La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a efectos de que, a través de los organismos que correspondan, inicie las conversaciones pertinentes con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a fin de negociar la adopción de una addenda al Estatuto del Río Uruguay, suscripto entre la Argentina y el Uruguay en la ciudad de Salto (Uruguay) el 26 de febrero de 1975; que incluya, entre otras previsiones, las siguientes:

- La creación de un Alto Comité de Expertos, integrado por las partes y un representante del MERCOSUR, cuyas funciones se deberán abocar a asistir técnicamente a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y establecer la factibilidad de perjuicio sensible sobre aquellos proyectos y obras que alteren o puedan alterar de manera sustancial la navegación, el régimen del río o la calidad ambiental de sus aguas y territorios adyacentes

- Facultar a la CARU a establecer medidas provisionales, en base a lo informado por el Alto Comité de expertos, sobre aquellos proyectos y obras que alteren o puedan alterar de manera sustancial la navegación, el régimen del río y/o la calidad ambiental de sus aguas y territorios adyacentes; sin perjuicio de las demás facultades de la CARU (art. 49 al 57 del Estatuto), lo dispuesto respecto a las notificaciones entre las partes (art. 7 al 13) y al proceso de solución de controversias (art. 58 al 60)

- Establecer como mecanismos de solución de controversias a la mediación y buenos oficios, así como cualquier otro medio pacífico que otorgue preeminencia al dialogo bilateral y regional, y en particular al MERCOSUR. (art. 60)

- Implementar la participación de los Grupos Parlamentarios de Amistad existentes entre ambos países, con el objeto de colaborar en la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Señor presidente:

Desde el surgimiento de la controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosas en cercanías a la localidad uruguaya de Fray Bentos, el diálogo entre dos países hermanos se ha convertido en un desafío constante.

La intervención de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la controversia es la demostración inequívoca que el dialogo bilateral, entre dos países hermanos, atraviesa por su etapa más delicada. Creemos señor Presidente, que en el desafío de mejorar el diálogo son tan importantes los interlocutores como el marco; marco que en nuestro caso nos lo proporciona el Estatuto del Río Uruguay.

El Estatuto, cuya interpretación constituye la base de nuestro reclamo soberano en La Haya, cumplió más de 30 años de vigencia. Y como sabemos, señor Presidente, no solo nuestro régimen político ha cambiado desde entonces, sino también las relaciones internacionales han evolucionado considerablemente en los últimos años.

Recientemente, la confirmación por parte de las autoridades uruguayas de la existencia de un "emprendimiento" portuario a realizarse sobre el río Uruguay, pone de manera evidente que el mecanismo para la notificación de las obras a realizarse resulta lo suficientemente flexible para permitir una política de hechos consumados.

Asimismo, señor Presidente, las facultades de la CARU en este proceso comunicativo se encuentran limitadas. El método comunicativo afianza la burocracia administrativa, lo que hace necesaria la creación de una instancia cautelar que permita a las partes realizar los estudios técnicos necesarios evitando llegar a una controversia entre las partes. Para ello, resulta necesaria la creación de un Comité permanente de expertos con capacidad de asistir técnicamente a la CARU sobre una eventual alteración de las condiciones ambientales existentes en el río y/o el territorio adyacente.

Otra de las cuestiones que aleja las posibilidades de alcanzar acuerdos políticos se debe a la vigencia de mecanismos de solución de controversias poco adaptados a los tiempos actuales. El Estatuto prevé solamente las negociaciones directas y el recurso ante la CIJ, cuando deberían incluirse otros medios más acordes a los procesos democráticos consolidados por los cuales ambos países atraviesan, así como considerar lo que el MERCOSUR podría aportar como instancia conciliadora.

Por otro lado, pero no menos importante, los actuales Grupos Parlamentario de Amistad pueden llegar a constituirse en verdaderos promotores de consensos. La experiencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena es un ejemplo acabado en este sentido.

Como puede observarse, señor Presidente, venimos aquí pensando decididamente en el futuro. El conflicto actual por la pastera Botnia no debe ser condicionante para crear bases sólidas para un diálogo serio y constructivo ante la potencial aparición de nuevas controversias derivadas del desarrollo económico de ambas naciones.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.