La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su máxima preocupación por el daño ambiental que generaría el proyecto minero inicialmente propiciado por la Compañía anglo- australiana Río Tinto -hoy en manos de la brasileña Vale do Rio Dolce- en el extremo sur de la provincia de Mendoza, a orillas del Río Colorado.

Señor presidente:

La compañía minera anglo- australiana Río Tinto tenía previsto invertir unos 900 millones de dólares para extraer cloruro de potasio, mineral que es un nutriente para las plantas y se utiliza como fertilizante en agricultura, en el extremo sur de la provincia de Mendoza, a orillas del Río Colorado. Con las 2,4 millones de toneladas anuales que proyectaba producir Río Tinto, nuestro país se transformaría en el quinto productor mundial de potasio y el primero de América del Sur.

En enero del presente año, Río Tinto anunció la venta de su proyecto en Río Colorado a Vale do Rio Dolce, la mayor minera brasileña. En su momento, la empresa anglo-australiana había hecho la presentación de este proyecto como amigable con el medio ambiente, manifestando que la extracción del mineral se realizaría por intermedio de pozos, sin utilizar químicos. Pero en las organizaciones ambientalistas y en los gobiernos de La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro, existen temores de una posible contaminación ambiental, en especial en lo referido a la salinización de las aguas del río.

De configurarse esta situación, ello sería violatorio de la cláusula constitucional 41, incorporada en la Reforma de nuestra Carta Magna en el año 1994, la cual consagra:

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".

Por cada tonelada de potasio que se extrae de la tierra, también saldrán 1,21 toneladas de cloruro de sodio (sal). Lo que agrava esta situación es que dicha sal no será comercializada, sino que se depositará, como residuo, en las cercanías del Río Colorado. En el proceso minero se empleará un metro cúbico por segundo de agua del Río Colorado, lo que produciría un fuerte impacto ambiental. Dicho río, que nace en Los Andes y desemboca en el Océano Atlántico, tiene una longitud de 1000 kilómetros y es un curso de agua compartido por las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, donde se lo utiliza para riego y consumo humano.

Toda esta situación, que genera un gran preocupación en la región, provocó un fuerte cuestionamiento por parte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que es el organismo que tiene a su cargo proteger los recursos de la cuenca, el cual le advirtió a la provincia de Mendoza que será responsable del eventual daño ambiental que ocasione el proyecto de la compañía minera.

El Presidente del COIRCO, Miguel Boyero, ha manifestado que ya se ha puesto al tanto de lo que está sucediendo a las Secretarías de Ambiente y Minería y otras dependencias del Gobierno Nacional.

Es interesante resaltar que de acuerdo a un informe técnico proporcionado por el COIRCO, al final de los 40 años de vida útil de la mina, la pila de sal descartada ocupará una superficie de 210 hectáreas, con una altura de 50 metros. El organismo advierte que esto pondría en riesgo la actividad productiva de más de 150000 hectáreas que hacen uso del agua del río para riego y la provisión de agua de unas 300000 personas, principalmente de la provincia de La Pampa. Esta última provincia solicitó a Mendoza que rechace el inicio de las tareas hasta tanto sean completados los estudios ambientales correspondientes y que asimismo, se obligue a la compañía minera a reaprovechar los residuos de sal, evitando que queden como pasivo ambiental, como una amenaza permanente a la contaminación salina del Río Colorado. De igual modo, esta situación obligaría a reconsiderar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Bahía Blanca, planteado con un acueducto desde el Río Colorado.

Desde la Universidad Nacional de Cuyo se advirtió que aún cuando la compañía minera se ocupe de encapsular el depósito de sal (colocando capas de arcilla compactada y sobre ellas membranas aislantes para impedir la infiltración de esa sal solidificada en la superficie ante lluvias excesivas), ello no brinda garantías ante posibles tormentas o sismos. Esto generaría un pasivo ambiental muy grande que compromete a otras provincias.

Teniendo en cuenta la gravedad del caso expuesto, es que solicito, Sr. Presidente, la aprobación de este Proyecto de Resolución.