La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe:

- Quién ordenó la represión contra los/as trabajadores/as del Casino de Buenos Aires, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2007.

- Cuántos efectivos de Prefectura Naval participaron de la misma y quién fue el responsable del operativo.

- Qué sanciones se impusieron contra quienes habían participado de tal represión y contra su/sus responsable/responsables.

- Cuántas personas de la fuerza de seguridad actuante fueron separadas y sancionadas por dicho acto.

- Cuáles fueron las órdenes impartidas a las fuerzas de seguridad durante la manifestación de los trabajadores del Casino de Buenos Aires que tuvo lugar el 30 de enero de 2007.

- Cuáles fueron los motivos por los cuales se llevó a cabo un operativo represivo conjunto entre Policía Federal y Prefectura Naval en esa fecha contra los y las trabajadoras que estaban participando de dicha manifestación.

- Quiénes fueron los responsables del operativo represivo conjunto en esa fecha.

- Si ha realizado algún tipo de investigación sobre las denuncias de aplicación de apremios ilegales y torturas a las personas detenidas en la manifestación del 30 de enero de 2007. En ese caso, cuál ha sido el resultado de esa investigación y qué medidas se han implementado a partir de ello.

- Informe si la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido a raíz de las denuncias formuladas sobre este tema. Si es así, remita la información correspondiente.

Señor presidente:

Durante el transcurso del año 2007, la empresa Casino de Buenos Aires, con sede en la zona de Puerto Madero, fue escenario de varios conflictos sindicales. Estos estuvieron relacionados, básicamente, con las pésimas condiciones laborales a las que se ven sometidos las y los trabajadores de dicha empresa y el impulso de estos últimos para la conformación de una comisión de delgados/as que actuara en defensa de sus intereses y reclamos laborales. A ello se sumó la disputa entre dos sindicatos, el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) y el que nuclea a los trabajadores de juego de azar y afines (ALEARA), quienes desconociendo la voluntad de los trabajadores/as y la representatividad de la comisión de delgados/as conformada, pretendían encuadrar a los trabajadores/as del Casino de Buenos Aires bajo su órbita.

Uno de los episodios más álgidos de estos conflictos tuvo el 9 de noviembre de ese año, cuando los y las trabajadoras de la empresa llevaban a cabo una asamblea informativa. En ella se debatía la reducción de la jornada laboral como consecuencia de los problemas de salud provocados por las insalubres condiciones de trabajo -manifiestos, por ejemplo, en los altos índices de pérdidas de embarazos-, conocidos también por la empresa debido a un informe realizado y elevado oportunamente por los y las empleadas donde constaban las patologías sufridas. Durante la celebración de la reunión, un grupo de personas con distintivos del SOMU ingresó en el lugar y propinó a los y las asambleístas agravios verbales y físicos, originando la reacción de estos últimos y provocando incidentes que dejaron como saldo una docena de personas heridas y varios destrozos en las instalaciones. Estos incidentes, que indicarían asimismo una maniobra empresarial para evitar la satisfacción de las demandas de los y las trabajadores, dieron como resultado, por un lado, el despido de 35 trabajadores/as, acusados/as de generar hechos de violencia, pese a que lo único que se les puede imputar es la defensa, a través del dialogo, de sus derechos laborales, hecho que fue imposible mantener por los ataques a los que fueron sometidos/as. Por el otro, tuvo lugar la intervención del Juzgado Federal Nro. 1, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, quien determinó la clausura del Casino de Buenos Aires, medida que se mantuvo hasta el miércoles 14 de noviembre de 2007.

