La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio de la Comisión Nacional de Valores proceda a informar sobre los siguientes puntos:

1.- Que control y/o supervisión a ejercido la entidad sobre la actividad desarrollada por las sociedades bursátiles: Mercado único, Punto Bursátil, Miraflores, Propyme Bursatil e Investment Bursátil.

2.- Si ha tenido conocimiento que las referidas entidades bursátiles, en asociación con algunas sociedades y entidades cooperativas, se habrían dedicado a diversas actividades financieras, ajenas a su objeto social, como así también a distintas operatorias relacionadas con cambio de cheques y operaciones con moneda extranjera. En caso afirmativo, qué medidas se adoptaron en orden al control de la actividad que le corresponde ejercer

3.- Si ha tenido conocimiento de algunas acciones llevadas adelante sobre las referidas sociedades por la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Justicia en lo Penal Tributario, por diversas infracciones a la ley.

Señor presidente:

Con motivo de las manifestaciones efectuadas recientemente por el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, Norberto Oyarbide, quien dio a conocer que el Subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi, lo había llamado para dejar sin efecto un allanamiento ordenado en la sociedad Propyme de propiedad de Guillermo Greppi, han surgido una serie de evidencias, que muestran un circuito de financiaciones ilegales, de estrecha vinculación con el poder político.

La llamada de Liuzzi al Juez, Oyarbide, obedeció a un pedido que le hizo a aquel, su amigo Guillermo Greppi, ante la supuesta extorsión que le estaba realizada un grupo de policías que participaron del allanamiento a la razón social Propyme. Dejando de lado la improcedencia de la actitud del funcionario Liuzzi, que está siendo investigada por la justicia, y del Juez Oyarbide, que mostrando poco respeto por su investidura de magistrado, obedeciendo al pedido de un amigo, frenó un trámite judicial; todo lo conocido a partir de las vinculaciones de Greppi, de uno de sus socios, Enrique Drzewko, muestra la realización de actividades al margen de la ley, en la que no solo estarían involucrados, particulares sino funcionarios públicos, y también la División Investigación Federal de Organizaciones criminales de la Policía Federal.

Este tipo de entramados verdaderamente mafiosos, donde existen vínculos entre funcionarios públicos, policías en actividad, y diversos aventureros, que hacen una profesión de las actividades financieras marginales, escapa a todo control, debido a que los organismos del Estado, nada controlan, nada ven, y cuando surge algún tipo de denuncia, está después de morosos trámites, termina en el archivo de alguna oficina de tribunales, donde van aquellas causas que pueden relacionar el delito con el poder administrador.

Esto no es nuevo, hace años, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Económico, Dr. García Reynoso, en una causa sustanciada con motivo de una denuncia de la Dirección Nacional de Aduanas, decía: " A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas y del Banco de la Nación Argentina, se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del artículo 1 del régimen penal cambiario, cuya investigación y juzgamiento corresponde al Banco Central que no la ejecutó.... El problema para obtener datos confiables sobre el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales, consiste en que en nuestro país fueron desmontados paulatinamente todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos, y es así que la autoridad monetaria llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso".

Así como no se controlan, ciertos movimientos con divisas que realizan los grandes especuladores del mercado, tampoco existe un control, sobre las actividades de sociedades bursátiles, que enmascaran una actividad paralela, destinada, al cambio de cheques, a las operaciones ilegales con divisas, y al financiamiento de ciertas cajas relacionadas con la actividad política que de esa manera, escapan a los controles que deberían ejercer ciertas instituciones que miran para otro lado, porque saben quiénes son los personajes vinculados a estas maniobras.

La llamada del Subsecretario Liuzzi, al Juez Oyarbide, se inscribe en una lógica del poder, para la cual resulta necesario contar con ingentes fondos para el financiamiento político, que no pueden provenir de fuentes lícitas, que están sujetas a diversos organismos, que luego son pasibles de ser Auditados por la Auditoría General de la Nación, en razón de lo cual deben justificar tanto el origen de sus ingresos, como el destino de las sumas que egresan. De esa necesidad surgen las sociedades misteriosas, las facturas apócrifas, los personajes de un submundo financiero, ajeno a los controles del Banco Central, y la relaciones con diversos funcionarios, que carecen de toda transparencia, debido a que resulta la única manera posible de ocultar las maniobras que realizan.

Se da así la circunstancia que modestas entidades cooperativas, o pequeñas sociedades puedan mover diariamente sumas millonarias en el circuito del dinero informal a través de préstamos, cambio de cheques y operaciones con moneda extranjera, evadiendo así todo control impositivo por parte de la Administración Federal de Ingresos públicos, y también de la autoridad monetaria encargada del control de las divisas. Mientras estos ocurre, las evidentes vinculaciones de algunos funcionarios, con magistrados judiciales, como el Dr. Oyarbide, les dan una suerte de impunidad funcional que les permite desarrollar sus actividades, sin los riesgos de que el poder judicial intervenga, para poner fin a tanta violación de la ley.

Esta vinculación del Juez Federal citado con el Subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, es solo una ínfima parte de una red de negocios que debería ser investigada, para poner en claro, relaciones de poder, que son una afrenta para uno de los poderes del Estado, y que afecta de manera decisiva la credibilidad y responsabilidad que deben tener los funcionarios públicos.

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares, se sirvan acompañar este Proyecto de Resolución.