La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto la Resolución N° 39/2011 de la Unidad de Información Financiera.

Señor presidente:

La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución 39/2011 a través de la cual se establecen medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es dable resaltar que la Ley 25246, en su artículo 21, establece las obligaciones a las que se encuentran sujetos quienes deben informar a la UIF.

Del análisis de la citada resolución surge que no solo la UIF exije a despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores ejercer un poder de policía que es propio del Estado, sino que excede lo establecido en la citada ley. No cabe ninguna duda, ni es motivo de discusión, la actuación que el Estado debe tener en contra de la comisión de delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo, pero también es justo reconocer que las empresas tienen una importancia no solo en el incremento de la producción argentina, sino también en el mejoramiento de la balanza comercial.

Es inentendible que muchas pequeñas y medianas empresas, con pequeñas estructuras y que con gran esfuerzo buscan nuevos mercados, actuando en el comercio exterior deban designar un oficial de cumplimiento que en la mayoría de los casos no pueden soportar y que además de pretender que cumplan funciones propias del Estado, deban pedir a clientes y proveedores del exterior información que dificultan las operaciones comerciales.

Es importante resaltar que las operaciones de comercio exterior se realizan mediante cartas de crédito que permiten el seguimiento por parte del estado.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.