El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 11°.- Inciso d) de la Ley 23.737, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de éstos. El incremento sobre las penas dispuesto en este artículo se aplicará cuando los hechos se cometieren por un integrante de las Fuerzas de Seguridad y policiales comprendidas en el Artículo 7° de la Ley 24.059; por un integrante de las Fuerzas Armadas comprendidas en el Artículo 21° de la Ley 23.554, y en todos los casos en cualquier situación de revista o baja conforme a la legislación vigente."

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.-

Señor presidente:

La mera observación de la realidad nos muestra un hecho incontestable y dramático: el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos se han instalado con inédita fuerza en nuestro país mediante actores que cuentan con un impresionante poder, traducido en capacidad de organización, acción y recursos. Las organizaciones del narcotráfico se expanden cada vez más y con mayor impunidad, a través de bandas delictivas integradas por nacionales y extranjeros.

Los graves delitos vinculados al narcotráfico - que incluyen desde el lavado y blanqueo de activos financieros hasta el robo de automotores, pasando por secuestros y trata de personas- se suceden con mayor intensidad y periodicidad. La violencia que los acompaña parece conducirnos a un estado de "guerra narco" que se está llevando la vida de nuestros jóvenes en diversas regiones y ciudades del país. Otras víctimas que se suman, además de los muertos y enfermos por el consumo abusivo de drogas ilícitas. Estamos ante un escenario muy grave y complejo.

Nuestro país está inseguro, y se está transformando en un foco de elaboración, consumo y tráfico ilegal de drogas, acompañado de una pléyade de delitos que se insertan en un esquema sólido y masivo dirigido por diversas mafias. También nuestro país se está volviendo un centro de corrupción que surge de la fuerza misma del delito y comienza a horadar las instituciones: miembros del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad -en cualquier jurisdicción- son conniventes con el narcotráfico o directamente sus aliados. La agresión de las mafias y el narcotráfico se dirige contra el Estado, la sociedad entera y sus órganos de respuesta, y comienza a anidar en ellos.

Las nefastas consecuencias de la acción del narcotráfico se presentan en diversos espacios de la vida comunitaria. En la salud con muertes y lesiones, violencias interpersonales de todo tipo; en lo social mediante el delito organizado y común, degradación urbana, pérdida de espacios públicos, inseguridad ciudadana, estigmatización de minorías, ineficacia y colapso de sistema penal, mayor control y represión sobre poblaciones específicas; en lo económico a través del enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fuga de capitales, aumento de desigualdad social, colusión con empresas legales, incremento astronómico del gasto represivo; en lo político se manifiesta por la corrupción y participación directa de funcionarios públicos, deslegitimación institucional, violaciones a los Derechos Humanos y libertades civiles, "narco-diplomacia"; y, finalmente, en lo cultural por medio del sexismo, materialismo y elogio del corrupto considerado como "más fuerte".( (1) )

Los centros urbanos argentinos están siendo conmovidos por el violento accionar del narcotráfico; Buenos Aires, Rosario, Córdoba; sus cordones suburbanos inmediatos y otras regiones son sus objetivos y escenarios. Amenazas a magistrados, funcionarios de la Justicia y de las fuerzas de seguridad e incluso a mandatarios provinciales así lo prueban. Y se nos advierte que "el modelo de control territorial por organizaciones delictivas en zonas urbanas marginales se replica en algunos

puntos de los conglomerados urbanos del país."( (2) ) Los especialistas ejemplifican la situación tomando un caso paradigmático como es el asentamiento 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, al sur de la Comuna 7 (Bajo Flores): "En octubre de 2010, el Juez Federal Sergio Torres sostuvo en una resolución que "se estableció que la agrupación [narcotraficantes] se asentó fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica que fue identificada como ´el sendero´ (...), montando desde ese particular punto estratégico una compleja estructura eficazmente coordinada para desplegar todos los movimientos para el comercio de droga a gran escala."( (3) ) La resolución judicial describe un aparato organizativo y logístico con claras jerarquías y funciones, recursos económicos y armamento para instalar una "zona autónoma" donde impera el poder narco.

En el caso de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y tercera urbe más poblada del país, el narcotráfico se centra en su periferia - el Gran Rosario-, registrándose "una proliferación de cocinas de estiramiento de cocaína y enfrentamientos cada vez más violentos entre bandas que pujan por el control del tráfico local (...) Los barrios aledaños sufren una espiral de hechos delictivos y violencia."( (4) )

Pero el fenómeno de la instalación y crecimiento de estas redes delictivas no es espontáneo; hay causas profundas y estructurales que se remontan, en el caso de la Argentina y la región latinoamericana (ciudades como Río de Janeiro, San Pablo, Lima, México DF, Ciudad del Este, Bogotá o Caracas) al retroceso masivo del Estado en sus responsabilidades durante las últimas décadas y especialmente en el período 1990-2000, traducido en "liberalización" (programa neoliberal), ausencia de lo público, apertura económica irrestricta, precarización laboral y generación de pobreza.

