La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que:

a) a través de la Secretaria de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas proceda a fiscalizar el cumplimiento de las normas contenidas en la ley 24.240 y sus modificatorias, en lo relacionado con los préstamos de dinero realizados por cadenas nacionales de venta de electrodomésticos y artículos de electrónica y similares;

b) a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, proceda a fiscalizar el cumplimiento de las normas tributarias de las cadenas nacionales de venta de electrodomésticos y empresas vinculadas en lo que respecta a la operatoria de préstamos de dinero;

c) a través del Banco Central de la República se determine aplicar las disposiciones de la ley de Entidades Financieras a las operatorias de otorgamientos de préstamos por parte de las cadenas de comercialización de electrodomésticos y similares, ello en orden al volumen de las operaciones y a razones de política crediticia en defensa de los consumidores, de conformidad con lo previsto por el artículo 3° de la ley 21.526;

Señor presidente:

En los últimos años se extendió entre las principales cadenas de venta de electrodomésticos y artículos de electrónica y en todo el territorio nacional, la modalidad de ofrecer préstamos de dinero en efectivo, publicitando masivamente a través de intensas campañas la posibilidad de acceder a los mismos con mínimos requisitos.

Esta modalidad está siendo implementada entre otras cadenas comerciales por FRAVEGA, GARBARINO, COMPUMUNDO, RED MEGATONE, ELEKTRA, METROSHOP, MUSIMUNDO, las que promocionan el otorgamiento de préstamos personales de dinero en efectivo, mencionándose eventualmente la cantidad máxima de dinero a obtener por tales créditos, pero no se publicita el costo financiero de tales operaciones.

Esta modalidad que en el último año ha tenido un crecimiento exponencial, conforme consultas efectuadas por el suscripto, he podido constatar que no se encuentra regulada por el Banco Central de la República Argentina, en orden a que tales cadenas comerciales no realizan intermediación financiera, por cuanto argumentan que otorgan préstamos de excedentes de caja, vale decir con fondos propios. La posición del BCRA luce como congruente con lo establecido por el artículo 1 de la ley 21.526, que determina que están comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y sus normas reglamentarias "las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros".

Conforme esta modalidad comercial/financiera desregulada, el suscripto realizó un análisis sobre las tasas de interés que cobran los comercios, habiendo verificado conforme lo relevado en el mes de setiembre de 2008 que son muy superiores a las del sistema financiero. La justificación es que tales tasas de interés y el costo financiero total es de libre disponibilidad de las partes contratantes -el comercio que presta y el cliente-, y en la práctica se da que los clientes que en definitiva obtienen el crédito conocen y aceptan la tasa y el costo financiero que le informan los comercios en el propio acto de concertación de la operación, información que en muchos casos inclusive es deficiente, pues resulta habitual que sólo se le indique al consumidor la cantidad de cuotas y el monto de cada una de ellas, por lo que el cálculo del costo financiero total aparece disimulado, y se engloba en el mismo la tasa de interés, el impuesto al valor agregado sobre los intereses, sellado, seguro de vida y hasta gastos administrativos, ascendiendo la tasa efectiva anual a un 80% en promedio.

Los requisitos que se exigen a los consumidores van desde la presentación del Documento Nacional de Identidad, recibos de sueldos o certificación de ingresos, constancia de titularidad de servicios públicos y en algunos casos una antigüedad como cliente del establecimiento, y en otros casos sólo se requiere la presentación del D.N.I, realizando el comercio el estudio de antecedentes a través de las entidades de informes crediticios.

Conforme la operatoria descripta, el suscripto advierte gravísimas, reiteradas y generalizadas violaciones a los derechos de los consumidores, lo cual puede ser constatado con el análisis de la publicidad en internet, en cartelera callejera, publicaciones periodísticas e inclusive en la folletería de las propias cadenas comerciales, en las cuales no se identifica plazos de amortización, costo financiero y demás modalidades de la operación de crédito, lo cual viola los preceptos de publicidad establecidos en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, al no suministrarse al consumidor en forma "cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización" (art. 4 Ley 24.240 modificada por la ley 26.361).

Si bien no existe una previsión expresa en la Ley de Defensa del Consumidor para las operaciones crediticias de dinero en efectivo fuera del sistema financiero, no caben dudas que debe aplicarse a esta modalidad contractual las previsiones contenidas en el Capítulo VIII "de las operaciones de venta de crédito", que en el artículo 36 regula "las operaciones financieras para consumo y las de crédito para el consumo", que obliga a los proveedores a consignar en los instrumentos de la operación, entre otros aspectos "el importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; la tasa de interés efectiva anual; el total de los intereses a pagar o el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere", todo lo cual es omitido en la mayoría de los contratos, por lo que de verificarse tales incumplimientos existe la posibilidad que el consumidor demande la nulidad del contrato y eventualmente ante la omisión de la tasa de interés anual, el tomador del crédito puede abonar el crédito a la "tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato" (conforme art. 36 ley 24.240 modificada por la ley 26.361).

Ante el cuadro de situación descripto, entiendo que resulta procedente que se reclame un seguimiento permanente por parte de la autoridad de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor para que fiscalice y eventualmente sancione las infracciones en materia de publicidad de esta operatoria así como en la realización de los contratos. Asimismo, también entiendo procede reclamar al Banco Central de la República Argentina que en uso de la potestad que le confiere el artículo 3 de la ley 21.526 disponga la aplicación de la ley de Entidades Financieras a estas cadenas comerciales en orden al volumen de las operaciones y a razones de política monetaria y crediticia que aconsejan morigerar el costo financiero de estas operaciones, que podemos calificar de cuasi usurarias.

Por ello, en orden a la situación descripta, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa con su voto favorable.