La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que corresponda informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): 1. En qué etapa de implementación se encuentra el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 2. Cuándo se realizaron los últimos informes de impacto ambiental tanto del sitio Alta Córdoba, operado por la empresa Dioxitek S.A., como del sitio Los Gigantes y cuáles fueron sus resultados. Remita el último informe anual realizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) al respecto. 3. En que año la ARN otorgó por última vez la Licencia de Operación a la planta de Dioxitek S.A., de acuerdo a la ley 24.084, y en qué período de tiempo ésta debe ser renovada. 4. Si se han completado los estudios hidrológicos e hidroquímicos en el sitio Los Gigantes, realizados en cooperación con el Instituto Nacional del Agua, y cuál fue el resultado de los mismos. En caso de respuesta negativa, indique las razones de su incumplimiento. 5. Por qué razón a 9 años de creación del PRAMU la decisión acerca de las tres alternativas de mitigación de residuos de uranio para la planta de Alta Córdoba permanece irresuelta. Especifique en qué plazos se prevé ejecutar alguna de las alternativas planteadas.

6. Si es cierto que el Banco Mundial rechazó el pedido de otorgamiento de un préstamo para financiar el PRAMU. En caso de respuesta afirmativa, detalle las razones de esa decisión y las reprogramaciones y demoras que pueda ocasionar en la ejecución de los programas de remediación de residuos de uranio en todo el país. 7. Cuál fue el monto de dinero girado por el Tesoro Nacional a la CNEA para la gestión de los residuos radioactivos en el marco del PRAMU durante 2008 y cuál fue el monto de dinero finalmente ejecutado. 8. Cuál fue el monto de dinero girado por el Tesoro Nacional a la CNEA para la gestión de los residuos radioactivos en el marco del PRAMU durante 2009. 9. Si el Foro Social de Organizaciones No Gubernamentales, constituido en noviembre de 2005 a instancias de la CNEA y del Banco Mundial con el propósito de monitorear la ejecución del PRAMU, continúa funcionando. Si así no fuera, detallar las razones por las cuales se resolvió su disolución. 10. Si a partir de los resultados obtenidos a través del Estudio sobre Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes, la CNEA consideró establecer canales de diálogo y difusión de información a la ciudadanía complementarios o alternativos al Foro Social. 11. Por qué razón a 9 años de creación del PRAMU la decisión acerca de las tres alternativas de mitigación de residuos de uranio para la planta de Alta Córdoba permanece irresuelta. Especifique en qué plazos se prevé ejecutar alguna de las alternativas planteadas.

12. Si finalmente se ha convocado a un organismo no estatal para realizar un estudio ambiental imparcial de los sitios de Alta Córdoba y Los Gigantes, como lo reclamaron las organizaciones de la sociedad civil que integraron el Foro Social. 13. Si se ha conformado el Grupo Asesor Externo de Trabajo (GAET) para el análisis y seguimiento de todos los proyectos vinculados a la remediación ambiental de la minería deuranio, previsto por la CNEA en 2007. En ese caso, informe qué personas o instituciones lo integran y cuál ha sido el resultado de su labor.

Señor presidente:

La minería del uranio en nuestro país tiene más de 50 años de historia. Durante ese período la actividad productiva se realizó en un marco normativo con exigencias ambientales inferiores a los que rigen la materia desde 1994, cuando Argentina incorporó los nuevos derechos ambientales a la Constitución: el artículo 41 de la Carta Magna establece el derecho de todos los habitantes a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y dispone que el daño ambiental generará la obligación de recomponer según lo establezca la ley. En la actualidad los complejos mineros donde se procesó uranio requieren la intervención del hombre para remediar los pasivos ambientales que dejó la explotación: tanto las colas del mineral como los efluentes líquidos son fuentes potenciales de contaminación del suelo, el agua y el aire, siempre que no se les aplique el tratamiento adecuado. Para evitar esos riesgos la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrolló el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que realiza acciones de tratamiento de los residuos, de control de impacto ambiental y de difusión de información a la ciudadanía. Tal como lo especificara en junio de 2007 la Secretaría de Energía de la Nación en su respuesta al Proyecto de Resolución que presentamos en 2006 -Expte Nº 5969-D-06-, la CNEA inició las tareas de remediación del sitio Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. Sin embargo, hasta esa fecha todavía se evaluaban las alternativas de remediación de los pasivos alojados en la provincia de Córdoba: una parte de ellos se encuentra depositada en el Complejo Minero Fabril Córdoba del barrio Alta Córdoba de la ciudad capital y otra, en el predio del Complejo Minero Fabril Los Gigantes del Valle de Punilla. Transcurridos casi 2 años desde la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional sigue siendo una incógnita en qué etapa de implementación se encuentra el PRAMU y cuál de las tres alternativas de mitigación de residuos de uranio que propuso la CNEA para la planta de Alta Córdoba ha sido considerada por las autoridades, a pesar de que el Tesoro Nacional ha girado las partidas presupuestarias para la gestión de residuos radioactivos: en 2007 fue de $ 3.384.938,19.- (1)

