La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al señor Ministro de Educación, Lic. Daniel Filmus, para que brinde informes verbales a esta Honorable Cámara sobre los alcances de la crisis desatada a partir de los aumentos decretados desde el Poder Ejecutivo Nacional al sector docente sin la correspondiente asistencia presupuestaria para hacer frente a los mismos desde las administraciones provinciales.

Señor presidente:

Acompañando el reclamo docente por el aumento de sus salarios y en el convencimiento pleno de la necesidad de asegurar una política de inversión en el sistema educativo nacional que permita recomponer años de abandono y desidia oficial, es que solicitamos la interpelación al Sr. Ministro de Educación de la Nación, Lic. Daniel Filmus.

La irregular situación que atraviesa nuestro país como consecuencia del anuncio de aumentos salariales al sector docente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, disparó una crisis sin proporciones en la mayoría de las administraciones provinciales que en muchos casos no cuentan con los recursos presupuestarios para hacer frente a los incrementos salariales proyectados.

La decisión del Ministerio de Educación de la Nación de fijar un mínimo de $ 1.040y un aumento de por lo menos 200 pesos para todos los cargos docentes generó en la mayoría de las administraciones provinciales un trastorno presupuestario de incalculables proporciones dado que la decisión unilateral no fue consensuada.

Luego de la renuncia del Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires se evidenció la improvisación y la imprudencia de la medida anunciada desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno. La solución al conflicto docente representó un incremento salarial mayor al pautado originalmente por las Provincias y precipitó una crisis de proporciones inauditas en materia fiscal.

Cerca de una decena de provincias se encuentran en conflicto desde el inicio el ciclo lectivo, mientras que las restantes han logrado superarlo parcialmente en la medida que el Poder Ejecutivo dispone discrecionalmente de partidas extraordinarias para postergar las medidas de fuerza o simplemente se dicta la conciliación obligatoria como el caso de Santa Fe.

La discusión, además del monto del salario docente, parece estar centrada en el blanqueo del salario básico que en la mayoría de las jurisdicciones provinciales se encuentra muy por debajo de lo anunciado por el Gobierno.

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Neuquén mantienen reclamos genuinos en su anhelo de recomponer el salario básico - que oscila entre 167 y 340 pesos- sobre el cual se computan beneficios, como la jubilación y el presentismo.

La justificada reacción del sector docente alcanzó los carriles lógicos de la protesta y el paro de actividades en cada una de aquellas jurisdicciones que no han podido cumplir con los anuncios de Nación.

Sin dudas, detrás del conflicto asoma una realidad dolorosa que se arrastra desde la década de los noventa, cuando la política de desarticulación del estado nacional llevó al justicialismo a trasladar a las provincias la responsabilidad en materia educativa, de salud y seguridad sin el correspondiente traslado de recursos financieros.

Actualmente, la Nación financia alrededor del 30% del gasto educativo consolidado, mientras que las provincias deben hacer frente a casi el 70%. La evidente desigualdad se profundiza en el caso de aquellas jurisdicciones que no cuentan con recursos extraordinarios en sus presupuestos como ser las regalías petroleras.

En este contexto resulta indispensable rediscutir un criterio de distribución entre las provincias y la Nación mas justo y equitativo que permita corregir los desequilibrios regionales. Una verdadera Ley de Coparticipación que asegure la realización de decisiones tales como el justificado incremento salarial docente.

Con la sanción de la Ley 26075 de Financiamiento Educativo, supuestamente debería haberse creado, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo sería "el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades". A la fecha del presente, no existen indicios que nos haga conocer que ese programa esté funcionando ni que el mismo haya dado algún resultado.

En el Artículo 10º de la misma Ley, el Ministerio, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, debería haber consensuado un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. Queda absolutamente claro que no hay consenso alguno acerca de estos tópicos, porque, de lo contrario, no estaríamos reclamando de parte del Ministro que explique el escenario de conflicto docente actual.

Sin embargo, la ausencia de tales reformas y la consiguiente reacción de miles de docentes postergados en diversas provincias crisparon los ánimos y la irracionalidad ganó el escenario del conflicto. En la Provincia de Neuquén, la crisis cobró una vida inocente y la escalada amenaza con desbordes en todo el país.

El escenario obliga a reclamar la presencia del Sr. Ministro de Educación de la Nación, Lic. Daniel Filmus, en el ámbito del parlamento a los efectos de conocer que medidas y/o resoluciones tomará el gobierno para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, de lo anunciado oportunamente y para el retorno de la paz social en las provincias que no pueden hacer frente a los anuncios por él realizados.