La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos pertinentes, se sirva informar a la brevedad y por escrito sobre distintos aspectos referidos al cumplimiento de los contratos de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitanas, explotados por las empresa Trenes de Buenos Aires S.A., Metrovias S.A. y Ferrovias S.A., a saber:

1) El estado de situación y avance en las renegociaciones contractuales entre el Poder Ejecutivo y las empresas concesionarias de servicios público de transporte ferroviario.

2) El estado de ejecución y financiera de los contratos de concesión.

3) El estado de las demandas y reclamos entre las partes resueltos y en curso.

4) Las medidas que se tomaron en función de las denuncias y/o informes efectuados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Sindicatura General de la Nacion y la Auditoría General de la Nación

5) La situación legal o contractual de la operación de las ex Líneas Roca y San Martín, gerenciadas por la empresa UGOFE S.A.

Señor presidente:

Sin lugar a dudas, la reciente tragedia de la Estación Once constituyó un lamentable hito en la historia de destrucción y desguace de la red ferroviaria metropolitana de las que son responsables los distintos gobiernos de las últimas décadas.

Mas allá de coincidir en que el origen de esta destrucción planificada de toda nuestra red de ferrocarriles nacionales se remonta al denominado "Plan Larkin" de la década del 60, el periodo de mayor alcance y desarrollo de esta política antipopular y antinacional se extiende desde el comienzo del proceso privatizador en la década del noventa hasta el presente.

El modelo de gestión del transporte público ferroviario basado en contratos de concesión con empresas privadas fue planteado como la antítesis de la ineficiencia estatal que condenaba, según su relato, al abandono y la mala calidad del servicio a miles de pasajeros.

A partir del ano 2002, con el decreto No. 293/2002 que declaró la emergencia ferroviaria, se profundizó esta visión privatista de un servicio público esencial como es el transporte de pasajeros, creando un marco de discresionalidad tal para las empresas y de los funcionarios estatales como no se había visto antes. La extensión bochornosa de una política de subsidios sin control corono el absurdo de que el pasajero pasara a ser una molestia para empresa concesionaria, dado que su rentabilidad estaba garantizada por los aportes estatales.

Por otro lado, con la escandalosa "administración" del grupo Metropolitano de las ex- líneas Roca y San Martín, hizo inevitable la caída de su concesión, se presento la primera oportunidad de plantear una verdadera alternativa al modelo neoliberal de gestión del transporte publico. El Secretario del área de ese momento, Ricardo Jaime, y el entonces Presidente Nestor Kirchner optaron por entregar "provisoriamente" la operación de dichos ramales a las restantes empresas concesionarias. Esta "provisoriedad" llega hasta el día de hoy, siete anos después de la salida de la empresa del multi-procesado Sergio Tasselli, a la poste, dueño de los talleres Materfer, empresa que el Estado Nacional ha contratado nuevamente para la reparación y reacondicionamiento del material rodante comprado al exterior.

Como afirmáramos al pedir la derogación del Decreto de Emergencia ferroviaria, esta situación de "emergencia perpetua" constituye una verdadera paradoja convirtiéndose este marco tan precario, en el mejor "clima de negocios" que pudieron encontrar los grupos concentrados que controlan las empresas concesionarias. Según parece, el axioma liberal que pontifica que "sin reglas claras" no existe el clima necesario para los negocios, es ridiculizado por la verdadera naturaleza de una parte importante del empresariado argentino que, en complicidad con funcionarios incompetentes y/o corruptos, solo esta dispuesto a hacer negocios con un marco legal inexistente y una renta garantizada por el dinero de todos los ciudadanos.

Por todo esto, consideramos que una revisión de los contratos de concesión y de su efectivo cumplimiento por parte de las empresas debe ser el primer paso para desandar dos décadas de concepciones neoliberales que pusieron el foco en la rentabilidad de

algunos grupos económicos concentrados por sobre la función social de un servicio publico de primera necesidad para millones de trabajadores y ciudadanos en general.

El rol del Congreso, en este sentido, debe ser el de colaborar con el necesario y demorado cambio de paradigma en cuanto a la gestión del transporte publico, asignando las respectivas responsabilidades a las empresas que hayan incumplido con sus obligaciones y a los funcionarios que no hayan cumplido con la función para la cual fueron designados.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los señores Diputados.