Pese a la violencia de la que fueron objeto y de la complicidad empresarial en la misma, los y las trabajadoras continuaron implementado medidas de fuerza pacíficamente, entre las cuales se destacaban los acampes en las inmediaciones del Casino. Empero, en la noche del 4 de diciembre, el grupo Albatros de la Prefectura Naval desató una violenta represión contra quienes acampaban en el acceso al Casino, represión que ni siquiera se detuvo ante trabajadoras embarazadas. Allí, además del abogado Edgardo Moyano, defensor de los y las trabajadores del Casino, fueron detenidos 11 trabajadores/as mientras otros 7 debieron ser trasladados al Hospital Argerich con politraumatismos y heridas de diferente consideración. Cabe destacar que el en ese momento Ministro de Interior, Aníbal Fernández, aseguró el 5 de diciembre que se separaría y sancionaría a los miembros de la Prefectura que habían incumplido la orden de no intervenir en el conflicto gremial, puesto que según palabras del propio Ministro recogidas por el diario Clarín del 5 de diciembre, ellos debían "cuidar la situación y no participar activamente". Con ello, entonces, no se sabe ni quién ni por qué fue ordenada la represión.

A su vez, durante la tarde del día siguiente, el Ministerio de Trabajo ordenó a la empresa, según consignaron los medios de comunicación nacionales, el cese de los despidos y dispuso el dictado de la conciliación obligatoria que comenzaría a regir el 12 de diciembre, perdurando durante 15 días hábiles.

El miércoles 12 de diciembre, a pesar de la vigencia de la conciliación obligatoria, los y las trabajadores despedidas, cuyo número se elevaba para esos momentos a 81, se vieron impedidos de ingresar a la empresa puesto que esta, desacatando la medida del Ministerio de Trabajo, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal Nro. 1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Aún cuando no era de su competencia, este Juzgado dio lugar al recurso pero, luego de una reunión sostenida ese mismo día por la Jueza con diputadas nacionales, legisladoras/es porteñas/os y delegados/as de los/as trabajadores/as, se ordenó la clausura nuevamente del Casino Flotante.

Ello no impidió que la empresa continuara con los despidos, que hacia fines de diciembre afectaban a 97 trabajadores/as, situación por la cual los y las trabajadoras continuaron implementando medidas de protesta. Una de ellas tuvo lugar el 30 de enero de 2008 y consistió en una pacífica manifestación ante la cual se respondió con una inusitada violencia represiva. En efecto, en la noche de esa jornada, mientras transcurría la manifestación, la Policía Federal y la Prefectura Naval, en operativo conjunto y con una gran cantidad de personal, reprimieron a los trabajadores durante más de una hora con un saldo de 16 personas detenidas. Cabe destacar que 10 de las detenciones ocurrieron en la sede de la Facultad de Ingeniería, donde ninguna de estas fuerzas tiene jurisdicción para actuar, acto que entonces violó burdamente la autonomía universitaria, rememorando la tristemente célebre "Noche de los Bastones Largos".

Este operativo tomó un ribete abominable cuando la totalidad de los trabajadores detenidos (10 por la Policía Federal y 6 por la Prefectura Naval) fueron sometidos a ultrajes, torturas y apremios ilegales en dependencias de ambas fuerzas. Los detenidos por la Prefectura Naval, luego de ser esposados, fueron bajados del transporte en el que estaban siendo trasladados y de a uno golpeados por un grupo de no menos de 4 personas cada uno, para luego ser nuevamente introducidos a los celulares y recién allí llevados a dependencias oficiales para ser fichados, procedimiento que recuerda a las más oscuras épocas de nuestro país.

Los detenidos por la Policía Federal corrieron suertes parecidas, destacándose la situación particular de Daniel Venditti, supervisor de juegos, que fuera brutalmente golpeado luego de ser reducido teniendo como consecuencia una lesión en su ojo derecho que hizo en un principio temer por la integridad de dicho órgano.

Lo que motiva este pedido de informes se centra justamente en los episodios represivos aquí reseñados, no sólo porque su fiereza es inadmisible en un Estado de Derecho donde el derecho a la protesta es parte de nuestras garantías constitucionales, sino también porque es imperioso, habida cuenta de la experiencia histórica política de la Argentina de las últimas décadas, que las fuerzas de seguridad actúen bajo el control irrenunciable de los poderes democráticos y en un todo respetuosas de la vigencia de los derechos humanos.

Por todo ello solicitamos a este cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Resolución.