El Senado y Cámara de Diputados...

Programa Nacional "Educación para la Memoria "

Artículo 1: Créase el Programa Nacional "Educación para la memoria" en el ámbito de los establecimientos educativos de gestión estatal y privados de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal.

Artículo 2: Los objetivos del presente programa son los siguientes:

a) Concientizar a los alumnos acerca de las consecuencias producidas por el gobierno militar de facto que ejerció el poder en Argentina entre los años 1976 a 1983, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

-las características del plan sistemático de detención, tortura y desaparición de personas;

-los móviles económicos y sociales que propiciaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976;

-el contexto internacional existente;

-las consecuencias socio-económicas de las políticas implementadas por el Gobierno de facto y sus proyecciones en las décadas siguientes.

-el rol adoptado por los distintos actores sociales durante la vigencia de la dictadura militar.

b) Afianzar valores en docentes y alumnos que permitan fortalecer el sistema democrático.

c) Incentivar la participación de los docentes y alumnos en lo referente a investigaciones sobre la temática.

Artículo 3: El Programa está destinado a /os alumnos que concurran a:

- los alumnos de los dos últimos años del nivel primario;

- los alumnos del nivel secundario;

- los alumnos del nivel superior de formación docente.

Artículo 4: El programa "Educación para la Memoria" se desarrollará en dos etapas. La primera de ellas tendrá una duración anual, acorde al calendario escolar de cada ciclo lectivo. La segunda se desarrollará durante el mes de marzo del año subsiguiente y consistirá en la exposición de las producciones realizadas durante la primera etapa del programa.

Artículo 5: El Ministerio de Educación definirá, conjuntamente con el Consejo Federal de Educación, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de "Educación para la Memoria"; buscando articularlos con los contenidos, talleres y seminarios que tengan ya implementados con la misma temática en las distintas jurisdicciones provinciales, municipales y nacional.

Artículo 6: El dictado de los contenidos curriculares del Programa estará a cargo de un docente de historia y uno de economía, como mínimo. Del mismo modo, teniendo en cuenta la modalidad que posea el establecimiento educativo se integrará con docentes de áreas artísticas, de literatura, etc.

Artículo 7: La implementación del Programa "Educación para la Memoria" estará a cargo de una Comisión integrada por un (1) representante del Ministerio de Educación; un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y un (1) representante de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. La Comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Diseñar las estrategias para la implementación del presente Programa.

b) Fijar los mecanismos de control que garanticen una evaluación permanente del nivel de cobertura del Programa y de sus resultados.

c) Propiciar la difusión de los objetivos del Programa en los distintos niveles del sistema educativo formal.

d) Diseñar, producir y seleccionar los materiales didácticos.

Artículo 8: El programa creado por la presente ley se desarrollará a través de las siguientes acciones:

a) La realización de publicaciones y seminarios.

b) La realización de trabajos de investigación, producciones audiovisuales y producciones artísticas que versen sobre la temática del programa, y que cuenten con la participación de docentes y alumnos.

c) La organización de concursos que estimulen la participación de docentes y alumnos de los distintos niveles educativos. Los trabajos seleccionados se difundirán a través del Sistema de Medios Públicos de la Nación.

d) El diseño de programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de su formación continua.

Artículo 9: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene como antecedente el expediente 3905-D-2009, de mi autoría.

Hoy, a 26 años de la recuperación de la democracia, podemos decir que nuestra sociedad ha vencido el miedo impuesto en los años del terrorismo de Estado y ha comenzado a transitar una etapa diferente en la búsqueda de la reconstrucción de su identidad. Tenemos la convicción de que sólo ejercitando la memoria, principal bastión de la resistencia de un pueblo, lograremos ese cometido.

De esta manera conseguiremos por un lado, rendirles un merecido homenaje a aquellos luchadores que brindaron su esfuerzo, su capacidad y su vida para llevar adelante un proyecto diferente para nuestra sociedad y nuestro país; y por el otro haremos posible el afianzamiento de valores que nos permitan fortalecer el sistema democrático en el que elegimos vivir.

En ese proceso de reconstrucción resulta fundamental desentrañar las causas que motivaron el golpe de Estado de 1976, suceso que dio comienzo al período más oscuro y sangriento de nuestra historia.

Las características del plan sistemático de detención, tortura y desaparición de personas; los móviles económicos y sociales que propiciaron el quebrantamiento del orden constitucional; el contexto internacional existente; las consecuencias socio-económicas de las políticas implementadas por el gobierno de facto y sus proyecciones en las décadas siguientes; el rol adoptado por los distintos actores sociales durante la vigencia de la dictadura militar, son algunos aspectos cruciales sobre los que debemos indagar para lograr comprender la realidad vivida durante esos años tan sombríos de nuestro país. Pero al mismo tiempo son la llave para explicar, en gran medida, nuestro presente.

