La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en forma urgente, al Señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus; en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de brindar informes verbales en el recinto de esta Cámara, respecto del conflicto docente existente en diversas jurisdicciones provinciales.-

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto llevar adelante la interpelación, en el seno de esta Cámara, del Señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus, en el marco de lo establecido por el 71 de la Constitución Nacional.

El 14 de diciembre de 2006 ambas Cámaras legislativas sancionaron la Ley General de Educación 26.206 sin permitir casi modificaciones al proyecto elevado por el Ejecutivo. El corazón de esta ley, el financiamiento educativo, estaba en consonancia con la ley de Incremento de Inversión en Educación 26.075 de diciembre de 2005 que, aparentemente, garantizaría el fin de la conflictividad salarial y permitiría alcanzar gradualmente las metas de universalización de los niveles inicial y secundario, el avance hacia la jornada extendida o completa, la erradicación del analfabetismo, la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora del sistema universitario y la jerarquización de la investigación científico-tecnológica.

Sin embargo, la dilación del tiempo para invertir el 6% del PBI sólo para educación al año 2011 y la desproporción entre las obligaciones presupuestarias asumidas por la Nación y las provincias dejaban prever que los conflictos se iban a agudizar y las metas no se podrían alcanzar en los términos legales.

Así llegamos a febrero 2007, cuando el Ministro de Educación, Daniel Filmus, anunció un sueldo inicial de $1040 para todos los docentes del país. Sin embargo, la falta de acuerdos previos con los responsables jurisdiccionales que debían garantizar en última instancia los pagos, el desconocimiento de las escalas salariales docentes y los derechos estatutarios y la no previsión de los montos necesarios para ir en auxilio de las provincias imposibilitadas de hacer frente a estos montos, agudizaron las medidas de fuerza.

Así llegamos al mes de marzo con un alto grado de conflictividad en la provincia de Buenos Aires donde el gobierno provincial reclamaba fuertemente a Nación el envío de fondos para hacer frente a este compromiso y los sindicatos sólo anunciaron que darían comienzo al ciclo lectivo el día previo al fijado para el inicio. Sumado a esto, La Rioja y Tucumán iniciaron el ciclo lectivo con un paro por 48 horas, Jujuy y Neuquén por 72, San Juan por 24, Catamarca postergó el inicio, pero los gremios docentes habían dispuesto paros, y Salta, que inició sus clases el 26 de febrero, comenzó con paros y conflictos que aún se mantienen.

A casi un mes de iniciado el ciclo lectivo, los conflictos docentes seguían aún sin resolverse en La Rioja, Corrientes, Santa Cruz, Salta y Neuquén. Avanzados los hechos, en Salta la ministra de Educación anunció que reemplazaría los docentes que hacen paros por suplentes, y el conflicto ha derivado en represión policial. En Santa Cruz la gendarmería custodia las escuelas y reina un clima de militarización. Pero donde la violencia es más trágica, evidentemente, es en Neuquén, con el virtual fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, lo que provocó la adhesión inmediata de los docentes y trabajadores de todo el país.

Obviamente, no corresponde atribuir al Sr. Ministro de Educación de la Nación la responsabilidad por el grado de violencia de la represión en las provincias, pero, dada la enorme diferencia entre las expectativas creadas por la sanción de la ley y sus resultados reales, es imprescindible para los legisladores, responsables por su aprobación, que se reciban explicaciones.

Por ello, solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.