La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que resulte competente, informe lo que a continuación se solicita con referencia a la Ley 26.911:

Si la mencionada norma se está aplicando, cuántos beneficiarios, hasta el momento, han solicitado ser amparados por la misma;

Si la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto órgano de aplicación de la Ley 26.913, ha reglamentado dicha ley;

Si no se encuentra en aplicación, indique los motivos por los cuales no se la aplica;

Qué valoración realiza el órgano de aplicación de la misma con referencia a la flagrante discriminación que dicha falta de aplicación genera en los potenciales beneficiarios de la misma con relación a los de las Leyes 24.321 (Certificado de "ausencia por desaparición forzada"), 24.411 (Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado), 24.043 (Indemnización para ex Detenidos), 25.914 (Indemnización para Hijos) y 26.564 (ampliación de los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411).

Señor presidente:

El 27 de noviembre de 2013, el Senado de la Nación sancionó la Ley 26.913 "Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina".

Dicha norma estableció una pensión graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubieran "sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles", "privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional", o "por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de "detenidos especiales", violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente."

Dicha norma estableció como órgano de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual se nos informó que dicha norma "no se está aplicando porque "no está reglamentada".

Según se nos informó, dicha falta de reglamentación obedece a "la decisión de la Presidenta de la Nación de no aplicarla por problemas presupuestarios".

Esta decisión política de desobedecer una norma sancionada por este Congreso no es nueva en el kirchnerismo, que en este caso particular se enfrenta a un caso que contradice abierta y flagrantemente su "relato" sobre su política de derechos humanos.

El incumplimiento de la Ley 26.913 discrimina a los beneficiarios de la misma con respecto a los de las Leyes 24.321 (Certificado de "ausencia por desaparición forzada"), 24.411 (Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado), 24.043 (Indemnización para ex Detenidos), 25.914 (Indemnización para Hijos) y 26.564 (ampliación de los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411).

Queda absolutamente claro que la política reparatoria del kirchnerismo en materia de derechos humanos no resulta una política de estado independiente de las necesidades electorales o las estrecheces presupuestarias coyunturales, sino una manipulación más de legítimos derechos en función de necesidades políticas.

Por todo ello, Sr. Presidente, es que solicitamos la aprobación del presente Pedido de Informes.