Al observar la realidad actual de nuestro país podemos encontrar las consecuencias de los profundos cambios que trajo aparejada la dictadura. La reconstrucción histórica es el puente que nos posibilita unir aquel proceso con el presente y caminar con firmeza hacia un futuro mejor.

La dictadura militar dejó marcas imborrables, no sólo por las ausencias que provocó, sino también porque afectó y transformó la vida de la población, aun en sus aspectos más cotidianos. Instaló el terrorismo de Estado como metodología para la denominada "reorganización nacional". Sus objetivos fueron claros: en sintonía con las directivas de las principales potencias del mundo, se intentó arrasar con las conquistas sociales y desarticular a las organizaciones gremiales, políticas, campesinas y juveniles.

Es por eso que ineludiblemente debemos poner de relieve que con el advenimiento de los militares al poder se implementó una estrategia integral y sistemática, ejecutada por las fuerzas armadas, pero que contó con la necesaria participación y complicidad de sectores empresariales, económicos, sindicales y de parte de la jerarquía eclesiástica.

Sin la pretensión de formular una exposición acabada y global de este proceso histórico, nos permitimos abrevar acerca de algunos aspectos que lo caracterizan. A tal fin podemos mencionar que en las décadas precedentes a la dictadura, nuestro país fue escenario de una creciente participación del pueblo en todas las dimensiones de la sociedad donde se decidía que modelo de país se quería para el futuro. Esta participación había nacido como resistencia a las distintas dictaduras que usurpaban el poder desde mediados del 50, y se amplió con la incorporación de los jóvenes y trabajadores a las discusiones y políticas.

La versión de la historia impuesta por los genocidas, convirtió esas experiencias sociales y políticas de nuestro pueblo, en un cuento de tiempos violentos con malos de izquierda y malos de derecha, bajo la absurda teoría de los dos demonios; ocultando así que el único verdadero demonio fue la violencia aplicada por el gobierno de facto contra las expresiones políticas y sociales de un pueblo que nunca resignó sus conquistas. Todo con el propósito de aniquilar nuestra capacidad de

organización como pueblo, para imponer el despojo económico de las mayorías en beneficio de determinados sectores que, insistimos, fueron cómplices necesarios de aquel horror.

El programa impuesto contempló, entre otras medidas la prohibición de las huelgas, el control de los salarios, el aumento de los impuestos, el descenso del gasto público en materia social, educación y ayuda a las provincias.

En el aspecto socio económico es importante señalar que las políticas impulsadas modificaron sustancialmente el régimen social de acumulación, interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones. En esta época se instala un modelo económico neoliberal que a la postre se consolidó en la década de los 90´. Esto se tradujo en una significativa disminución de la participación de los trabajadores en la riqueza a través de la reducción del salario real y años más tarde derivó en un abrupto crecimiento de la desocupación. Una vez disciplinados los trabajadores se generó el contexto propicio para avanzar sobre las conquistas sociales obtenidas por aquellos a largo de décadas.

El acelerado crecimiento de la deuda externa es otro elemento central para poder explicar el cuadro socio económico existente actualmente en nuestro país. En este sentido, Eduardo Basualdo sostiene: "La deuda externa (especialmente la del sector privado) cumplió un papel decisivo en la valorización financiera porque su peculiaridad radicó en que el acelerado endeudamiento fue motorizado por primera vez en décadas por el sector privado oligopólico industrial y particularmente por la fracción de la oligarquía que se había diversificado hacia la producción manufacturera (los denominados grupos económicos locales) e integrantes del capital extranjero. Específicamente, se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante (mayoritariamente líderes en la producción industrial) contrajeron deuda externa para realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) y valorizarlos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional, para finalmente fugarlos al exterior. De esta manera, a diferencia de lo que ocurría

durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, el endeudamiento externo ya no constituyó, principalmente, una forma de financiamiento de la actividad productiva sino un instrumento para obtener renta financiera dado que la tasa de interés interna (a la cual se coloca el dinero) era sistemáticamente superior al costo de endeudarse en el mercado internacional. Indudablemente, este proceso no hubiera sido factible sin una modificación en la naturaleza del Estado que, desde este punto de vista económico, se expresó al menos en tres procesos fundamentales. El primero radicó en el endeudamiento del sector público con el mercado financiero interno -donde era el mayor tomador de crédito en la economía local- que provocó que la tasa de interés doméstica superara sistemáticamente al costo del endeudamiento en el mercado internacional. El segundo consistió en que la deuda externa estatal posibilitó la fuga de capitales locales al exterior, al proveer las divisas necesarias. El tercero fue que la subordinación estatal a la nueva lógica de la acumulación de capital posibilitó la estatización de la deuda externa privada durante los años ochenta. Al dejar de ser el endeudamiento externo una forma de financiamiento de la expansión industrial y devenir instrumento para la obtención de renta financiera, cuyo origen se encuentra en la brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados, se produjo la escisión del mismo respecto de la evolución de la economía real. Dicha escisión provocó recurrentes crisis económicas entre 1976 y 2001, produjo una expansión espectacular de la deuda externa total que al confluir con la apertura comercial desencadenaron al menos dos procesos que provocaron un inédito proceso de desindustrialización que a su vez fue el factor fundamental de la inusitada desocupación de la mano de obra vigente durante las últimas décadas. El primero consistió en el pago de los intereses devengados a los acreedores externos, y el otro la fuga de capitales locales al exterior por parte de residentes locales. Ambas brechas, que sumaron 117 mil millones de dólares y 138 mil millones de dólares, respectivamente, entre 1975 y 2001, representaron prácticamente 2,5 veces el PIB de 2002 (105 mil millones de dólares) y su ritmo de expansión superó el que exhibió el stock de deuda externa neta que alcanzó a 138 mil millones de dólares en el 2001. De allí la muy reducida acumulación de capital que caracterizó al régimen de acumulación impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, con su correlato en la mencionada desindustrialización y en una creciente concentración de la producción y el ingreso."

Las consecuencias del modelo económico implementado por la dictadura determinaron la concentración de la riqueza y el enorme crecimiento de pobres e indigentes; tendencia que con el devenir de los años se ha ido acentuando.

Como sociedad hemos avanzado en la búsqueda de justicia por las aberrantes violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por los genocidas que condujeron los destinos del país entre 1976 y 1983; en el año 2003 -con la anulación de las leyes de impunidad por parte del congreso- se reabrieron los juicios tendientes a individualizar las responsabilidades de los genocidas. Este proceso de búsqueda de justicia es incipiente y tiene un largo camino por recorrer, ya que mientras transcurre el tiempo sólo se han instrumentado una cantidad de causas insignificante en relación a la magnitud del terror, y se ha condenado sólo a un puñado de responsables.

Sin embargo aun debemos seguir arrojando luz sobre las profundas e imborrables huellas que nos imprimió la dictadura militar. Es que, a más tres décadas del fatídico golpe de estado de 1976, una gran parte de nuestra sociedad -en particular los jóvenes- desconoce lo sucedido en el período antes referido. Una encuesta publicada por el diario Clarín, refleja esta preocupante realidad: ante la pregunta: "¿Usted sabe qué se conmemora el 24 de marzo?", el 49,7 por ciento de los encuestados contestó que lo desconocía, y el porcentaje se incrementa aún más cuando los consultados son los jóvenes de entre 18 y 25 años: un abrumador 64.9 por ciento de ellos dijo desconocer qué ocurrió ese fatídico día (Fuente: Diario Clarín, 22/03/08).

Esto nos pone de cara a un enorme desafío, mostrar a nuestra sociedad que el gobierno de facto impuso, a costa de la vida de miles de personas, una matriz económica neoliberal a la medida de los intereses de algunos grupos de poder; que implementó a sangre y fuego una ingeniería de domesticación social con el propósito de arrasar con las conquistas sociales de los trabajadores y estudiantes; que sirviéndose del Estado intentó desarticular todo tipo de organización social. Sólo despejados tales extremos, los argentinos y argentinas esteremos en condiciones de percibir que los graves problemas sociales que actualmente padece nuestro país, en gran medida, tienen su raíz en la última dictadura militar.

En este contexto es que se propone la implementación del programa "Educación para la Memoria". El Estado Nacional debe asumir un rol protagónico en este proceso de reconstrucción histórica que nos permitirá conocer que pasó en aquellos años de oscuridad y dolor. Esa es una deuda que tenemos como sociedad y que debemos saldar de una vez a fin de evitar que el 24 de marzo siga figurando en los libros de historia y en el ideario colectivo como un feriado más. Y entendemos que la mejor forma de alcanzar ese objetivo es haciendo eje en la educación y fomentando la participación de docentes y alumnos de todos los niveles.

Por todos estos motivos, la implementación del mentado proyecto implica un gesto político claro a favor de la democracia y sus instituciones, una profundización del propio sistema democrático y, finalmente, un significativo avance en pos de concientizar a todos los argentinos acerca de lo acontecido durante esa etapa funesta de nuestro país.

Por los motivos expuestos, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.