La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a la feroz represión sufrida por trabajadores docentes de la Provincia de Neuquén el día 4 de abril de 2007, por parte de la policía provincial, siguiendo expresas instrucciones del Gobernador Jorge Sobisch.

2. Su repudio al accionar policial que, disparando gases lacrimógenos a quemarropa contra Carlos Fuentealba, le provocaron la muerte.

3. Su adhesión a los reclamos por la renuncia del Gobernador Jorge Sobisch, y a que se someta a proceso penal a los responsables materiales e ideológicos del crimen de Fuentealba.

Señor presidente:

En la Provincia de Neuquén, el salario básico inicial de los docentes es de $ 285, mientras que las sumas no remunerativas que integran el salario docente llegan al 60 por ciento del sueldo.

Reclamando el "blanqueo" salarial, y un incremente acorde al costo de vida en dicha Provincia, los docentes están llevando adelante diversas medidas, desde huelgas, cortes de ruta o movilizaciones, incluyendo la impactante CAMINATA DE ATEN DE ZAPALA A NEUQUÉN del 17 de marzo de 2007, con más de diez mil personas en las calles de la capital provincial.

En el marco de estas medidas de fuerza, que ya llevan más de un mes sin respuesta satisfactoria, un grupo de más de 2.000 docentes intentó el 4 de abril cortar la ruta provincial 22, en la localidad de Arroyito, rumbo a Cutral-Có, siendo ferozmente reprimidos por la policía provincial, con palos, gases lacrimógenos y balas de goma.

Como ya a esta altura es un hecho notorio, esa represión culminó con el asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos de la policía provincial, siguiendo instrucciones impartidas por el Gobernador Sobisch, según él mismo lo reconoció el día 4 de abril, enfatizando que "lo volvería a hacer".

Si bien uno solo de estos acontecimientos resulta absolutamente repudiable y preocupante, torna aún más seria la cuestión el tener en mente que, al igual que en casi todas las provincias del país, en Neuquén parece ser una política de Estado el reprimir ferozmente toda forma de protesta.

Valga recordar como ejemplo que en la mañana del día 31 de mayo de 2005, los docentes de la provincia del Neuquén, acompañados por los trabajadores de la salud, iniciaron sus reclamos salariales ante el gobernador provincial, Jorge Sobisch. Ante estos reclamos, la respuesta del gobernador fue una violenta represión, que tuvo como saldo varias personas heridas con balas de goma y con principio de asfixia, producto de los gases lacrimógenos, a lo que cabe sumar la presencia de un camión hidrante, que lanzaba violentos chorros de agua contra los manifestantes. Asimismo, por orden del gobernador, se desplazó por la fuerza la carpa que los manifestantes habían instalado frente a la Casa de Gobierno.

A estos hechos, debemos sumar las amenazas telefónicas de muerte a varios trabajadores de Fasinpat (ex Zanón) y sus familias; el secuestro y tortura de familiares de estos trabajadores; las amenazas contra la Defensora del Niño y Adolescente del Neuquén, doctora Nara Osés y su adjunta, doctora Edith Galarza, y el atentado contra la vida de dirigentes sindicales, como el caso de Alejandro Castellar.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el asesinato de Teresa Rodríguez ocurrido el 12 de abril de 1997, en Cutral-Có, que hasta el día de hoy sigue impune.

El asesinato de Carlos Fuentealba provocó un unánime rechazo en toda la población del país, que se expresó en masivas movilizaciones en las principales ciudades el día 9 de abril. Por citar sólo algunos ejemplos, en la Ciudad de Neuquén se movilizaron cerca de treinta mil personas (el quince por ciento de los habitantes de la Ciudad) en repudio al asesinato, y exigiendo la renuncia del Gobernador Sobisch.

También en la Ciudad de Buenos Aires, más de treinta mil personas se movilizaron con la misma finalidad. En el mismo sentido, diez mil personas se movilizaron en San Salvador de Jujuy, trece mil en Salta, dos mil en Tucumán, cuatro mil en Córdoba, nueve mil en Mendoza, dos mil en San Luis, tres mil en Bariloche, nueve mil en Rosario, seis mil en Mar del Plata, y cinco mil en Río Gallegos.

Es por todo lo expuesto, ante la gravedad de los hechos descritos, que solicito la urgente aprobación de este proyecto.