El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 29 ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Nº 23.298, el siguiente:

"Artículo 29 ter. Los órganos colegiados de los partidos políticos no pueden contar con más de un 50% de sus integrantes de un mismo sexo. Si el número de los integrantes del órgano colegiado es impar, debe quedar integrado de forma tal que uno de los sexos posea solamente un integrante más con relación al otro sexo."

Artículo 2º.- Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a las disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En la Argentina existen diversas disposiciones de rango constitucional y legal tendientes a garantizar la necesaria participación de las mujeres en la política y que obligan al Parlamento a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

El artículo 37 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, consagra que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Además, el Art. 75 dispone, entre las atribuciones del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de - entre otros- las mujeres (inc. 23).

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (elevada a rango constitucional, conf. artículo 75, inciso 22 de la C.N.), dispone en su artículo 7 que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho :

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean ojeto de elecciones públicas,

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país."

Finalmente, la cláusula transitoria segunda de la Constitución establece que las acciones positivas a que alude el artículo 37 no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley determine.

Algunas de las medidas a que estas normas hacen referencia ya existían con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. En tal sentido, la ley No. 24.012, sancionada el día 6 de noviembre de 1991 y publicada el 3 de diciembre del mismo año, regula el cupo femenino o sistema de cuotas en lo que hace al régimen electoral. Dicha ley modificó el Art. 60 del Código Nacional Electoral y estableció que las listas de candidatos que propongan los partidos políticos deben tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y, en proporciones con posibilidades de resultar electas, y que no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.

Este piso asegurado constitucionalmente para la participación de las mujeres en la política dio por resultado un notable incremento de mujeres en ambas Cámaras del Congreso Argentino, fortaleciendo notablemente la calidad de la democracia.

Sin embargo, no obstante el claro texto del artículo 37 de la C.N. y de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aún no ha sido dictada la normativa necesaria a fin de asegurar el acceso de las mujeres a los cargos partidarios.

Esta omisión del Estado perpetua la situación de exclusión de la mujer en la vida política y pública del país y del proceso de adopción de las decisiones que determinan las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de la sociedad, y compromete la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con los compromisos asumidos (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n. 32/93, 7 de Abril de 1995).

Debemos destacar que la Recomendación General N° 23 del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, organismo encargado del monitoreo de la Convención, señaló que la mujer no está debidamente representada o se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hombre dentro de las estructuras partidarias. El Comité agregó que los Estados Partes deberían asegurar que en la legislación contra la discriminación o en otras garantías constitucionales de la igualdad se prevean medidas especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la vida pública de sus sociedades, como condición previa indispensable de la verdadera igualdad en la vida política. Asimismo, resaltó que "no puede llamarse democrática una sociedad en la que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. El concepto de democracia tendrá significación real y dinámica, además de un efecto perdurable, sólo cuando hombres y mujeres compartan la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por igual" (Recomendación General Nº 23, Vida Política y Pública, 16º Período de sesiones, 1997).

En efecto, la historia de la democracia y de los derechos humanos es la historia de las sucesivas ampliaciones de la ciudadanía, de incluir a quienes se encuentran en los márgenes del sistema, de ampliar las voces e intereses de quienes participan del debate público. Garantizar la presencia de todas las voces en el debate público y en los procesos y prácticas políticas, implica no una representación más verdadera sino una democracia más verdadera.

La representación de las voces, los intereses, las perspectivas y los valores de las mujeres en la toma de decisiones es una condición necesaria para la efectiva vigencia de sus derechos humanos. Los/as teóricos/as políticos, que tengan un cuenta seriamente los fundamentos conceptuales y morales de la democracia y las condiciones necesarias para su plena vigencia, tienen que considerar como un aspecto central del debate actual la necesidad de un protagonismo real de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en condiciones de igualdad. La exclusión sistemática que han sufrido las mujeres de los ámbitos reales del poder plantea uno de los desafíos y críticas más cruciales para los sistemas democráticos.

