La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación ante la represión llevada a cabo por la policía entrerriana el lunes 21 de diciembre de 2009 en la ciudad de Concordia (Entre Ríos), contra trabajadores del arándano que reclamaban su inclusión en el Programa Interzafra, hechos que dejaran como resultado heridos, detenidos y lesionados, así como gravísimas acusaciones de posteriores golpizas y torturas en dependencia policial.

Señor presidente:

El lunes 21 de diciembre de 2009 a las 20 horas, en la ciudad entrerriana de Concordia, más precisamente en la céntrica intersección de calles Urquiza y 1º de Mayo, un grupo integrado por menos de un centenar de trabajadores de la recolección de arándanos, se movilizaba solicitando ser incluidos en el programa Interzafra de empleo y capacitación para peones rurales.

De acuerdo a la denuncia presentada formalmente por la Liga de los Derechos del Hombre, en ese momento y sin mediar advertencia, personal policial a bordo de motocicletas de esa fuerza, sometió a los manifestantes a una brutal golpiza, para luego detener a una decena de ellos, entre los que se encontraban los señores Juan Martín Laffite, Leonardo Federico Miño, Jorge Antonio Flores, Alfredo Armando Flores y Marcelo Alejandro Álvarez.

Según una de las crónicas periodísticas, los manifestantes habían prendido fuego gomas, "lo que generó que rápidamente se montara un despliegue policial (...). Junto con el operativo policial, llegó una autobomba que apagó el fuego y también se ocupó de tirar agua sobre algunos manifestantes. Así comenzaron las corridas y en pocos minutos un puñado de motos y cuatriciclos policiales, comenzaron a intentar despejar la calle mientras otro grupo especial, con escudos y armas largas, cruzaron plaza 25 de Mayo para efectuar disparos de bala de goma. Acción que declinó en un verdadero caos. El miedo y la furia les ganó a todos, lo que dio paso a las corridas e insultos, mientras los efectivos policiales agarraban al 'boleo' a algunos manifestantes, que fueron detenidos" (publicado en Hora Digital).

Las coberturas informativas más prudentes hablan de "un accionar altamente desmedido por parte del personal policial", dado que entre los manifestantes se encontraban mujeres y niños. De acuerdo a los informes periodísticos, la violencia y arbitrariedad del accionar policial fueron tales que, incluso fue detenido un joven discapacitado que ni siquiera participaba de la movilización. Por otra parte, al concurrir a la dependencia policial, no se permitió ver a los detenidos ni se informo sobre su situación de detención, por lo tanto su privación de libertad se vuelve ilegal, atento a que no estaban cometiendo ningún delito penal, ni siquiera una contravención de las estipuladas en la ley Provincial Nº 3815. El delegado en Concordia de la Subsecretaría Provincial de Derechos Humanos, Rubén Bonelli, fue el único que pudo ingresar a la jefatura policial para preguntar por un joven discapacitado que en la reyerta fuera detenido y que sólo pasaba por el lugar.

Al frente del operativo, con presencia en la calle, se encontraban los funcionarios Héctor Olivera, Subjefe de Operaciones de la Policía de Concordia; y el Jefe de Investigaciones de la misma dependencia, Comisario Lucio Villalba.

Registros fotográficos publicados en los medios digitales e impresos de la provincia, dan cuenta de los lesionados por el accionar represivo. Distintas organizaciones políticas y sociales, tales como la CTA, y los partidos Socialista, Comunista y Humanista, denunciaron los hechos públicamente, y por fin, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), filial Concordia, presentó una denuncia penal por privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y torturas, contra los policías que intervinieron la noche de la represión contra trabajadores del arándano, así como "a quienes dieron la orden de reprimir". La denuncia fue presentada por el periodista Leandro Pozzi en representación de la LADH, ante la Fiscalía en turno a cargo de Gustavo Castillo.

"Durante la detención fueron vejados y apremiados la mayor parte de los ciudadanos detenidos por parte de los funcionarios policiales, sin poder individualizar a los agresores, que les causaron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos se encuentra aún internado y bajo observación", asegura la presentación, ampliando asimismo que "el día 22 de diciembre, pasadas las 12.30 del mediodía, por interposición de un habeas corpus presentado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ante el Juzgado de Garantías, se pudo obtener la liberación de las víctimas, las que presentaron graves evidencias de golpizas y torturas". Además, subraya: "Pudimos observar quemaduras".

La denuncia solicita una serie de medidas de prueba y tomar declaraciones testimoniales a las víctimas directas de los hechos y a testigos, entre éstos al delegado Bonelli de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Pocos días después, el Fiscal en Turno, Dr. Gustavo Castillo, advirtió "severamente" a las autoridades policiales por los hechos ocurridos. Señaló que "en lo sucesivo la información respecto a los derechos de las personas conforme el artículo 62 del Código Procesal Penal debe ser efectuada en las primeras diligencias y por personal idóneo". También se ocupa de "advertir severamente al Jefe Departamental que los únicos funcionarios habilitados para incomunicarlos son los Jueces de Garantías de la Jurisdicción de acuerdo a las normas rituales". Además se "ordena al médico forense para que realice un completo y concienzudo examen físico" a los detenidos tras la represión policial y que fueran posteriormente torturados algunos de ellos en el interior de la Jefatura Departamental de Policía.

Finalmente, del escrito judicial se desprende que se abre una causa para determinar responsabilidades y que el Ministerio Público Fiscal abordará una investigación, donde a los funcionarios policiales "se les notificó sobre audiencia para recibirles declaración".

Ante tales hechos, que parecen propios de las épocas de la dictadura, la Cámara de Diputados de la Nación no puede permanecer incólume, porque están en juego derechos elementales de los argentinos.

Por otro lado, no puede dejar de recordarse la triste historia reciente de brutalidad policial en esa ciudad entrerriana. Hace apenas seis años, una helada noche de julio de 2003 un grupo integrado por cuatro policías que hacían una ronda nocturna en el móvil policial 300, secuestró y torturó a cuatro jóvenes humildes a los que luego arrojaron al arroyo Ayuí, una madrugada que registró dos grados bajo cero. Uno de los jóvenes, apellidado Balbuena, no pudo sobrevivir. El testimonio del médico forense José Alberto Gesualdi reveló un salvajismo que excede a sus responsables y que remite a las peores épocas de la dictadura. Los policías autores del crimen, en un fallo ejemplar, fueron condenados a prisión perpetua en 2005, por el tribunal integrado por las juezas Mariela Rojas, Alicia León y Patricia Pérez. Este tipo de conductas, inadmisibles, deben ser desterradas definitivamente de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, es altamente preocupante la sucesión de hechos represivos de esta naturaleza en diferentes puntos del país, que se dan como respuesta unívoca ante situaciones de las mismas características: el reclamo de trabajadores desocupados que piden ser incluidos en los planes que anuncia el gobierno nacional, comienza a recibir como contestación un proceso que semeja una escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, dirigidos puntualmente contra las organizaciones sociales y autoconvocados que quedan fuera del arbitrario reparto de los beneficios sociales.

El Congreso de la Nación debe alzar su voz cuando se vulneran los derechos humanos fundamentales, y por esa razón es que debe repudiar con total claridad la brutal represión de las que han sido víctimas los trabajadores arandaneros que se manifestaban en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

En virtud de estas consideraciones es que solicitamos a cada integrante de esta Cámara que acompañe el presente Proyecto de Declaración.