La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar la acción de "bloqueo" a empresas cereleras por parte de agrupaciones sindicales, en el complejo oleaginosa ubicado en el norte de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

En Febrero de este año, sectores sindicales enrolados en la CGT, impidieron la actividad en parte del mayor complejo oleaginoso del país, el norte de Rosario. La CGT delegación San Lorenzo, había lanzado un paro por tiempo indeterminado para exigir un salario mínimo de 5 mil pesos.

Por su parte el gremio de Aceiteros no se plegó a esta medida, ya que informaron que han conseguido el aumento solicito a fin del año pasado. La medida por parte de la CGT San Lorenzo, impide el derecho a trabajar de los trabajadores aceiteros. Unas 150 personas, no permitieron que más de 5000 ocupen su puesto de trabajo.

Esta situación provocó daños cuantiosos. La Bolsa de Comercio de Rosario se sumó también a los diferentes reclamos realizaron las cámaras empresarias. Esta entidad planteó su preocupación por el deterioro de la imagen de la Argentina, como país exportador.

Lo repudiable es la metodología recurrente que toman estas agrupaciones, ya no se trata de la realización de una huelga, buscando reivindicar derechos, o mejoras salariales, sino la extorsión permanente. Este tipo de medidas se toman, a todo aquello que se interpongan en sus reclamos y peticiones, esto no solo le sucede a empresas cerealeras, también empresas de medios periodísticos, han sufrido este tipo de accionar. Agrupaciones que responden al Gobierno Nacional utilizan esta metodología intimidatoria, que no solamente perjudica a las empresas de medios gráficos, sino que también lesionan gravemente la libertad de expresión en nuestro país.

Debemos tener conciencia del daño que causa este tipo de acciones, en donde se intenta detener la circulación de diarios en nuestro país. Es sin dudas una de las medidas más evidentes de tendientes a vulnerar la libertad de expresión.

A este ataque a la libertad de prensa, tenemos que sumar la inacción del Gobierno Nacional. A pesar que esta medida es un delito tipificado en nuestro código Penal, funcionarios del Estado encargados de velar por su cumplimiento no tomaron ninguna medida destinada a preservar el derecho de los ciudadanos a informarse. Transgredir el orden institucional de nuestra República, implica no solo la comisión del delito, sino también quebrantar un respeto a esta actividad que es fundamental en el desarrollo democrático de nuestro país.

A todas estas apreciaciones, debemos sumar el poco interés que tuvieron algunos funcionarios al minimizar el accionar sindical. A su vez el Poder Judicial se expreso a través del Juez Gastón Polo Olivera, quien dispuso que un grupo de manifestantes no pueden cercenar la circulación de medios impresos. Y ordenó a las fuerzas de seguridad que hagan valer esta prohibición y eviten los bloqueos. Esta orden judicial no se cumple, ya que la policía se niega reiteradamente a la tomar las denuncias correspondientes.

Por lo expuesto, y entendiendo que este tipo de medidas, lesionan la libertad de expresión, quebrantan el respeto a la actividad de las empresas necesarias para el desarrollo económico y dañan seriamente nuestro ordenamiento institucional Republicano, es que solicito la aprobación de este presente proyecto de Resolución.