El Senado y Cámara de Diputados...

Art.1.- Modificase el Artículo 269 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 269. - Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores."

Art. 2.- Modificase el Artículo 270 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 270. - Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado."

Art. 3.- Modificase el Artículo 273 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 273. - Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación absoluta de dos a seis años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez o fiscal que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

Se aplicará la misma sanción al juez o fiscal que injustificadamente negare o hiciese caso omiso a la producción de pruebas ofrecida por una parte o tercero interesado. El denunciante en causa penal será considerado parte a los efectos de este delito."

Art. 4.- Modifícase el Artículo 274 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 274. - El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación absoluta de dos a seis años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable."

Art. 5.- De forma.-

Señor presidente:

El prevaricato se encuentra incorporado a nuestro código penal en el Título XI sobre "Delitos contra la Administración Pública", y si bien constituye un delito de gravedad sustantiva, lo cierto es que no se encuentra sancionado con una penalidad proporcional a ello.

La acción típica básica de este delito se describe en el artículo 269 del Código Penal, y consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o citar para fundarlas hechos o resoluciones falsas. Es decir, se trata de decisiones jurisdiccionales que se encuentran viciadas por invocar normativa inexistente y/o sustentarse en situación fácticas falsas. La consecuencia directa de un acto de estas características es la consecuente privación a las partes de su derecho de acceder a justicia, ya que lo que obtuvieron de la Administración de Justicia es un acto viciado e ilegítimo.

En consecuencia, el delito de prevaricato produce ni más ni menos que la imposibilidad de la ciudadanía de obtener un pronunciamiento jurisdiccional válido, y dependiendo del caso producir una falla en el sistema de pesos y contrapesos derivado de la división de poderes. Así es que, en un caso de control del Poder Judicial sobre un acto de otro poder, como podría ser el test de constitucionalidad de una ley, al emitirse un pronunciamiento jurisdiccional viciado, ello termina redundando en una ausencia de control del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo.

No obstante la relevancia del delito y del bien jurídico tutelado, y la magnitud del daño que la acción típica produce, en la actualidad su conminación punitiva actual es llamativamente baja. Concretamente, un juez que emite una resolución apartada de las leyes y de la Constitución sólo sería sancionado con inhabilitación y una multa que oscila entre $3.000 y 75.000. No hay pena de prisión para los jueces que se apartan de la ley o que basan resoluciones en circunstancias fácticas inexistentes.

Esta circunstancia monta un velo de privilegio sobre los sujetos activos de este delito, los jueces, que por emitir resoluciones sin sustento normativo ni fáctico no deberían afrontar una pena grave. De hecho, de alguna manera se los exceptúa y "salva" del genérico delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (que podría caberle por ejemplo a un policía que se queda dormido en su guardia) que acarrea una pena más alta que el prevaricato.

Asimismo, se genera una alteración en la proporcionalidad del Código Penal. En efecto, nuestro código sanciona con pena de prisión delitos que revisten una gravedad claramente inferior al prevaricato, tal como el mencionado incumplimiento de los deberes de funcionario público, el hurto, la falsa denuncia o la usurpación de títulos, entre otros.

Un caso aparte es la evidente desproporcionalidad que existe entre la estafa procesal y el prevaricato. El primer delito, una modalidad del fraude o estafa del Art.172 del CP, consiste en la actuación de una parte en un proceso judicial que mediante la presentación de documentación falsa induce en error al juez. El segundo consiste en la emisión de un acto jurisdiccional que se aparta de la ley y de los hechos. Es decir, uno consiste en provocar el error de un juez y el otro en un acto jurisdiccional viciado de parte de un juez. Podríamos decir que la gravedad de los hechos similar, o inclusive que es todavía más grave el prevaricato, ya que es llevado adelante por una persona de calidad especial como un juez y por que su resultado es aún más lesivo. No obstante, el delito de estafa procesal se encuentra penado de una manera mucho más severa, al estar conminado bajo la penalidad de un mes a seis años de prisión, y el prevaricato sólo multa e inhabilitación.

Por otra parte, al analizar la relevancia de las sanciones al prevaricato, no puede desconocerse la grave situación que atraviesa nuestro país en materia judicial, en particular en materia de investigación de los delitos de corrupción. Existe una corporación judicial, con especiales representantes en algunos despachos del edificio de Comodoro Py 2002, que muchas veces toma decisiones en el marco de investigaciones judiciales motivada en cuestiones políticas y no jurídicas. Es necesario combatir eso, y en virtud de ello desde este bloque hace años que venimos presentando múltiples pedidos de juicio político a jueces que incumplieron el deber de investigar, y de respetar las leyes y la Constitución, ya sea a jueces de tribunales inferiores como Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa línea se inscribe la presentación de este proyecto de ley: poder sancionar debidamente a aquellos jueces que incumplan con los mandatos constitucionales que le fueron otorgados por el Pueblo de la Nación mediante su designación.

