La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar la presencia de la Sra. Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, que respondan sobre los siguientes interrogantes:

1. Cuáles han sido las fuentes de información y donde se encuentran las mismas, del documento de la Sedronar titulado "Centros de procesamiento ilícito de estupefacientes en la Argentina" fechado en el año 2011.

2. Cuál ha sido el nivel de difusión que dicho material ha tenido desde su confección hasta el momento, tanto dentro de las diferentes áreas del gobierno como frente a la opinión pública en general?

3. El equipo de investigación dirigido por Mariana Souto Zabaleta pertenece a la planta permanente o transitoria de la Sedronar? Sigue cumpliendo funciones en la misma? Cuáles? Ha tenido continuidad dicho Informe del año 2011?

4. Cuáles han sido las medidas y políticas gubernamentales implementadas a partir de la elaboración del mencionado Informe?

5. Qué tareas de actualización realizan las áreas gubernamentales a su cargo, sobre la mencionada investigación?

6. Cuál es el nivel de integración y coordinación que el Ministerio de Seguridad y la Sedronar tienen en la actualidad? Qué programas y ejecución tienen en común, quiénes son los funcionarios a cargo y cuál es su asignación presupuestaria?

7. Cuál es la integración y coordinación que existe entre el Ministerio de Seguridad y la Sedronar con los gobiernos provinciales, y de manera particular con los gobiernos de las Provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, que han sido relevados como los más afectados por la existencia de laboratorios y fábricas de estupefacientes en sus territorios?

8. Cuáles son los aspectos específicos vinculados con los temas de competencia particular de la Sedronar sobre los que trabaja el Consejo Federal de Seguridad, cuáles han sido sus decisiones, recomendaciones y acciones durante el último año? Indiquen por favor, las reuniones realizadas al efecto y sus resultados.

Señor presidente:

La presente iniciativa es reproducción del proyecto de mi autoría Expte. Nº 8241-d-2013, con la firma de los Diputados Linares, Maria Virgnia; Rasino, Elida Elena; Duclos, Omar Arnaldo; Ciciliani, Alicia Mabel; Peralta, Fabián Francisco; Donde Perez, Victoria Analia; Zabalza, Juan Carlos, Villata, Graciela Susana.

Ha llamado particularmente la atención, el severo nivel de contradicciones expuesto públicamente por altos funcionarios del gobierno durante los últimos días, respecto a la valoración (o información) que éstos poseen con relación al desarrollo del narcotráfico en nuestro país. Nos referimos concretamente a los dichos del Ministro de Defensa Agustín Rossi sobre la producción y el consumo de droga en Argentina, expresiones que compartimos como una verdad a gritos que se manifiesta a cada instante y en cada rincón con el incremento del delito y la violencia. Rechazamos sin embargo, un posicionamiento oportunista del Ministro que, siempre con la especulación política como objetivo, vuelve a situar el epicentro del conflicto en la provincia de Santa Fe, "su provincia", tal como se viene haciendo desde muchos sectores con la única intención de desacreditar al gobierno provincial y pretendiendo eludir las responsabilidades claras que corresponden en materia de lucha contra el narcotráfico, al gobierno nacional.

Sin embargo, la debilidad de un gobierno que no ha demostrado en todo este tiempo vocación y pericia en estos objetivos, quedó plasmada cuando el Secretario de Seguridad y el propio Jefe de Gabinete de Ministros salieron públicamente a contradecir a Rossi, afirmando que Argentina no es un país donde se fabrique droga. Como si fuera poco, Berni reconociendo casi como parte de un análisis matemático, la impotencia del gobierno en esta lucha lo que provoca, casi como una consecuencia inevitable, la sonrisa de los narcocriminales sabiendo de antemano que han ganado una batalla o que el gobierno que debería enfrentarlos, parece haberse bajado de la pelea anticipadamente.

Mientras tanto, la Ministra de Seguridad, ausente sin aviso, y el responsable de la lucha contra el narcotráfico, sin saber qué hace o piensa. Es imprescindible que estos funcionarios comparezcan en el Congreso porque son ellos quienes deben responder acerca de las políticas de sus áreas de competencia vinculadas con el tema más sensible que como sociedad nos aqueja.