El sistema político, así como el ordenamiento jurídico, no han tenido en cuenta la diversidad de las situaciones de las mujeres y sus demandas, y ha optado por la adopción de un punto de vista formalista y "neutral", que imposibilitó que el sistema fuera capaz de identificar y generar respuestas a las inquietudes y necesidades de las mujeres. El hombre ha sido el paradigma del derecho, lo que hizo imposible tener en cuenta la diversidad que es fundamental para la igualdad de las mujeres.

La doctrina de la igualdad formal no puede garantizar la igualdad real, dado que la realidad social nos demuestra que las personas no están similarmente situadas. En particular, varones y mujeres están diferentemente situados con respecto a numerosas circunstancias económicas, políticas y sociales. Esta diferente ubicación es de orden jerárquico. Se trata de un sistema de dominación y subordinación social entre los géneros.

El ámbito de la política se ha configurado históricamente sobre un modelo masculino que se ha considerado perfectamente legítimo y excluyente, en el cual los varones se constituyen como representantes generales de la humanidad, como si ésta fuera una subjetividad universal desprovista de género. Así, la cultura política está profundamente sesgada por el sistema de género. Los valores y las prácticas de los asuntos públicos son propios del mundo y las prácticas masculinas. La dinámica de la actividad política, las prácticas y el funcionamiento de los partidos, y la propia forma de hacer política, su lenguaje y sus valores reconocidos se han hecho a imagen de modelos masculinos. Así, se han señalado características rechazadas por las mujeres como la presencia de un alto grado de violencia verbal, la valoración de la competitividad por sobre la cooperación, la presencia de un nivel importante de hiperactividad no creativa, y las exigencias de un alto grado de renuncia de la intimidad y la cotidianidad.

Las democracias contemporáneas han sido criticadas desde posiciones feministas en diferentes momentos y contextos. Este proceso de cuestionamiento al sistema político comienza desde el mismo momento en que se formulan las reglas de la democracia representativa moderna y el concepto de ciudadanía sólo se aplica a aquellos varones que cumplen con determinados requisitos.

Por eso, este proceso que comenzó cuando las diferencias de género se convirtieron en categorías políticas tendientes a fundamentar la exclusión de las mujeres, sólo podrá concluirse cuando de nuevo la diferencia sexual sea plenamente aceptada como categoría política a los fines de la inclusión de las mujeres.

A partir de la declaración suscrita en Atenas en noviembre de 1992, durante la celebración de la Primera Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, ha comenzado a tener expansión la expresión "democracia paritaria". En aquella oportunidad se proclamó la exigencia de una democracia calificada como paritaria, lo que quiere decir la total integración, en pie de igualdad, de las mujeres en las sociedades democráticas. Allí no sólo se denunció el déficit democrático de los sistemas políticos de la Unión Europea, como un cuestionamiento profundo a su legitimación, sino que se realizó un nuevo planteamiento de participación política de las mujeres. El objetivo prioritario acordado fue que la participación política de mujeres y hombres en puestos de representación política no fuera superior a un 60%, ni inferior a un 40%.

Este déficit democrático sólo puede superarse con una presencia más equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión política. La democracia paritaria implica la construcción de una verdadera democracia igualitaria con la activa participación de todos los integrantes de la sociedad. Las mujeres deben constituirse así en una fuerza significativa en la toma de decisiones de la vida política, económica y social en los poderes públicos.

La propuesta de la democracia paritaria conlleva un fin en sí misma que es garantizar la participación equilibrada de varones y mujeres en la vida pública y política del país. Por otra parte, también implica una propuesta más amplia y ambiciosa, y es entenderla como una herramienta para generar una profunda transformación social. Se trata de un cambio integral que permita una sociedad más igualitaria y una participación más equilibrada en todos los ámbitos de decisión de la vida social, de la vida económica y de la vida cultural. Se trata así de sentar las bases para un nuevo contrato social.

Una de las formas de llevar adelante este cometido es a través de la implementación de mecanismos de acción positiva como las cuotas.

La incorporación de mujeres en la toma de decisiones mediante mecanismos de acciones positivas como el sistema de cuotas en los partidos políticos contribuye a una representación más genuina de la diversidad de la sociedad y de la mayor cantidad de intereses, dado que nadie conoce mejor sus intereses que uno/a misma. Sin la participación de las mujeres en el debate, se produce una distorsión en la apreciación de sus intereses.

