La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profunda preocupación por la falta de esclarecimiento del secuestro de María de los Ángeles "Marita" Verón, víctima de la trata de personas, ocurrido el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Señor presidente:

Motiva el presente un nuevo aniversario -el noveno- de la desaparición de María de los Ángeles "Marita" Verón, acontecida el día 3 de abril de 2002, a los 26 años de edad en cercanías de la casa en donde residía.

En sucesivos períodos legislativos hemos presentado proyectos relacionados con este tema - expedientes 1566-D- 2009, 1602-D-2010 -.

El secuestro de "Marita" Verón se ha convertido en un caso emblemático que demuestra la ineficacia que ha tenido el Estado para encontrar y proteger a sus ciudadanas, pero por otra parte nos ha enseñado la lucha inclaudicable encabezada por su madre la señora Susana Trimarco.

El delito de trata de personas, reduce a la esclavitud a sus victimas, siendo en su mayoría mujeres jóvenes y hasta menores de edad las que lo padecen, y si bien no existen cifras oficiales al respecto, se calcula que son victimas del delito más de 400.000 mujeres en nuestro país.

Es en el Noroeste y en el Noreste Argentino del país, donde se encuentran las zonas de captación de las mujeres, en muchos casos mediante el secuestro de la víctima y en otros mediante la captación engañosa favorecidos por las condiciones de pobreza, desnutrición infantil e incluso por la existencia de comunidades desintegradas al entramado social.

Es en este marco que la Fundación "María de los Ángeles" por la lucha contra la trata de personas, viene realizando desde el año 2007 acciones tendientes a erradicar la trata de personas en nuestro país, reivindicando valores fundamentales de nuestra democracia como la libertad, la dignidad humana, la solidaridad e inclusión con las víctimas, y el procesamiento y la condena para los tratantes.

Resulta paradójico que en nuestro país existan conductas que se opongan a la libertad de las personas, derechos no solo reconocidos en nuestra Constitución, sino que han sido garantizados por los convenios internacionales desde hace más de medio siglo, es necesario que el Estado sea el garante de su reconocimiento, con acciones tendientes a la protección de las victimas de la trata de personas y la condena efectiva de sus culpables.

Por todo lo expuesto Señor Presidente es que solicitamos, la aprobación del presente proyecto de declaración.