Podemos hablar de la ruptura de un contrato social ante la expulsión de millones de personas del circuito laboral y la consecuente crecida de la marginalidad socio-económica. Allí accionan los grupos criminales y las mafias en un caricaturesco reemplazo de un Estado que se ha retirado mientras aquellas se enquistan en el cuerpo social. Las políticas de modificación de esas cuestiones estructurales necesitan de gran consenso político y su velocidad no coincide con la rapidez del crecimiento de estas organizaciones delictivas.

Las estrategias multiagenciales y transversales para enfrentar a este problema parecen bastante adecuadas ya que cubren el amplio espectro de la vida social al cual este delito agrede en toda su extensión. Pero sin dudas, el recurso mas firme del Estado -traducido en monopolio legal de la violencia como ultima ratio- se ubica en las Fuerzas de Seguridad y Policiales, por un lado, y en la solidez del sistema judicial, por el otro. Por ello, ambos son objetivos primarios del narcotráfico.

Especialistas sostienen que las Fuerzas de Seguridad "mantienen una capacidad organizacional-institucional que le permite, mediante los canales ejecutivos y de la administración de justicia, articular esfuerzos en la lucha contra el delito y el crimen organizado (...) El monopolio del uso de la violencia sigue siendo una ventaja competitiva en el cálculo estratégico."( (5) )

Sin embargo, la primera línea de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es la más expuesta a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de ingentes recursos económicos que permite el ingreso disolvente y específico de la corrupción en sectores de las Fuerzas de Seguridad, Armadas y policiales. Esto ha quedado demostrado en el caso de los "Zetas", actualmente el mayor cártel de drogas desplegado en el territorio de México y cuyos miembros fundadores son militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano. Varios de sus líderes han recibido entrenamiento militar en los Estados Unidos, cuando aún prestaban servicio para el Estado. En 1999 el grupo especial luchaba contra el desarrollo del Cártel del Golfo, hasta que fueron cooptados por el "capo narco" Osiel Cárdenas Guillen, cambiando sus lealtad y transformándose en el ala militar de la organización delictiva para evolucionar hacia la constitución de su propio y poderoso cártel. Situaciones similares han ocurrido en Perú y en Colombia. En estos países azotados por el narcotráfico y la violencia, la relación entre corrupción y este delito se da en el marco de las vinculaciones que buscan los cárteles con autoridades públicas para lograr ciertas concesiones: relajamiento del control, negación de la extradición como política de intercambio recíproco, influencia en campañas electorales y un largo etcétera.

En los países de destino final de la droga, las mayores presiones e "influencias" de estas organizaciones van dirigidas a la flexibilización del control estatal, de tal modo que se facilite el tráfico, la comercialización al por mayor y menor (o "narcomenudeo") en puertos, aduanas y sectores y territorios bajo jurisdicción de las Fuerzas de Seguridad y policiales. Otro segmento de la sociedad que se encuentra afectado y erosionado por la corrupción que administra el narcotráfico, sobre todo en los países de consumo, es el sector bancario en el que principalmente se buscan medios para "lavar" activos financieros surgidos de actos ilícitos con la participación de funcionarios de entidades públicas o privadas.

También, en nuestro país, diversas causas judiciales por narcotráfico involucran como actores y partícipes a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, así como -y debemos decirlo- son mayoría los efectivos que cumplen con su deber y lealtad al Estado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la pléyade de delitos conexos, día a día, con pocos medios y menos aún con remuneraciones justas. Pero a medida que el poder narco se extiende y sus recursos son mayores y más sofisticados -lo que resulta en mayor capacidad de presión y poder corruptor-, los instrumentos con los que cuenta el Estado son seducidos y muchas veces doblegados por ofertas muy fuertes, en un marco de situaciones de desventajas laborales y escasez de recursos. Ante el retiro y abandono por parte del Estado, comienza su reemplazo por estructuras mafiosas.

Si bien en el caso argentino la agresión del narcotráfico no escaló -y ansiamos que no lo haga- a los niveles de violencia en términos de crudeza y organización que se experiencia en otros países de la región, tenemos indicios alarmantes: homicidios por encargo con el sello "sicario", más casos detectados de ingreso ilícito e drogas a través del espacio terrestre, fluvial y aéreo, la aparición de bandas mixtas compuestas por nacionales y extranjeros (principalmente de países de la región donde la actividad narco es sensiblemente mayor y prolongada) y el aumento en el consumo de drogas ilegales de bajísima calidad que aumenta su poder destructivo, principalmente por parte de los jóvenes. Para agravar el cuadro se suma la irresponsable y repudiable declaración de derrota del Secretario de Seguridad de la Nación, Teniente Coronel (RE) Sergio Berni, reconociendo la imposibilidad de que el Estado pueda imponerse al poder mafioso del narcotráfico, parafraseando explícitamente al extinto "capo narco" colombiano Pablo Escobar Gaviria. Cabe recordar que el Secretario Berni es la cabeza política del organismo que a la fecha y en el caso de las "Actividades Centrales del Ministerio en Seguridad" sólo ejecutó el 54,68% del presupuesto de 2013, ocurriendo lo mismo para el "Programa 41: POLÍTICAS DE SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TERRITORIAL E INVESTIGACIÓN DEL DELITO

ORGANIZADO" y restando aún una ejecución cercana al 30% para el "Programa 38: ACCIONES INHERENTES A LA TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO Y LOGÍSTICA DE LA SEGURIDAD".

