La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Modificar el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y video-chat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad, sobre materias de su competencia.

Las audiencias se regirán por los principios de simplicidad, oralidad, informalidad, participación y economía procesal.

Cuando a pedido de por lo menos tres diputados integrantes de las comisiones correspondientes se solicite la realización de la audiencia pública, ésta deberá llevarse a cabo.

La decisión de llevar a cabo dichas actividades junto al texto de la convocatoria, será comunicada a la Presidencia de la Cámara, y, en su caso, a la Dirección de Informática a los fines que correspondan.

En todos los casos y a los fines de garantizar el tiempo y la amplitud de la publicidad de la convocatoria, la misma deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de siete días hábiles.

Las autoridades de la comisión o comisiones determinarán los requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes a la audiencia, los que deberán constar expresamente en el texto de la convocatoria regidos bajo los principios anteriormente mencionados.

Aquellos participantes que no pudieran asistir por cuestiones de distancia tendrán la posibilidad de acercar un breve documento donde se incorporen las principales opiniones sobre el tema y deberá ser puesto a disposición de todos los diputados de la/s comisión/es involucradas.

La versión taquigráfica de la audiencia estará a disposición del público y deberá ser dada a publicidad por la comisión cabecera del tema de análisis. La Cámara destinará un ámbito de la misma para la realización de audiencia pública y cubrirá los gastos que demande la publicación de la convocatoria en dos de los diarios de mayor circulación en el país, o bien en la publicación que corresponda según la materia de la audiencia pública.

Las opiniones de los participantes y las conclusiones a las que se arribe como producto de estas actividades no serán vinculantes. Estas opiniones y conclusiones deberán ser formalmente receptadas por la comisión o comisiones.

Concluidas las actividades, en el plazo de diez días, la/s comisión/es elevarán a la Presidencia de la Cámara un informe de cierre conteniendo la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la audiencia, como también de las opiniones y presentaciones escritas efectuadas, agregando dicho Informe como antecedentes en el orden del día correspondiente al expediente o expedientes relacionados con el asunto para el cual se ha convocado.

Señor presidente:

El presente proyecto es reproducción de los Exptes Nº 2202-d-2012, 1375-d-2011 y 2143-d-10 con las firmas de los siguientes legisladores: Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani, Paula Bertol, Gerardo Millman, Laura Alonso, Adrian Perez, Silvana Giudici, Ricardo Gil Lavedra, Horacio Alcuaz.

En la publicación Elaboración Participativa de Normas que documenta un anterior proceso de elaboración del proyecto de ley de publicidad de las agendas de gestión de intereses, se expresa que "el debate sobre la gestión de intereses (comúnmente conocido por la palabra inglesa 'lobby') que se venía produciendo en nuestro país, no había conseguido llegar a un nivel de análisis que superara el prejuicio sobre la gestión de intereses como una actividad emparentada, lisa y llanamente, con la corrupción" (Baragli, 2004:13). Asimismo, sostiene "los numerosos proyectos legislativos sobre regulación de la gestión de intereses que fueron presentados en el Congreso Nacional tomaron como modelo las regulaciones de los Estados Unidos de América en la materia, sin evaluar si resulta plausible y eficiente trasladar, de un sistema jurídico a otro, instituciones que, tal vez, no están en condiciones de asimilarlo sin oportunas adaptaciones"2 (Baragli, 2004:13). Desde la fecha de publicación del texto citado han pasado más de cinco años, se han desplegado nuevas iniciativas, se han aprendido nuevas lecciones.

La forma en que se practica el lobby y su cuestionada legitimidad tuvo epicentro en nuestro país en 2001 a raíz del escándalo de las supuestas "coimas" pagadas en el Senado de la Nación para la aprobación de la ley de reforma laboral.

En aquel entonces se incrementaron las sospechas de que durante este proceso existieron grupos de cabildeo para defender los intereses del entonces gobierno. En ese momento resurgieron las inquietudes parlamentarias y se acrecentó la cantidad de proyectos de ley presentados. Sin embargo, más allá del tratamiento en comisión, no se logró avanzar al respecto. En el año 2003 las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación, luego de un largo proceso de debate, dictaminaron sobre los expedientes 716-S-02 (1) , "Maqueda y otros: proyecto de ley regulando la actividad de lobby"; 1884-S-02, "Maestro: proyecto de ley sobre régimen legal de la actividad de promoción de causas. (Lobby)", y 2640-S-02, "Capitanich: proyecto de ley sobre actividad de lobby". Dicho dictamen caducó pero sirvió de base para la realización de futuros proyectos. En todos los proyectos se presumía el mismo concepto: el lobby no es negativo o ilegal. Si su influencia es negativa o positiva depende del marco en que se desenvuelve y de las prácticas que conlleva.

En 2004 entró en vigencia el Reglamento de Gestión de Intereses para el Poder Ejecutivo Nacional comprendido en el Decreto 1.172/03. Si bien la nueva normativa es un avance en la materia, el efecto sigue siendo limitado pues sólo comprende la obligación de la publicación de las reuniones que suponen gestión de intereses para los funcionarios de la Administración Pública Nacional. Si bien la autoridad de aplicación implementó un sistema digital único de registro de audiencias para todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que logró homogeneizar los tiempos y criterios de carga de la información, es necesario señalar que el registro tiene deficiencias: la definición sobre qué es una gestión de intereses se ha tomado en forma demasiado amplia y laxa, registrándose reuniones en donde no ha habido ningún interés en juego. Creemos, entonces, que el proyecto que aquí se presenta contribuye a modificar esta situación.

