El Senado y Cámara de Diputados...

DEBER DE INFORMACION

Art. 1° - Las empresas Licenciatarias de Telecomunicaciones que presten servicio telefónico, de Radiocomunicaciones Móviles, de Telefonía Móvil, de Comunicaciones Personales y de Radioconcentración de Enlaces, deberán implementar, en el servicio adicional con carácter oneroso para el usuario llamante mediante el cual las llamadas que no se completan en la red de destino en el número nacional marcado son desviadas hacia una casilla de mensajes, en forma previa al desvío y al inicio de cualquier modalidad de tasación de llamada, un sistema de aviso mediante mensaje de voz, en forma gratuita, indicando que el número al que llama el usuario no está disponible, ofreciendo la opción de que el usuario llamante corte e intente nuevamente o espere para que su llamada sea desviada a una casilla de mensaje.

Art. 2º - Al ofrecer el servicio de desvío de llamada a casilla de mensaje mediante mensaje de voz, las licenciatarias deberán indicar al usuario llamante que elige dejar mensaje, el precio del mismo.

Art. 3° - El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma será sancionado conforme a las previsiones de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Art. 4° - La presente Ley comenzará a regir a los 30 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5° - De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene origen en el expediente 1759-D-2006, Vaca Narvaja y otros.

El marco regulatorio vigente en materia de telecomunicaciones propicia la incorporación y desarrollo de nuevos servicios. Corresponde al Estado garantizar que ese objetivo se cumpla en un marco de estricto cumplimiento respecto de los derechos del usuario.

En el caso de la información obligatoria o necesaria para el consumidor‚ ésta debe llegar a sus destinatarios en condiciones que posibiliten su apropiada percepción y comprensión.

Un adecuado funcionamiento de los servicios públicos tiene como condición necesaria, que la información sea clara y se encuentre disponible en todo momento, y que los prestadores que deban brindarla la pongan a disposición en forma amplia, garantizando la transparencia de las tarifas y/o precios que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al público: ello constituye un principio elemental básico, en la defensa de los derechos de los usuarios.

En tal sentido, el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL establece entre los derechos de los consumidores, el de la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, con el objeto de que éstos puedan realizar en forma razonada la adquisición de bienes y servicios.

El mencionado artículo también señala que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.

Por su parte, el artículo 4° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor fija como deber de los proveedores el de suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de las características de las cosas o servicios que comercializan, y el artículo 7º de dicha ley establece que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener sus modalidades, condiciones o limitaciones.

En virtud de ello es obligación del Gobierno Nacional velar por la defensa de los intereses del consumidor, así como generar las condiciones necesarias para garantizarle la libertad de elección en la relación de consumo.

El Reglamento General de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, incorporado como ANEXO I al Decreto Nº 764/2000, en su artículo 10 punto 10.3, inciso "a" fija como obligaciones de los prestadores "Garantizar a los Clientes y Usuarios los derechos que les corresponden, de acuerdo con la normativa aplicable" y el inciso "b", fija como Obligaciones hacia los Clientes y/o Usuarios: "Garantizar ...la transparencia de la información y de las condiciones de contratación, así como la publicidad de los precios de los servicios que presten..".

El artículo 11 punto 1, del citado reglamento establece que los prestadores deberán aplicar las tarifas "garantizando la transparencia de los precios que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al público".

Actualmente, las licenciatarias de los servicios de telecomunicaciones ofrecen a sus abonados/as un servicio adicional, mediante el cual, llamadas que no se completan en la red de destino en el número nacional marcado son desviadas por el prestador hacia una casilla de mensajes.

Cabe señalar, que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, quien origina la llamada debe pagar únicamente el precio correspondiente a la comunicación establecida con la red de destino en el número nacional marcado, debiendo el titular del servicio afrontar el pago de los servicios adicionales contratados que el abonado llamante desconoce.

El citado servicio de desvío de llamada hacia una casilla de mensaje es contratado por el abonado llamado y desconocido por el usuario llamante.

Así, el desvío de llamada se produce sin obtener el necesario consentimiento previo del usuario llamante, quien debe afrontar el pago del servicio de casilla de mensaje en las mismas condiciones que una llamada completada.

Debido a ello el usuario/a llamante no tiene la posibilidad de efectuar su decisión de consumo; es decir, elegir cortar e intentar nuevamente o dejar mensaje abonando el precio que aplican las prestadoras, que actualmente es equivalente a una llamada completada en la red de destino en el número nacional marcado.

Por eso, es necesario establecer, por ley, que los prestadores implementen, antes de desviar la llamada, la incorporación de un mensaje de voz indicando que el usuario/a llamante tiene la opción de cortar o dejar un mensaje, y en ese caso de corresponder, indicar el precio a pagar por el uso de ese servicio.

Es útil señalar, respecto de las atribuciones del congreso en la materia, que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, regula y controla estos servicios en virtud del Decreto 62/1990, dictado en uso de facultades delegadas por el Congreso mediante Ley N° 23.696.

Además, de conformidad al artículo 10, punto 10.1 inciso k) del Anexo I del Decreto Nº 764/2000, los prestadores deben cumplir con las obligaciones derivadas de toda norma y/o Reglamento aplicable a los servicios de telecomunicaciones.

En tal sentido, las disposiciones de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, que se rigen, tal como lo indica el artículo 3°, por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

Y en el artículo 43° de la citada ley se establece que la autoridad de aplicación, tiene, entre otras facultades y atribuciones, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor relacionadas con la materia regulada e intervenir en su instrumentación.

En virtud de ello, mediante el presente proyecto se establece que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma será sancionado conforme a las previsiones de las Leyes N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.