La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que informe:

1. Si en el ámbito de dependencias judiciales, penitenciarias y/o comisarías, existe algún control sobre las llamadas que los demorados, detenidos y/o condenados realizan desde teléfonos públicos.

2. En su caso:

a). Cuál es el mecanismo de control que se realiza para constatar si demorados, detenidos y/o condenados utilizan los teléfonos públicos para realizar "secuestros virtuales".

b). Indique si producto de estos controles se ha constatado que los demorados, detenidos y/o condenados utilizan los teléfonos públicos para realizar este tipo de conductas delictivas. En caso afirmativo a la pregunta anterior, indique qué medidas de seguridad se adoptaron para prevenir disminuir y combatir esta nueva modalidad delictiva.

3. Informe si durante el 2007 se han realizado campañas informativas sobre "secuestros virtuales" a fin de alertar a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad delictiva.

Señor presidente:

Los internos en establecimientos tienen el derecho a comunicarse periódicamente en forma oral o escrita con su familia, amigos y abogados ya que así lo establece el artículo de la ley 24.660. Pero hoy existe una nueva conducta delictiva denominada "secuestros virtuales" que se realizan desde los teléfonos públicos de los mismos establecimientos y se ha cobrado víctimas fatales.

Los secuestros virtuales son un flagelo instalado en la actualidad y es necesario adoptar decisiones para prevenirlos. Cabe mencionar que un secuestro virtual derivó en la muerte de un anciano de 71 años luego de recibir un llamado extorsivo, en el que le advertían que su hijo estaba secuestrado. La llamada, partió del penal de Ezeiza, de un teléfono público de ese complejo penitenciario. El anciano pidió auxilio en un remisería vecina donde contó que lo acababan de llamar diciendo que su hijo estaba secuestrado y que querían un rescate de 5.000 pesos, cuando en realidad todo era una farsa.

Éste fue el segundo caso en el que la víctima de un secuestro virtual termina muerta, ya que en 2005 el despachante de aduana Facundo Azulay fue asesinado de un balazo en la cabeza en una villa del partido bonaerense de La Matanza cuando fue secuestrado luego de ir a pagar un rescate por un familiar que en realidad no había sido capturado. El líder de la banda que cometió este crimen también era un preso del penal de Ezeiza que utilizó un teléfono público del complejo para efectuar el llamado.

Es necesario que en el ámbito de dependencias judiciales, penitenciarias y/o comisarías, exista algún control de seguridad sobre las llamadas que los demorados, detenidos y/o condenados realizan desde teléfonos públicos, ya que estos son los actuales medios que utilizan los demorados, detenidos y/o condenados para realizar los secuestros virtuales.

El Estado debe garantizar al ciudadano el derecho a la seguridad, esta modalidad de secuestros virtuales son un problema que se extiende y por lo tanto debemos contribuir con los medios adecuados para evitarlo.

Es por lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.