Recientemente, y en una dirección similar a lo que ocurre en varios países de la región, la Justicia de la Provincia de Santa Fe ha procesado por su presunta vinculación con la llamada "Banda de Los Monos" (un incipiente y violento cártel que opera en Santa Fe y principalmente en la zona urbana periférica, el Gran Rosario) y en el marco de causas penales, a diez efectivos de las fuerzas de seguridad y policiales de la Provincia cuyas grados son variados, incluyendo Oficiales y Suboficiales y a un integrante de una fuerza federal; Prefectura Naval Argentina.( (6) ) Algo similar ocurrió también en la Provincia de Córdoba, cuando la Justicia procesó y dictó prisión preventiva a ocho efectivos de la policía local -la mayoría oficiales de alta graduación- por los delitos de asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público en el marco de una investigación judicial que derivó en el allanamiento de la Dirección de Drogas de la fuerza provincial, durante el cual se encontró armamento con su numeración limada y grandes cantidades de estupefacientes en condiciones ilegales.( (7) ) Esto es preocupante debido a la cantidad de efectivos, diversidad de sus grados y tipo delitos en cuestión.

Por su función, los militares tienen valores fijos en cuanto la dimensión de su rol en la defensa de la Nación, la Patria, el territorio, la soberanía y cuestiones de alcance estratégico. Por otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y policiales deben trabajar de una manera "plástica" o flexible en relación a su misión y los valores profesados, debido al marco de interacción constante y diaria con el delito y por ello están posiblemente más permeables a sus estrategias de corrosión mediante la cooptación, gracias a una especie de "gestión de la corrupción" que surge del poder delictivo. Sin embargo, el gradual desplazamiento de las Fuerzas Armadas hacia tareas de seguridad interior e incluso de apoyo en las acciones contra el narcotráfico - como objetivo político- obligan a comenzar a pensar en otros (e indeseables) escenarios.

Todas estas razones nos motivan a legislar específicamente en el marco de la reforma aquí planteada. La ley 23.737 nos brinda el instrumento normativo para la penalización del tráfico ilícito de estupefacientes. Nuestra propuesta consiste en dar alcance a la sanción penal dispuesta en su Artículo 11° sobre los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales y las policías (tanto la Policía Federal Argentina, como las fuerzas provinciales comprendidas en la adhesión de sus jurisdicciones a la ley 24.059), así como de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto último obedece a dos razones: la primera reside en la efectiva participación de militares en los operativos Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante tareas logísticas, de transporte, radarización y control del espacio aéreo e integración de patrullas mixtas con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera. La segunda; en la instalación de un debate sobre la posibilidad de mayor intervención de las fuerzas armadas en la política estatal contra el narcotráfico (y más allá de los supuestos legales hoy vigentes y admitidos) que tiene como telón de fondo la modificación doctrinaria que promueve este nuevo rol, así como la intervención militar ante catástrofes naturales y desbordes sociales. Esto es un liso y llano retorno a la doctrina de las "Nuevas Amenazas": un reciclaje doctrinario estadounidense que define la intervención de los militares en la esfera de la Seguridad Interior. Estas "amenazas" pasarían, luego de la desaparición del "enemigo marxista" propio de la Guerra Fría, a encarnar en el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas convencionales y de

destrucción masiva, pero también en la pobreza extrema (como factor de inestabilidad social) y en loa desastres naturales, implicando la intervención de los militares para contrarrestarlas.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli pero también el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, se han pronunciado hace poco en favor de revisar el rol actual de las Fuerzas Armadas. En el caso de los desastres naturales y sus efectos, la misma Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, expresó que "las Fuerzas Armadas encontraron un rol en las emergencias." Se comienza así a transitar un peligroso camino de confusión entre los castrense y lo policial, entre la acción frente amenazas externas e internas y entre la Defensa y la Seguridad. Por esto, debemos comprender que de alguna manera, ya se está "policializando" la actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno y se está "militarizando" la acción contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Entendemos que tanto los integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y armadas reciben una capacitación, formación, adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas y misiones que - independientemente de su situación revista e incluso perdiendo formalmente su estado policial o militar a través de la baja- se mantiene intacto en el tiempo y esto, de alguna manera, puede agravar el potencial delictivo de estos actores por contar con acceso a conocimientos vedados para la generalidad social pero también delincuencial.

Es por todo lo expuesto que solicito el positivo acompañamiento del presente proyecto por mis pares.