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PROYECTO DE TP
Expediente 1429-D-2006
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE POR QUE EN LAS ACTAS DE ENTENDIMIENTO CON LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES TELEFONICA Y TELECOM CON EL GOBIERNO NACIONAL SE OTORGAN AUMENTOS ENCUBIERTOS DE LA TARIFA TELEFONICA EN EL HORARIO DE 20 A 21.
Fecha: 05/04/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 25
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe sobre los siguiente puntos:
1. Por qué en las Actas de entendimiento entre el Gobierno Nacional y las empresas de telecomunicaciones: Telefónica y Telecom., se otorgan aumentos encubiertos de la tarifa telefónica en el horario de 20 a 21 hs. durante los días hábiles, al eliminarse el descuento del 50% que regía de 20 a 8 hs.
2. Cuáles son los "pedidos" que el Gobierno se compromete ante las empresas a "resolver" antes del 30 de junio.
3. Por qué el Gobierno se compromete a dictar una ley de telecomunicaciones de acuerdo a lineamientos consensuados con ambas empresas.
4. Por qué se llama a una Audiencia Pública para el 28 de abril del corriente año para el Acuerdo con Telefónica sin la suficiente antelación (información disponible desde el 7 de abril) y difusión para que los usuarios puedan conocer y estudiar el contenido del Acta de entendimiento.
5. Por qué no ha sido convocada la Audiencia para el Acuerdo con la empresa Telecom.
6. Por que razón hay mas de 1000 pedidos de licencias sin resolución por parte de la Secretaría de Comunicaciones siendo que el período establecido en el marco Regulatorio (764/2000) es de 1 a 3 meses.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo Nacional y las empresas Telefónica y Telecom., a través de sendas Actas de Entendimiento; y el sigiloso y "reglamentario" llamado a Audiencia Publica para el próximo 28 de abril en la ciudad de Mar del Plata a llevado a los diputados abajo firmantes a formular algunas preguntas sobre la política de tarifas del mercado de comunicaciones de nuestro país; y también algunas reflexiones:
I. NORMAS VIGENTES
En septiembre del 2000 se realizó la apertura total del mercado de las telecomunicaciones, mediante el Decreto Nº 764/00.
La regulación vigente abre plenamente el mercado de las telecomunicaciones a la competencia, sin restricción alguna, respetando el tratado firmado con la OMC en 1997, ratificado por la Ley Nº 25.000.
El Decreto 764/00 tiene 4 Reglamentos Anexos, el de licencias, el de interconexión, el de administración del espectro radioeléctrico y el de servicio universal. Si hubiera respeto por la seguridad jurídica, debería suceder lo siguiente:
a) Todo interesado en brindar servicios (compitiendo con Telefónica y Telecom), debería poder obtener una licencia en dos o tres meses como mucho.
b) Si los operadores dominantes (Telefónica y Telecom) quisieran restringir o encarecer la interconexión -el tránsito de una comunicación de un usuario de un prestador a un usuario de los dos prestadores históricos-, el Estado debe intervenir para impedir que haya abuso de posición dominante y precios excesivos que impidan la competencia.
c) Cada seis meses como máximo, el Estado debería llamar a licitación para otorgar frecuencias que permitan brindar telefonía a Internet en el interior del país, donde hay muchas frecuencias sin uso y un mercado desatendido por los dos grandes operadores.
d) Con el 1% de los ingresos de todos los operadores de telecomunicaciones se conformaría el Fondo para el Servicio Universal, que permite que unos 10 millones de pesos por mes se inviertan en llevar las comunicaciones a zonas incomunicadas o a grupos sociales que carecen de ella.
II. INACCIÓN ACTUAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Desde el 2003 en adelante se ha violado de manera sistemática la regulación existente y se ha limitado drásticamente la apertura, en perjuicio del usuario y en provecho exclusivo de los dos operadores dominantes. Hay un claro propósito de eliminar la competencia y de reforzar lo más posible el monopolio de Telefónica y de Telecom en la Argentina, que se ven hoy más beneficiadas aún que en épocas de María Julia o de Germán Kammerath.
La situación es la siguiente:
a) Existe casi un millar de pedidos de licencias no otorgados por la Secretaría de Comunicaciones para prestar servicios de telefonía e Internet que llevan hasta tres años de presentados.
Si el Estado cumpliera con su deber, más de 300 cooperativas eléctricas podrían brindar servicios de telefonía e Internet en igual número de ciudades del interior del país. Cuando las cooperativas brindan telefonía dan un servicio denominado de "tarifa plana", por el que los abonados pueden hacer todas las llamadas urbanas que quieran por el precio del abono, sin pagar pulsos extras. Esto, que representa un gran beneficio social, se ve impedido por la Secretaría, que cajonea los expedientes de los potenciales competidores de Telefónica y Telecom.
b) El gobierno no interviene, como lo mandan las normas, toda vez que las dos empresas dominantes (Telefónica y Telecom) establecen condiciones abusivas para dificultar el ingreso al mercado de sus competidores, haciendo muy difícil el desarrollo de la competencia.
En efecto, cuando la llamada de un usuario de una cooperativa o de otro prestador telefónico debe ir hacia un usuario de Telefónica y de Telecom, debe abonarse un precio por el uso de sus redes que debe estar fundado en costos. Hoy, las dos empresas imponen condiciones abusivas y precios excesivos de interconexión para debilitar a sus competidores. El Gobierno se desentiende totalmente de estos temas. Hay permanente abuso de posición dominante por parte de los dos grandes sin que el Estado intervenga.
c) No se licitan desde hace 3 años las frecuencias. Quedan así desatendidas muchísimas localidades del interior del país, donde hay muchas frecuencias vacantes, que podrían tener nuevos prestadores de Internet y de telefonía en condiciones de ofrecer servicios mejores y más baratos que los que a cuentagotas ofrecen Telefónica y Telecom. La Secretaría, al no llamar a licitación, impide que haya competencia en esos mercados y protege directamente el mercado de los dos operadores dominantes.
d) Por el Reglamento de Servicio Universal, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deben aportar el 1% de sus ingresos para dar comunicaciones en millares de sitios del país que carecen de ella.