La experiencia normativa comparada fue tomada en cuenta para la elaboración de este proyecto. El lobby es una actividad recurrente que se practica en diferentes partes del mundo. Sin embargo, parecieran no existir regulaciones mejores que otras o "recetas" perfectamente transferibles de una realidad a otra. La experiencia norteamericana es quizás un buen ejemplo de esta situación. Estados Unidos cuenta con una norma que tiene casi 15 años y que es aplicada exitosamente. Sin embargo, no fue posible, más allá de que diferentes países basaron proyectos normativos en esta regulación, reproducirla en otros ámbitos. Asimismo, la Unión Europea no cuenta con normativas formales de regulación del lobby. Sin embargo, en 2006, la Comisión Europea publicó su libro verde Iniciativa Europea a favor de la Transparencia en el cual propone (entre otras cosas) medidas para controlar la transparencia de la representación de intereses, como un registro de personas que practican el lobby y un código de deontología para miembros de los lobbies (ambos facultativos) que fueron adoptados en 2008. A su vez, el Parlamento Europeo establece en su reglamento que todo aquel que visite el Parlamento más de cinco veces al año para consultar a los diputados deberá registrarse y aceptar un código de conducta.

Es necesario, entonces, avanzar en esta cuestión dado que "la reglamentación del 'lobby' es indispensable a efectos de que se conozcan públicamente los encuentros (y los objetivos de ellos) que mantienen, funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. Así, grupos sociales interesados, empresarios, profesionales o ciudadanos en general, pueden acceder a la información que en relación a los mismos le conciernen. [...] Consideramos que debe ser así, porque los lobbies son nada menos que canales de expresión y de articulación de demandas de distintos sectores de la sociedad. [...] Si estas voces que proveen datos a la discusión democrática no tienen regulación jurídica, pueden llegar a imponer sus intereses obviando la confrontación y desvirtuando el sistema democrático" (Basterra, 2004:7).

Desde la otra arista del proceso, se puede sostener que es necesario regular la gestión de intereses pues es una forma de aumentar los argumentos y la información, mejorar la deliberación y por lo tanto mejorar los mecanismos para tomar las mejores decisiones públicas. Por lo tanto, este tipo de mecanismos permitiría que los legisladores obtuvieran la mejor información - buenos argumentos- de todas las partes. La falta de información o la dificultad de acceder a ella provoca que existan sectores sociales que no acercan sus argumentos u opiniones a los representantes porque no saben qué temas se están discutiendo. Estos sectores pueden estar en desventaja frente a otros que, por tener mayores recursos, por ejemplo, acceden a los tomadores de decisión y pueden presionar a favor de sus propios intereses. Por este motivo consideramos que es necesario que todos los sectores tengan las mismas posibilidades de participar en los procesos de toma de decisión.

El proyecto que se presenta no avanza sobre otras cuestiones, como puede ser la creación de un registro de lobbyistas. Algunos podrían aventurar que sólo se limita a la publicación de la agenda de funcionarios de más alto rango de nuestro Parlamento como lo obliga el Reglamento de Gestión de Interés en el Decreto 1.172/03. "Sin embargo, aunque sea escueta la reglamentación y por cierto perfectible, es el paso previo (positivo), hacia una ley nacional tendiente a mejorar la calidad del sistema republicano y, concretamente a dotar del grado mínimo de transparencia necesario para lograr el Estado Constitucional de Derecho que pretendemos construir" (Basterra, 2004:9)

Hasta aquí los fundamentos expuestos por los encargados del Programa de Justicia y Transparencia de CIPPEC y que los firmantes hemos asumido en esta presentación ante la H. Cámara de Diputados para darle estado parlamentario y habilitar su tratamiento.

Anima nuestra convicción la búsqueda de mecanismos que evidencien el compromiso del Poder Legislativo en la creación de normas de autorregulación que impliquen avances cualitativos en torno a una agenda de transparencia que servirá para fortalecer el sentido mismo de nuestra representación pública.

Valoramos la tarea realizada por la organización mencionada y especialmente la práctica de la elaboración participada de normas que también apunta a mejorar la calidad democrática.

La propuesta del presente proyecto de Resolución es la modificación del actual art. 114 del Reglamento Interno de la Cámara en lo referido a la realización de audiencias públicas, facilitando su realización, desarrollo y dotando de mayor eficacia el instrumento de conclusiones.

El mecanismo de la audiencia fortalece el funcionamiento de la democracia a través de esta novedosa forma de participación popular, transparenta la gestión e incorpora la opinión ciudadana en la consideración de los temas abordados por el Congreso de la Nación. De este modo también se acompaña el ejercicio de las representaciones políticas para que el legislador mandatario renueve ese vínculo de legitimidad popular luego de su elección, en la interacción social y sobre temas de agenda concreta. La propuesta focaliza en las distintas comisiones de funcionamiento permanente y ordinario de la Cámara, los ámbitos para decidir la realización de las audiencias, su convocatoria y la tarea de realización de un informe final de contenidos que será el elemento de consideración, documental y testimonial para los legisladores y el futuro archivo del poder legislativo.

De este modo, pretendemos contribuir a mejorar el debate público y a asegurar más y mejores formas de participación social en la agenda de la transparencia que debería ir adoptando para s funcionamiento el Poder Legislativo. En esta inteligencia es que solicitamos de nuestros pares el acompañamiento a esta iniciativa.

(1) Este proyecto ha sido reproducido en 2006 por la senadora Cristina Perceval (1243-S-2006).