

La entidad de los sucesos fue tal que incluso el vicegobernador de la provincia, Bautista Mendioroz, rechazó las expresiones del administrador Van Ditmar, y calificó como "inconcebible que se recurra a la violencia contra funcionarios o dirigentes políticos como respuesta a un fallo judicial que perjudica sus intereses".

Las organizaciones que vienen denunciando estos hechos, señalaron que la agresión se suma "a varios actos de violencia como el patoteo ante el domicilio del juez del Superior Tribunal de Justicia Dr. Sodero Nievas, ante locales partidarios, amparistas y periodistas en estos días en Viedma y con anterioridad a periodistas de la comarca andina y a las organizaciones que se han manifestado y trabajan para que se cumpla la resolución judicial de apertura del camino de libre acceso al Lago Escondido".

Resulta inadmisible que de manera desembozada representantes de una empresa privada de origen extranjera procuren ejercer presión para lograr que no se cumpla una acción judicial destinada a garantizar derechos consagrados a toda la ciudadanía por nuestra normativa vigente.

Por otro lado, es notorio que el problema descripto se inscribe en el marco de la problemática de la extranjerización de la tierra y el agua, que ha contado hasta el momento con la permisiva inacción del Gobierno nacional. Por estas razones es que entendemos necesario que el Congreso de la Nación actúe como caja de resonancia de estos hechos, rechazando enérgicamente las acciones intimidatorias y las declaraciones amenazantes de un representante de la empresa, así como la agresión como método de defensa de sus intereses.

Por los motivos expresados es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto.-