Justamente la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) ha confeccionado un Informe publicado en su página web, -tratándose de la única data oficial sobre el tema-, titulado "Centros de Procesamiento ilícito de estupefacientes en Argentina. Un análisis a partir de los casos judicializados.", que parece ser serio y al menos fundamentado en datos objetivos y comprobables. Es el trabajo de un Equipo de Investigación dirigido por Mariana Souto Zavaleta sobre el que hemos querido referenciar nuestro pedido de información a los funcionarios. Está claro que el mencionado documento es el reconocimiento explícito de un estado de situación que, sin embargo, es negado por los más altos funcionarios que deberían estar mostrando acciones en lugar de eludirlas. Porque la negación y la inacción de tanto tiempo ha operado como el salvoconducto para que los narcocriminales lleguen, se multipliquen, se afinquen, consoliden su poder y se expandan en nuestro país.

El Informe de la Sedronar da cuenta de manera contundente que el epicentro del conflicto no está en la provincia de Santa Fe, como muchos pretenden instalar con intencionalidad, sino que es justamente en las provincias gobernadas por el oficialismo donde se reproducen las cocinas o fábricas de drogas, o los laboratorios. Las estadísticas expuestas a partir del relevamiento de las causas judiciales dan cuenta que las provincias de Buenos Aires y Tucumán son las más altamente comprometidas, del mismo modo que el norte, con Salta y Jujuy, Formosa y Misiones también lo son, allí, no solo en lo que hace a la fabricación, sino como puntos de ingreso de la droga por contrabando.

Vamos a referirnos al mencionado trabajo, porque es sobre el mismo que queremos formular nuestra interpelación a los funcionarios.

La primera cuestión conceptual que resuelve el equipo de investigación, de acuerdo a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, es acerca de las definiciones necesarias para dar precisión a las conclusiones a las que arriba más tarde. "Producción, se refiere a la separación del opio, de las hojas de coca, de la cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de que se obtienen". "Fabricación se refiere a todos los procedimientos, distintos de la producción, que permitan obtener estupefacientes, incluidas la refinación y la transformación de unos estupefacientes en otros." Agrega luego, la definición del "laboratorio" como "una operación ilícita que consiste en una combinación suficiente de aparatos y químicos que o bien han analizado o podrían usarse en la producción o síntesis de sustancias controladas." Y concluye entonces en conceptualizar y contextualizar el trabajo introduciendo como categoría genérica los denominados "centros de procesamiento ilícito de estupefacientes (CPI)", a los que dividirá en de producción y de fabricación.

Los Centros de Fabricación Ilícita se pueden definir además, según la fase del proceso que en ellos se realice, como:

- Centros de Extracción

- Centros de Purificación

- Centros de Cristalización

Define, a continuación, los Centros de Adulteración y los Centros de Fraccionamiento.

A partir de esa introducción, la investigación fundada en el análisis documental de las causas judiciales, se centra en la localización geográfica de los centros de procesamiento ilícito descubiertos, surgiendo de manera indubitable que "en la Provincia de Buenos Aires se concentran la mayoría de ellos, en total 53. " a continuación menciona el hallazgo de 8 en la Capital Federal, 6 en Salta, 5 en la Provincia de Santa Fe, distribuyéndose el resto en otras provincias con preponderancia de Tucumán, Entre Ríos y Jujuy.

Pese a las dificultades que el equipo dice haber encontrado en la justicia federal para obtener información, con las causas relevadas se llega a una primera y contundente conclusión que por sí misma contradice al secretario Berni: "De la información relevada a partir de las causas judiciales a las que se pudo tener acceso surge un total de 43 centros de procesamiento ilícito de estupefacientes, de los que sólo uno refiere al procesamiento de las denominadas drogas de síntesis, resultando el resto vinculados al procesamiento de cocaína."

Se hace a continuación una exhaustiva descripción del proceso de producción/fabricación de estupefacientes, las tareas desarrolladas en los distintos centros y etapas, los elementos con que cuentan los mismos, tanto en lo referido a la coca/cocaína como a la elaboración de metanfetaminas por reducción de la efedrina o de otras drogas de origen sintético que permiten obtener otras sustancias estimulantes o alucinógenas. Y precisa también la normativa vigente en la Argentina y los compromisos internacionales contraídos.

La Segunda Parte del Informe comienza con una aclaración procedente: "La cantidad de causas relevadas, teniendo en cuenta la aproximación que nos provee los datos estadísticos disponibles, habilita a afirmar que la información aquí analizada se constituye en un referente empírico sumamente válido a la hora de aportar claridad sobre el problema. " Agregamos nosotros: lástima que los funcionarios del área no lo hayan ni leído.