Como el riesgo ambiental subsiste, creemos necesario actualizar la información acerca de los resultados que arrojaron los últimos estudios de las colas y el monitoreo de las aguas subterráneas, los últimos estudios de los niveles de radiación de los dos sitios y los últimos estudios hidrológicos e hidroquímicos en el sitio Los Gigantes en particular. También consideramos relevante conocer si el Banco Mundial rechazó el pedido de crédito que realizó la CNEA para financiar el PRAMU, tal como consta en la página web del organismo internacional, y en caso de que así sea qué tipo de reprogramaciones y demoras puede sufrir la remediación de los sitios de todo el país incluidos en el PRAMU.

Vale la pena recordar que el Complejo Minero Fabril Córdoba ha funcionado desde 1952 hasta 1982 como una fábrica de diacromatos y desde esa última fecha produce dióxido de uranio. En la actualidad opera esa planta la empresa Dioxitek S.A., cuyo principal accionista es la CNEA. Según datos de la CNEA, como producto de las actividades de concentración se encuentran en ese terreno 57.600 toneladas de colas de uranio que deben ser gestionadas: esos residuos contienen materiales radioactivos como el Radio 226, el Plomo 210 y el Radón 222. La normativa municipal indica el uso urbano para las tierras que se ubican en la zona, donde además viven aproximadamente 20 mil personas. En tal sentido, no deja de ser alarmante leer los resultados del Estudio sobre Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes realizado entre el 3 y el 18 de noviembre de 2005 por la misma CNEA: solo 3 de cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba señaló conocer el Complejo Minero Fabril Córdoba que opera en el barrio y sólo 2 de cada 10 encuestados dijo saber dónde se encontraba ubicado (2) . En síntesis, solo 1.5 de cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba conocía el Complejo Minero Fabril Córdoba, sabía dónde se ubica y qué produce. (3) El mismo estudio revela, además, que menos del 6% de los encuestados por la CNEA en ese lugar conocía el PRAMU, sus metas, sus objetivos y sus herramientas. En el caso del Complejo Minero Fabril Los Gigantes la situación también es preocupante: ubicado en la Sierras Grandes a 30 km de Villa Carlos Paz, explotó uranio hasta 1990 y los residuos depositados en el sitio, como producto de la explotación, son 2 millones 400 mil toneladas de colas, 1 millón de toneladas de estériles y 600 mil toneladas de mineral. Si bien no hay poblaciones cercanas al predio, la existencia de materiales contaminantes aguas arriba de zonas turísticas como Villa Carlos Paz, el Lago San Roque y el Valle de Punilla en su conjunto le otorga a los pasivos ambientales de Los Gigantes un riesgo particular. Según consta en el Estudio sobre Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes antes mencionado, sólo 2 de cada 10 personas que viven en Punilla y encuestados por la CNEA poseían, a noviembre de 2005 un conocimiento integral de la problemática: qué es el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, dónde está ubicado, y qué se procesa en él. Sólo el 1.5% de los encuestados indicó conocer el PRAMU. La creciente preocupación de la sociedad por la preservación del ambiente motorizó el desarrollo de la nueva legislación ambiental en nuestro país, que consagró en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de toma de decisiones sobre políticas que puedan impactar en el ambiente. Y es imposible imaginar tal participación ciudadana sin la difusión previa de información pública que la sustente. La misma Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 sostuvo en su Principio 10: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes". Si la información es una condición indispensable para la participación ciudadana, resulta preocupante que la CNEA no haya ideado aún algún mecanismo de difusión de información alternativo al del Foro Social que promovió en noviembre de 2005 y que fracasó, según denunciaron algunos de sus integrantes, por la negativa de la propia CNEA a brindar información oficial a la sociedad civil. Por estos motivos, insistimos en la necesidad de conocer qué nuevos canales de diálogo superadores del intento fallido de fines de 2005 se han previsto. Tal como sostuvimos en nuestro pedido de informes de octubre de 2006: no hay diálogo con la sociedad civil ni se ha procurado el consenso con los intendentes de las zonas afectadas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.-