No nos escapa la existencia del régimen disciplinario para los jueces, previsto por la Ley 24.937, pero es preciso hacer una distinción entre un régimen disciplinario administrativo en el marco del Consejo de la Magistratura y un delito penal por actos ilegales en el ejercicio de la función. De esto último es de lo que aquí nos encargamos.

Como se ve, la ausencia de una pena de prisión para el caso del prevaricato no sólo representa un yerro en el marco de la ponderación de gravedad de los delitos y de la relevancia de los bienes jurídicos afectados por cada uno de ellos, sino una severa desproporcionalidad en las penalidades del Código Penal.

Es por eso que se propone aquí modificar la penalidad del primer supuesto Art. 269 del Código Penal, sustituyendo la pena de multa de $3. 000 a 75.000 por la de 1 a 4 años de prisión.

Por motivos similares se propone una modificación de la penalidad del actual Art. 270 del Código Penal. Actualmente, la conducta de un juez que aplica incorrectamente la prisión preventiva, o a prolonga de manera indebida, merece una multa de $2.500 a $30.000 e inhabilitación de 1 a 6 años. La sanción que nuestra legislación prevé para la privación de la libertad de manera ilegal por un magistrado es por demás insuficiente y, al igual que en el caso del Art. 269, desproporcionada con el resto del código.

La privación ilegal de la libertad por un magistrado consituye una de las más graves conductas que puede llevar adelante en su función. Tal es así que el segundo párrafo del Art.269 prevé una dura pena para los casos de prevaricato en que medie una condena a prisión. No obstante, para este caso de prevaricato en el que media un encarcelamiento preventivo, el código es llamativamente benévolo.

En virtud de ello, y por considerar que la libertad constituye un bien jurídico fundamental para el hombre y que nuestra constitución se ha ocupado de proteger, corresponde modificar la penalidad e imponer una sanción de prisión. La escala punitiva escogida guarda proporcionalidad con la propuesta en este proyecto para el Art. 269 del Código Penal, y además con el resto del código, ya que es equiparable, por ejemplo, a la pena impuesta al delito de privación ilegal de la libertad agravada (Art. 142 del Código Penal).

En idéntico sentido se propone imponer pena de prisión para el delito del Art. 274 del Código Penal, para los funcionarios públicos que no promovieren la persecución o sanción de las personas que cometieren un delito. En este caso el Código Penal sólo prevé como sanción la inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, lo cual resulta a todas luces insuficiente y -nuevamente- desproporcionado. En consecuencia, se propone incorporar la pena de 6 meses a 4 años de prisión, e inhabilitación absoluta de 2 a 6 años.

Por último, en el tercer artículo de este proyecto se propone imponer idéntica pena para el delito del Art.273 del Código Penal, que sanciona la conducta del juez que se negare a juzgar un caso so pretexto de obscuridad o insuficiencia de ley o el que retardare injustificadamente la administración de justicia. Asimismo, se propone aplicar esa pena también a los jueces o fiscales -éstos en el caso de causas penales en las que tuviesen la investigación a cargo- que de manera injustificada negaren o ignorasen las pruebas ofrecidas por las partes, terceros interesados o el denunciante.

Esto último resulta de vital importancia, ya que la decisión de los magistrados respecto a la producción o no de determinas pruebas ofrecidas por las partes no sólo se encuentra vinculado de manera directa con el derecho de actuación y de defensa en juicio de cada una de ellas, sino que puede guardar especial relación con el éxito de la pesquisa. Ciertamente no es posible obligar a un juez que realice la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, pero lo que resulta inadmisible es que las solicitudes de las partes sean ignoradas o desechadas sin explicaciones, es decir, arbitrariamente. Máxime teniendo en cuenta que para el sistema republicano de gobierno rige el principio de racionalidad de los actos de los poderes públicos, y por lo tanto la necesidad de poder dar razones y explicaciones sobre sus decisiones.

En este marco, se propone además que para el caso de las causas penales los denunciantes sean considerados como partes a los efectos del delito en cuestión. Ello, pues, muchas veces la normativa procesal impide que una persona se constituye en parte, aunque siempre puede ser denunciante. De tal manera, y teniendo en cuenta que el denunciante es quien anoticia al Estado de la existencia de un delito, en caso de que proponga pruebas, las mismas pueden ser muy relevantes. Nuevamente, no es admisible obligar a un juez a que realice las pruebas en cuestión, pero sí a que exprese los motivos o las razones por las que no hace lugar a las mismas.

En síntesis, este proyecto propone adecuar los Capítulos X y XI del Título VII del Libro II del Código Penal al principio de proporcionalidad, y corregir los errores en la penalidad prevista para la actuación ilegal de los jueces en el ejercicio de sus funciones, e incorporar de un delito para los casos en que los jueces rechazaren injustificadamente o ignorasen las pruebas ofrecidas por las partes, terceros interesados o denunciantes.

Por todo lo expuesto, y a efectos de desalentar y sancionar la arbitrariedad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y de garantizar verdaderamente el derecho de acceder a la justicia de cada habitante de nuestro país, solicitamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.