De los 43 centros de procesamiento relevados, 30 se vinculan a la adulteración/fraccionamiento ilícito de estupefacientes, mientras que 14 se relacionan con su fabricación ilícita. Continuamos con una cita textual que se choca con todas las afirmaciones de los funcionarios: "En cuanto a los centros de adulteración/fraccionamiento ilícitos, éstos se localizan en su mayor parte en la Provincia de Buenos Aires, siguiendo en orden de importancia la Provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Salta y Tucumán." "En cuanto a los centros de fabricación ilícita, nuevamente éstos se localizan en su mayor parte en la Provincia de Buenos Aires, siguiendo en orden de importancia la Provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Jujuy y Tucumán."

Respecto de la descripción de las instalaciones utilizadas para las actividades delictivas, el informe registra que tienen características de precariedad, viviendas con galpones o ambientes auxiliares, otras con mayor complejidad para disimular, y también casas quinta como locación para la producción/fabricación ilícita de estupefacientes, permitiendo un mayor aislamiento de las instalaciones. Mayoritariamente los centros cumplen tareas de adulteración o fraccionamiento y se detecta la presencia de precursores químicos u otras sustancias empleadas para el estiramiento o corte de los estupefacientes, además del instrumental adecuado para esas tareas. Pese a la diferenciación de las tareas, agrega el informe, muchas veces se realizan de manera conjunta en las mismas instalaciones de un mismo centro. Se describen los hallazgos en particular según las causas analizadas. Bien vale la pena leer el informe completo. Analiza los criterios de aplicación de la normativa vigente, diferenciando de qué manera han sido aplicadas las clasificaciones según las distintas tareas desarrolladas o etapas en cada centro, teniendo como conclusión que varias condenas han sido aplicadas por tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, o por la producción o fabricación de estupefacientes.

De manera particular, la Cuarta Parte se ocupa del Centro de fabricación de Ingeniero Maschwitz, calificado por el Fiscal Federal de Campana como "laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas". La Sedronar participó activamente en la instrucción de esa causa en la que se practicaron más de 20 allanamientos. Ha tenido sentencia firme por la que se condenó a once personas como coautores del delito de producción de estupefacientes agravado.

El Informe referido arriba entonces a conclusiones necesarias de conocer:

- Existe de manera indubitable en la Argentina una actividad desarrollada y vinculada con la producción/fabricación ilícita de estupefacientes en todo el territorio nacional.

- Es necesario diferenciar producción y fabricación, así como las distintas fases por las que atraviesan los procesos y también los que corresponden a la adulteración o el fraccionamiento.

- La mayoría de los centros de procesamiento ilícito que fueron informados se localizan en la Provincia de Buenos Aires (55%), en la Provincia de Córdoba (20%), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11%) y en las Provincias de Tucumán (7%), Salta (5%) y Jujuy (2%).

- De los centros de procesamiento ilícito que fueron analizados, el 68% se vinculan a la adulteración y fraccionamiento de estupefacientes; y el 32% se relacionan estrictamente a su fabricación.

- El 68% de los casos analizados se caracteriza por la presencia de precursores químicos, otras sustancias e instrumental que normalmente se emplean para el estiramiento o corte de las sustancias (centros de adulteración) o por la presencia de elementos adecuados para el fraccionamiento y embalaje de las sustancias (centros de fraccionamiento). Mientras que el 32% de los casos analizados evidencia la presencia de precursores químicos empleados en la fabricación de estupefacientes así como instrumental adecuado para tal fin, abonando su caracterización como centros de fabricación ilícita.

- El análisis de los procesos de producción/fabricación ilícita de estupefacientes es una de las manifestaciones más importantes del problema del tráfico ilícito de drogas.

Dejamos constancia que el informe de referencia es el último con que cuenta el organismo competente (la Sedronar), no existiendo a este momento ninguna otra estadística oficial con relevamiento de datos en condiciones de orientar una política pública.

Por todo lo expuesto, y las manifestaciones públicas de los funcionarios involucrados, se hace imprescindible la presencia de éstos en el Congreso de la nación para brindar explicaciones y responder el requerimiento de los legisladores acerca del informe referenciado en este proyecto, debiendo además exponer sobre cuáles son los planes y programas del Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico, despejando las contradicciones en que se ha visto envuelto en los últimos días. Y por ello, solicitamos el apoyo de nuestros colegas para la aprobación de esta Resolución.