La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir, con carácter urgente, la presencia del Señor Ministro del Interior, Doctor Aníbal Fernández, a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en los términos del Artículo 71ª de la Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones acerca de las graves irregularidades denunciadas sobre la falta de control de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Policía Federal Argentina -organismos que dependen del Ministerio del Interior- en relación al funcionamiento de talleres clandestinos textiles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que dieron lugar a un trágico accidente el día 30 de abril pasado en el murieron seis personas que trabajaban en condiciones prácticamente de esclavitud.

Asimismo, se requiere al Señor Ministro del Interior que informe sobre las medidas que las dependencias de su jurisdicción -y en especial la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina- llevan adelante para prevenir y reprimir el tráfico ilegal de personas.

Por último, se le solicita al Señor Ministro del Interior que brinde detalles sobre el presunto pago de coimas a efectivos policiales de las Comisarías 13ª y 40ª de la Policía Federal Argentina para facilitar el funcionamiento de talleres irregulares y qué medidas se han tomado con el Jefe de esa dependencia y con los efectivos sospechados.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objeto requerir la presencia del Señor Ministro del Interior en este recinto de la Honorable Cámara de Diputados, en los términos del Artículo 71 de la Constitución Nacional, para responder interrogantes de los señores legisladores sobre un tema que conmovió a la opinión publica nacional.

Una vez más, el fuego y la muerte dejaron en evidencia las deficiencias del control de las actividades comerciales y migratorias por parte del Estado, y otra vez desnudaron la incapacidad de las autoridades, fueran del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del Gobierno Nacional, para aplicar de manera sostenida políticas de fiscalización y control coordinadas y efectivas.

La muerte de seis ciudadanos bolivianos, cuatro de ellos menores de edad, en el incendio de un taller de costura en el barrio de Caballito puso nuevamente de manifiesto la precariedad vigente en materia de controles por parte de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas irregularidades no eran desconocidas por nuestros funcionarios. En efecto, El día 13 de Junio de 2005, el Sr. Carlos Sapere siendo funcionario de la Dirección General de Migraciones (Jefe del Departamento de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones) le envío al Director de Control de esa entidad un Memorando denunciando las distintas irregularidades en los talleres textiles y en la cual, también, alertaba a sus superiores del trafico ilegal de ciudadanos bolivianos indocumentados.

A su vez, el titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera y responsable del comedor comunitario La Alameda, involucro a policías en practicas de cohecho, en torno al caso de ciudadanos indocumentados.

Los mismos vecinos habían denunciado las mencionadas situaciones irregulares y en el mes de Septiembre de 2005 la Defensora del Pueblo de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dra.Alicia Pierini, presentó una denuncia penal sobre las condiciones de esclavitud en talleres clandestinos

Señor Presidente, la precariedad de las condiciones laborales y las aberrantes situaciones de esclavitud a las que han sido sometidos los ciudadanos bolivianos no pueden existir sin corrupción y nada ni nadie deberá interponerse para impedir que se la combata hasta erradicarla definitivamente.

Está claro que, al igual que en ocasiones anteriores, en el derrumbe e incendio del taller clandestino de Caballito las responsabilidades son compartidas, múltiples y cruzadas. Pero lo cierto es que es el Estado el que tiene la responsabilidad indelegable de hacer cumplir la ley. Y más grave aún es la responsabilidad cuando teniendo conocimiento de las irregularidades, no se ha actuado en consecuencia para prevenir el trabajo esclavo y hechos como el que terminó con la vida de seis personas.

La situación que genera el presente pedido de informes es aún más grave si se considera que la Argentina -mediante la sanción de la Ley 25.632- ha aprobado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.