La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que se proceda, a través de las correspondientes dependencias a su cargo, a la reparación y demarcación de la ruta provincial Nº 6 de la Provincia de Entre Ríos, en el tramo que va desde su intersección con la ruta Nº 18 hasta 40 kilómetros hacia el sur, en razón de la peligrosidad que, en su actual estado, implica la misma.

Señor presidente:

La ruta provincial Nº 6 de la Provincia de Entre Ríos, desde su intersección con la ruta nacional Nº 18, hasta unos 40 Km. Hacia el sur (en dirección a la ciudad de Gualeguay) representa, en su estado actual, un real peligro para los conductores que por ella transitan.

A lo largo de todo el trayecto, la referida ruta se encuentra muy descuidada, presenta baches en prácticamente toda su extensión y carece de una demarcación apropiada para un camino con un tránsito tan nutrido como lo es éste.

Si bien hacia el norte de la ruta nacional Nº 18, la ruta seis se encuentra en buen estado, es evidente que en el trayecto anteriormente referido no se han realizado ningún tipo de obras, y de hecho tampoco se ven maquinarias y/u obreros en el lugar. Además, desde al menos tres años ese tramo presenta las peligrosas condiciones que hoy pueden verse, por lo que no es, o no debería ser, un hecho desconocido por las autoridades encargadas del mantenimiento de la cinta asfáltica.

En un proyecto de declaración anterior remarcábamos el hecho de que en 2007, por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación (1724/2006), el año "Año de la Seguridad Vial" en la República Argentina, lo cual obligó a que toda la papelería de la Administración Central del Gobierno lleve como membrete dicha leyenda. Si bien entendemos que es importante concientizar sobre la preocupante tasa de siniestralidad vial que padecemos, con tantas vidas apagadas en accidentes incomprensibles e injustificables, no obstante consideramos que la tarea es mucho más ardua que inscribir ese mensaje en la papelería oficial y que éste debe ser el enunciado de una verdadera voluntad política de brindar de forma seria, responsable y eficiente, soluciones a una problemática de larga data en nuestra sociedad.

Como argentinos quizá estemos acostumbrados a leer las abrumadoras cifras de accidentes de tránsito, sin embargo los países del primer mundo, con políticas activas para combatir este flagelo, ven espantados nuestros guarismos de siniestralidad. En marzo de 2006 el diario barcelonés "La Vanguardia" (1), relataba:

Con una población de alrededor de 37 millones de habitantes, Argentina padece una masacre anual de más de 10.000 víctimas mortales en accidentes de tráfico. La magnitud del problema no basta para situarlo entre las prioridades del Estado y la sociedad argentinas, que parecen asumirlo con turbia y aplastante fatalidad. En un país donde cualquier conductor está convencido de haber heredado los genes de Juan Manuel Fangio, la matanza cotidiana en las carreteras del país alcanza cifras de escándalo. Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), en el 2005 se registraron 10.351 muertos, más del doble de las cifras españolas, con una población de 40,8 millones de habitantes...

La masacre cotidiana ha puesto sobre alerta a las autoridades; sin embargo, la proliferación de organismos oficiales, la dispersión de la normativa y la ausencia de controles sistemáticos ha causado una "virtual dilución de la responsabilidad estatal", según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. "Las actitudes del Estado son espasmódicas - dice el titular de ese organismo, Eduardo Mondino- . Un día sale a cazar al que no usa el cinturón y a los 15 días se olvida. Un particular puede decidir usar un día cinturón y otro no". Eduado Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, pone el epitafio de esta situación: "La sociedad y las autoridades suponen que tantas muertes estúpidas e inútiles son tolerables".

Justamente, creemos que la actual situación en materia vial es intolerable e inaceptable, y si bien compartimos la importancia de la concientización, entendemos que debe ser acompañada por estrictos controles e, inevitablemente, por infraestructura acorde al incremento del flujo vehicular.

El tan mencionado crecimiento sostenido del país, forzosamente, tiene su consecuente impacto en el aumento del tránsito de vehículos en las rutas (sobre todo teniendo en cuenta el paupérrimo estado de los trenes de carga). Para el desarrollo de la actividad agropecuaria e industrial, el estado de los caminos es de fundamental importancia, debido a que más prioritariamente el traslado de la producción hacia los centros de comercialización y/ o industrialización se realiza por transporte automotor.

Como vemos, además de la seguridad de los ciudadanos, las condiciones de los caminos influyen también en la optimización del transporte de los productos que dinamizan la economía de nuestro país.

Es por todo lo expuesto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

(1) http://www.lavanguardia.es/web/20060301/51235726829.html