La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

EXPRESAR EL RESPALDO Y LA SOLIDARIDAD A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE SE VIERON AFECTADOS POR DIFERENTES EXPRESIONES AGRAVIANTES Y DISCRIMINATORIAS EN PERJUICIO DE SU ACTIVIDAD.

Señor presidente:

Los recientes sucesos relacionados con el conflicto entre sectores de la producción agropecuaria y el gobierno nacional pusieron en vilo al pueblo argentino en más de un aspecto. No sólo que la crisis ha derivado en resultados preocupantes para el futuro de nuestro país en la faz productiva y económica, sino que ha abierto una herida profunda en los aspectos sociales relacionados con la convivencia democrática.

Más aún, ha cobrado fuerzas una corriente de opinión tendiente a controlar los contenidos de los medios de comunicación, los cuales han tenido, sin dudas, un protagonismo importante en la cobertura de los acontecimientos que son de dominio público.

En lo sustancial, esta divergencia pública con los contenidos brindados por la prensa excedieron a las opiniones que se pueden manifestar desde el poder, siempre en el marco del debate público y franco que enriquece a todos. Pero desde las máximas alturas del poder se ha optado por "bajada de línea" para castigar el trabajo de los periodistas y la línea editorial de los medios de comunicación durante el conflicto que ha concitado la atención de los argentinos.

Sin ambages, el Poder Ejecutivo ha acusado a los medios de acompañar un presunto movimiento destinado a dar un golpe de Estado, diagnóstico por demás temerario que al poco tiempo cayó por su propio peso ante las manifestaciones de rechazo de las organizaciones que agrupan a periodistas y medios de comunicación, tales como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), entre otras.

En uno de estos ataques, se ha buscado mellar la credibilidad del prestigioso artista argentino Hermenegildo Sábat, histórico caricaturista del Diario Clarín, quien fue acusado de enviar mensajes "casi cuasi mafiosos" en perjuicio de la investidura presidencial. Esto también es una afrenta a una personalidad del periodismo argentino que se ha destacado por su valentía aún en los tiempos de la Dictadura Militar, retratando a los jerarcas más prominentes de las Juntas Militares en uno de los diarios de mayor circulación del país.

No contento con esto, posteriormente el Poder Ejecutivo recurrió a un reciente informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires para reflotar un Observatorio de la Discriminación de Radio y Televisión que estaba durmiendo el sueño de los justos en algún cajón desde el momento de su creación formal, en noviembre de 2006, a partir de un convenio entre el COMFER y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia), al que luego se sumó el Consejo Nacional de la Mujer.

Y junto con la bendición de este Observatorio, se dedicó todo un acto oficial para cuestionar la falta de autocrítica de los medios de comunicación social sobre su tarea de informar y formar a la población, cuestión sería posible en otro marco político y social, alejado de los conflictos profundos que aún vivimos y sobre todo,

por el pronunciamiento de acusaciones de golpismo contra los propios periodistas y medios, a los que ahora se pretende "vigilar".

Decimos "vigilar" porque quizás en un lapsus gráfico, la página oficial del remozado Observatorio (www.obserdiscriminacion.gov.ar) presenta un logotipo constituido por un gran ojo, que nos remite al ya conocido Ojo del Gran Hermano, el conocido reality show cuya tónica es la constante filmación de la intimidad de los protagonistas del juego. ¿Estaremos todos en la mira de este nuevo Gran Hermano?

Sabemos que hay ejemplos en el mundo de Observatorios de Medios de Comunicación que cotidianamente brindan importantes servicios al manifestar opiniones sobre contenidos de los programas, en especial cuando tienen contenidos discriminatorios. Pero creemos que en la actual situación del país la figura del Observatorio debería ser marcada por su independencia y autarquía con respecto al Poder Ejecutivo.

En otro rasgo repetido de la actual situación política, el Congreso de la Nación ha vuelto a ser ignorado por el Poder Ejecutivo al tomar medidas trascendentales que afectan a todos los argentinos. Se está soslayando que en nuestra Cámara se está analizando un proyecto de Observatorio Parlamentario sobre Derecho a la Libertad de Expresión que se encuentra en análisis de la Comisión de Libertad de Expresión, destinado a recibir denuncias sobre acciones agraviantes contra la Libertad de Expresión. Uno de los aspectos centrales de este proyecto es la integración de la Comisión con legisladores de la oposición y de entidades relacionadas con la actividad periodística como sindicatos de prensa y círculos profesionales.

Lamentablemente, el necesario debate sobre la "calidad institucional" de todos los actores públicos, y en particular la prensa, no ha encontrado un buen ejemplo en las alturas del poder. Los medios de comunicación y los periodistas han realizado una cobertura en términos generales correcta sobre los recientes acontecimientos del conflicto agropecuario, y los contenidos discriminatorios fueron la excepción. A través del esfuerzo de ellos, millones de argentinos hemos aprendido sobre una temática que habíamos tenido en un segundo plano, debemos ser justos en reconocerlo.

No creemos que los medios de comunicación social hayan influido en el reciente proceso social, como se ha intentado instalar desde el Ejecutivo Nacional, acusando especialmente a la televisión de haber generado las manifestaciones de protesta en las calles. Fueron, sin dudas, los mensajes agresivos de los distintos sectores involucrados en el conflicto lo que actuaron como revulsivo de una situación latente que terminó por explotar.

Si han existido actitudes y contenidos discriminatorios durante la cobertura del conflicto agropecuario, precisamente no partieron desde los medios de comunicación social, sino de los actores interesados en defender sus propias posiciones políticas y sectoriales, muchas veces recurriendo a actitudes discriminatorias. ¿El nuevo Observatorio tendrá en cuenta estos factores? ¿Un organismo que depende del Estado será capaz de observar los actos discriminatorios de los funcionarios públicos? ¿O solamente se dedicará a mirar lo que dicen los periodistas?

Cabe señalar, que la cobertura de los medios nacionales, regionales y provinciales sobre el conflicto agropecuario tuvo similares contenidos a los medios de prensa internacionales. El tratamiento realizado por los diarios españoles El País y el

Mundo; el periódico francés Le Figaró y el inglés The Guardian, para dar ejemplos, no difirieron con respecto a la visión de la prensa argentina. Por lo tanto, esta

última bien se podría sentir discriminada por los dichos del Poder Ejecutivo, quienes pusieron el acento de sus críticas en la cobertura local, pero obviaron a la prensa internacional.

El peligro que puede generarse con estas "auditorías de medios jerarquizadas", es que se comience a castigar a los medios de prensa con la restricción de las partidas de publicidad estatal, cuyo volumen crece presupuesto a presupuesto, como así también su orientación discrecional, como lo ha denunciado ADEPA en

varias oportunidades. No podemos dejar de encender esta alarma luego que el COMFER fuera anulado como organismo autárquico y pasara a depender de la

Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, precisamente el organismo que maneja el destino de los presupuestos en publicidad y propaganda del gobierno nacional.

En este marco de conflicto, el Congreso de la Nación debe recuperar un protagonismo central a la hora de crear una valla de contención a los intentos de censurar a la prensa y los periodistas, por lo que se hace necesario una declaración de solidaridad y respaldo a los periodistas y medios de comunicación de nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.