Los prestadores tienen esos montos previsionados en sus contabilidades, pero no tienen dónde depositarlos o cómo utilizarlos.
Por inacción del Gobierno no se cobran ni utilizan más de 500 millones de pesos, que le pertenecen a la gente, que han quedado en manos de las empresas. Es como tener un fondo para distribuir medicamentos gratuitos a los enfermos y no utilizarlo.
Podemos afirmar que la Secretaría está incumpliendo con sus deberes mínimos en todas las reglas que debe aplicar.
Solo las dos empresas dominantes son los beneficiarios visibles de esta política.
La acción de la Secretaría de Comunicaciones es incomprensible, perjudica a los usuarios, impide el desarrollo de empresas argentinas de servicios y retrasa nuestro avance tecnológico.
III. LAS ACTAS DE ENTENDIMIENTO DEL GOBIERNO CON TELEFONICA Y TELECOM. AUDIENCIA DEL 28 DE ABRIL EN MAR DEL PLATA
Se firmaron dos actas de entendimiento entre el Gobierno, Telefónica y Telecom. La justificación de la suscripción de estas actas es el levantamiento de las demandas de CIADI por parte de las empresas. Ambas actas adolecen de graves defectos legales y regulatorios:
a) Autorizan un aumento ilegítimo de la tarifa telefónica: se duplica el costo de las llamadas telefónicas de 8 a 9 de la noche los días hábiles. Esto representa unos 30 millones de dólares más por año para las dos empresas.
Hasta ahora, a partir de las 8 de la noche, hasta las 8 de la mañana siguiente, las llamadas tenían una reducción de 50% de su precio.
Obviamente, de 8 a 9 de la noche es la hora en que todavía se mantiene el tráfico más alto. El Acta de Entendimiento elimina el descuento, con lo que todas las llamadas que se hagan en esa hora pasarán a costar el doble.
A esa hora los comercios y oficinas están cerrados. Los que van a pagar el aumento son los hogares, las casas de familia.
b) El Gobierno no sólo no debe aumentar las tarifas y engordar el beneficio de las empresas, sino que, todos los años, debería disminuir todos los años los precios de los abonos, de las llamadas nacionales e internacionales.
En toda América Latina están bajando las tarifas. Los órganos reguladores obligan a las empresas dominantes de telefonía a bajar sus precios, entre un 5 y un 10% por año. En Argentina no sólo no se rebaja sino que se concede un aumento.
Por ejemplo, en los balances del año 2005, el grupo Telefónica informa que Telefónica de Argentina tuvo mejores resultados económicos que Telefónica de Perú. En Perú, sin embargo, el regulador, la OSIPTEL, ha establecido, sólo para el semestre que va de marzo a octubre del 2006, rebajas de los servicios telefónicos que van del 3,8% como mínimo hasta un 12% como máximo. Mientras, el gobierno argentino concede aumentos
c) El Gobierno se compromete a resolver, antes del próximo 30 de Junio, todos los pedidos que le hayan realizado Telefónica y Telecom. Nadie conoce todavía cuáles son esos "pedidos".
Esto es gravemente discriminatorio y arbitrario porque los usuarios y los demás prestadores deberán seguir esperando años a que la Secretaría de Comunicaciones o la CNC resuelvan sus reclamos o pedidos, mientras que las empresas que accionaron contra el Estado tienen un tratamiento de privilegio.
d) El gobierno se compromete ante Telefónica y Telecom a dictar una ley de telecomunicaciones y acuerda con ellas los lineamientos que deberá tener la ley.
El Gobierno no se puede comprometer a redactar leyes a la medida de los intereses de dos empresas.
El marco jurídico de las comunicaciones hoy está muy claro. Lo que las empresas y el gobierno tienen que hacer es cumplir con las reglas, proteger al usuario y fomentar la competencia.
Parece que todo esto es una pantalla para encubrir la falta de control del gobierno en estos años y el cambio de reglas para que dos empresas se beneficien y todos salgamos perjudicados. Esto no es culpa de las empresas, sino del Gobierno, que busca estos acuerdos y propone sus contenidos. "la culpa no es del chancho ...".
e) Para intentar subsanar la falta de participación de usuarios y prestadores en la negociación del las actas de entendimiento, se convoca a dos audiencias publicas no vinculantes, a realizarse en el interior del país. La audiencia de Telefónica es el 28 de abril en Mar del Plata.
La de Telecom aun no tiene definida la fecha y el lugar.
La información sobre esta audiencia estará disponible desde el 7 de abril.
Los usuarios y prestadores tienen 21 días para analizar lo que las dos empresas acordaron con el gobierno tras 4 años de negociación.
Por estas razones es que solicitamos la aprobación de este Proyecto de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO | RIO NEGRO | UCR |
| KRONEBERGER, DANIEL RICARDO | LA PAMPA | UCR |
| MORINI, PEDRO JUAN | SANTA FE | UCR |
| FERRO, FRANCISCO JOSE | BUENOS AIRES | UCR |
| VARISCO, SERGIO FAUSTO | ENTRE RIOS | UCR |
| BARAGIOLA, VILMA ROSANA | BUENOS AIRES | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia) |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | MOCION SOBRE TABLAS (NEGATIVA) | 05/04/2006 |