Las acciones positivas reconocen que, algunas veces, resulta necesario proveer a determinados grupos con instrumentos desiguales a los efectos de garantizar una igualdad real de oportunidades y de trato. Efectivamente, cuando la desigualdad social es la norma imperante en el contexto inicial previo a la distribución de bienes, recursos o herramientas, no podemos esperar que la mera igualdad formal sea capaz de asegurar la igualdad real. Esto es especialmente relevante a los efectos de evaluar la legitimidad del sistema de cuotas para mujeres en un contexto donde la discriminación de género y la jerarquía social son norma.

En este sentido, no existe igualdad real cuando una mujer tiene que enfrentar impedimentos agobiantes que tornan prácticamente imposible llegar a la posición para la cual supuestamente está en igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades significa algo más que una "mera posibilidad". Si la justa igualdad de oportunidades demanda la eliminación de las desventajas sociales, esto supone defender una asignación desigual de determinados instrumentos fundamentales.

Así, las acciones positivas pretenden igualar las oportunidades de los grupos históricamente desaventajados, tomando en consideración aquellas mismas características que han sido usadas para negarles un tratamiento igualitario. El objetivo final de las acciones positivas es generar una sociedad en la cual cada sujeto reciba igual respeto y en la cual se reduzcan las consecuencias de la discriminación. Para ello, es necesario asumir que el punto de partida es asimétrico y que la aplicación de reglas neutrales conduce a resultados desiguales. De otra manera, no tener en cuenta las jerarquías sociales conduce a que aquellas personas que no cumplen con el modelo dominante van a ser consideradas en forma deficitaria.

Existen suficientes argumentos en términos de justicia compensatoria, justicia distributiva y utilidad social para justificar la adopción de mecanismos de acción positiva como las cuotas. Así, la justicia compensatoria acuerda reparaciones por daños pasados, ubicando a quienes han sufrido discriminación y privación de bienes y derechos en el lugar que ellos/as hubieran ocupado de no haber sido por las injusticias sufridas.

Las sociedades que enfrentan las consecuencias de violaciones al derecho de igual tratamiento no solo deben eliminar los impedimentos legales o cuasi-legales para lograr la reparación de desigualdades previas. En muchos casos, simplemente eliminar los impedimentos no es suficiente para alcanzar la situación de igualdad que existió o debió haber existido si aquellos impedimentos nunca hubieran sido impuestos. Es innecesario describir la histórica y sistemática discriminación que han padecido las mujeres.

Por otra parte, también es posible justificar un mecanismo de acción positiva como el sistema de cuotas sobre la base de razones de justicia distributiva, teniendo en cuenta no el pasado sino el presente y el futuro a los efectos de determinar cual es la forma más justa de asignar los bienes y recursos sociales y políticos. Así, los principios de justicia distributiva exigen que la distribución de bienes y recursos esté guiada por una preocupación real respecto a factores tales como derechos, méritos, contribuciones y necesidades.

Finalmente, PRIVATE TC "3) Utilidad Social\:" la adopción de un mecanismo de acciones positivas tal como el sistema de cuotas, también proporciona un mayor grado de utilidad social. Este sistema de acciones positivas está justificado dado que conlleva ventajas tales como el enriquecimiento del debate público y los procesos políticos; la promoción y desarrollo de modelos de roles deseables; la destrucción de estereotipos negativos; el logro e incremento de la diversidad; el alivio de las tensiones entre los sexos.

Debemos tener en cuenta que la emergencia del discurso de las mujeres en el espacio público es, quizás, una de las características más importante que va a tener el nuevo siglo. Dotado de una palabra con sentido, producto de lo no expresado, lo ocluido, lo invisibilizado por siglos, renueva las voces en una sociedad de palabras sin sentido y de ruptura del entretejido social. A la voz del racionalismo instrumental que expresó el hombre, positivista, cientificista y machista, las mujeres devuelven el ámbito de la acción comunicativa al que, sin perder la racionalidad, le incorporan los valores y los sentimientos. Este discurso que ya resulta incontenible implicará no sólo una nueva forma de hacer política sino que construirá una comunicación que nos permita restablecer los lazos sociales.

En mérito a lo expresado, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley.