La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio del órgano que estime competente en la materia, se sirva informar a esta Cámara, sobre las cuestiones e interrogantes referidos a la Ampliación del Sistema de Gasoducto Norte, que a continuación se detallan:

1) Considerando las investigaciones penales que se encuentran en trámite, tanto en el fuero penal tributario como en el criminal y correccional federal, relacionadas con sospechas de haber existido conductas delictivas que viciaron la transparencia del concurso abierto llevado a cabo a para la obra referida, brinde el detalle y contenido de las ofertas presentadas por todos los oferentes, informe la/s adjudicación/es aprobadas, el/los precios de la/s misma/s y las razones de dicha/s aprobación/es.

2) Asimismo, brinde informe técnico- legal de motivos por los que se aprobaron precios más elevados que los presupuestados originariamente, y haga saber si se ha realizado estudio o auditoría con el fin de establecer la procedencia del mencionado incremento.

3) Específicamente, haga saber qué intervención ha tenido la empresa "SKANSKA" en la ejecución de la obra en cuestión, y si actualmente, aquella se encuentra ligada directa o indirectamente a la realización de alguna otra obra pública. De ser así, cuál ha sido la fecha de contratación o adjudicación de la misma.

4) Considerando la causa por evasión tributaria tramitada en contra de dicha empresa multinacional; las manifestaciones públicas realizadas por el socio de la empresa INFINITI GROUP, en cuanto a que su "contacto" de SKANSKA, le solicitaba que recibieran los pagos sin haber realizado ningún tipo de trabajo; la "desvinculación" intempestiva de siete gerentes de la representación argentina de la multinacional y la renuncia del CEO de Latinoamérica; sumado ello a que "SKANSKA" habría reconocido las operaciones ilegales ante el juzgado y se habría mostrado dispuesta a pagar más de $ 13 millones entre impuestos y punitorios, aportando los nombres de las "empresas fantasmas" con las que habría operado, necesariamente sigue preguntarse si ese Poder Ejecutivo, y/o el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y/o la Secretaría de Energía, y/o el ENARGAS, y/o algún otro organismo de la Administración nacional, ha tomado algún tipo de medida para detectar posibles participaciones en ilícitos penales.

5) Atento las declaraciones públicas de Bernardo Hospital, gerente de Recursos Humanos de la referida empresa "SKANSKA", quien declaró públicamente que la compañía no hará más obras ni directa con el Estado, ni indirecta en la cual nuestro cliente pueda tener relación con el Estado, por el riesgo que les genera de quebrar su Código de Conducta, o de recibir presiones, o de realizar negocios fuera de su línea de conducta; deberá hacerse saber si alguno de los órganos estatales referidos precedentemente, ha recibido algún tipo de manifestación o notificación similar por parte de la multinacional y, en su caso, si ha tomado alguna medida al respecto.

Señor presidente:

En Mayo de 2004, en medio de la crisis energética, el gobierno anunció la expansión del sistema de transporte de gas natural, en el marco de lo que llamó un Plan Estratégico para el Sector Energético.

En ese sentido, el primer mandatario destacó que "la ampliación del Gasoducto General San Martín, la ampliación de TGN nos va a posibilitar tener cerca de 6 millones de metros cúbicos más para el año 2005, lo cual nos va a colocar en una buena situación para afrontar la demanda que la Argentina y las necesidades de exportación que pueda tener, donde también es cierto que el crecimiento argentino va condicionando y va necesitando cada día mayor oferta energética".

En su momento Folgar -Subsecretario de Combustibles dependiente del Ministro Julio de Vido y responsable de la presentación de este Plan, detalló las obras que se realizarán: en el sistema TGN se traduciría esto en un incremento de 5 por ciento del suministro de gas.

A través del Banco Nación se anunció el establecimiento de dos Fideicomisos para financiar estas obras: Nación Fideicomisos SA (en calidad de agente financiero del Estado Nacional para este tipo de operatoria) estructurará los distintos Fondos Fiduciarios necesarios para llevar adelante los trabajos y el Estado Nacional aportará, bajo la forma de un crédito puente, los fondos necesarios para el inicio de las obras y se retirará de la financiación de este proyecto a medida que se coloquen títulos entre los distintos actores privados involucrados.

Asimismo se afirmó que Transportadora Gas del Norte -TGN- aportará aproximadamente el 11 por ciento del costo de la obra respectiva y Transportadora Gas del Sur -TGS- aproximadamente el 20 por ciento, mientras que a través del BICE se gestionará la financiación de la compra de la cañería necesaria, la cual equivale aproximadamente al 35 por ciento de cada obra.

El repago de toda esta estructura financiera según el esquema propuesto estaba dado por la propia demanda de gas natural y garantizado, por los ingresos generados por las nuevas retenciones creadas en ese momento sobre distintos bienes energéticos. Es decir que en último término el costo de las obras recaería sobre los diversos niveles de la escala de usuarios del gas dentro del territorio nacional.

Este esquema originalmente presentado, se complicó bastante más con el correr de los meses. Aparecieron nuevos actores, desde las provincias hasta el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y es así como el Estado Nacional resolvió salir de garante de estas obras.

A principios de enero de 2005 se conocieron las ofertas para las obras destinadas a aumentar en 2,9 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte de TGS. Por una exigencia impuesta por el banco estatal de Brasil BNDES-que aportó los recursos para financiar el 50% de la inversión original prevista en U$S 285 millones-, el control mayoritario de los grupos oferentes debía estar en manos de empresas brasileñas. Así es como la pulseada por las obras quedó planteada entre dos consorcios: Por un lado, Odebrecht, que se asoció con las locales Techint y Skansa, y por otro lado, Camargo Correa, que llevó como acompañante a la firma Iecsa del grupo Macri.

Tras la apertura de los sobres, los funcionarios se encontraron con lo que puede llegar a parecer una fuerte traba económica, pero que en verdad es moneda corriente en los procesos licitatorios que están bajo la órbita de incumbencia del Ministro Julio de Vido. En lugar de ceñirse al presupuesto original y al fideicomiso armado por U$S 285 millones, las ofertas superaron en casi un 40% los valores previstos.

Es decir que todas las firmas que se presentaron a esta licitación exigieron sobreprecio sobre lo originalmente presupuestado, lo que podría indicar la existencia de un acuerdo interempresario en tal sentido.

Con la ampliación de TGN (Transportadora de Gas del Norte), también se registra una situación similar. Las ofertas superaron un 30% el presupuesto original de U$S 170 millones. Ante tal sobrecosto respecto al presupuesto original, los funcionarios le "exigieron" a los contendientes que mejoren las cotizaciones. Luego de las mejoras que presentaron las cuatro competidoras, las obras quedaron en manos de Techint y Skansa y con un nuevo valor total de U$S 190 millones, 20 millones de dólares más que lo que originalmente debía costar la obra. En estos términos la oferta fue aceptada por el Gobierno Nacional.

Lo peor de esto no es tan sólo el accionar de las empresas, sino que por algún motivo que no queda del todo claro el Gobierno Nacional convalida los sobreprecios y adjudica las obras a empresas que piden más dinero del originalmente pautado. De este modo, el accionar inescrupuloso de las empresas se ve apañado por una actitud cómplice del Poder Ejecutivo.

Ante la situación que acabamos de describir, se nota mucho más nítidamente el rol que juegan los funcionarios y los Entes de Control. La Resolución de estas adjudicaciones, el control de las ofertas y el control de la ejecución de las obras están bajo la órbita de la Secretaría de Energía y del ENARGAS. Es decir, están interviniendo funcionarios ligados al Ministro de Vido y los cuestionados Directores del Ente. El Poder Ejecutivo tiene control absoluto sobre estas instancias de decisión, y todo lo que ocurra en ellas es su responsabilidad (del "Informe de Investigación Deficiencias del Gobierno en materia energética: ausencia de controles y concentración empresaria", Instituto para la Transparencia de la Gestión Pública y Privada, Dr. Lisandro de la Torre, marzo de 2005).

Fue en el contexto descripto que se celebró el Concurso Abierto TGN 01/2005 para la ampliación de la capacidad de transporte firme, convocado a solicitud del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) con el alcance y en las condiciones requeridas por la Secretaría de Energía de la Nación, en su carácter de Organizador del Programa de Fideicomisos de Gas; en el que se invitó a los interesados a presentar ofertas irrevocables con sujeción a las respectivas bases para a la contratación.

En tal sentido debe destacarse que la fiscalización técnico-contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte del Gasoducto Norte, también le corresponde a la referida Secretaría de Obras Públicas y al ENARGAS, órganos dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Conforme tomara estado público por una nota del diario Perfil del domingo 26 de noviembre de 2006, en oportunidad de la realización del Gasoducto Norte: planta compresora de Dean Funes, Còrdoba, se habría montado una estructura económica ilegal para financiar organizaciones políticas o enriquecer a políticos.

Según los trascendidos, la compañía constructora "SKANSKA", le habría pagado a una empresa fantasma, denominada "INFINITI GROUP", la suma de $ 1.256.120, sin recibir contraprestación alguna, con el fin de evadir impuestos y ocultar pagos ilegítimos. Así, al igual que otras siete empresas más, por un total de $ 6 millones aproximadamente.

Estas circunstancias surgirían de la causa por evasión fiscal que se encuentra tramitando por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario, a cargo del Dr. Javier López Biscayart.

Y, según el citado matutino, el equipo de investigación que trabaja junto al Juez de dicha causa, no descarta que los montos correspondientes a esos supuestos pagos de "SKANSKA" a las empresas fantasmas, hayan sido utilizados para cometer el delito de cohecho.

Lo cierto es que la reacción inmediata de la casa matriz de la empresa multinacional, habría sido echar a siete gerentes de la representación argentina, y como consecuencia de ello, habría renunciado el CEO de Latinoamérica, el argentino Gustavo Vago. Además, "SKANSKA" habría reconocido las operaciones ilegales ante el juzgado y se habría mostrado dispuesta a pagar más de $ 13 millones entre impuestos y punitorios, aportando los nombres de las empresas fantasmas con las que habría operado.

Pese a ello, sorprendentemente, la multinacional no habría iniciado ninguna denuncia al respecto.

Como si ello fuera poco, Bernardo Hospital, gerente de Recursos Humanos de la empresa, declaró públicamente que el accionista decidió que la compañía no hará más obras ni directa con el Estado, ni indirecta en la cual nuestro cliente pueda tener relación con el Estado, por el riesgo que les genera de quebrar su Código de Conducta, o de recibir presiones, o de realizar negocios fuera de su línea de conducta.

Y ante la pregunta del periodista respecto a que si para ellos hay riesgos concretos de quebrar el Código de Conducta si hacen negocios con el Estado, el directivo contestó afirmativamente refiriendo que en el Estado hay muchos niveles de gente que participa de los negocios con intereses opuestos. Lo que conduce a presumir que conocen de funcionarios que han buscado beneficiarse ilícitamente, en ocasión de sus tareas.

Asimismo, el socio de la empresa fantasma "INFINITI GROUP", declaró públicamente que lo que le pedía su contacto de "SKANSKA", era que recibieran los pagos sin haber realizado ningún tipo de trabajo "porque necesitaban hacer los movimientos y hacerse de la plata", manifestaciones que junto con el resto de los indicios reseñados, indican la posible existencia de connivencia entre funcionarios y empresarios, ya sea para adjudicar la obra pública en cuestión, como para aprobar las condiciones de su ejecución o para obtener otros "favores", a cambio de algún beneficio económico indebido.

Por ello, estando en trámite una causa penal por evasión que actualmente ya tendría unas 12.000 fojas; se han realizado sendas denuncias penales para que la justicia investigue la posible comisión de los delitos de cohecho, fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, e incluso de asociación ilícita, considerando el marco en el que se habrían producido tales irregularidades.

Es importante considerar que por la importancia de la obra en cuestión el Ministro de Vido no podría desconocer estas irregularidades. Lo señalado no hace más que confirmar una vez más que en su ministerio, el incumplimiento de los procedimientos legales para la adjudicación de obras es sistemático, hay licitaciones y concursos de precios ficticios, sobreprecios.

Máxime considerando que el actual presidente del Directorio del ENARGAS, Fulvio Madero, resulta ser un funcionario oficialista que ha ocupado cargos en la provincia de Santa Cruz, llegando a ocupar ese cargo por Decreto presidencial del 2003.

Por lo expuesto, ante la envergadura de los sucesos relatados, este cuerpo legislativo no debiera menos que requerir al Poder Ejecutivo Nacional las respuestas a los interrogantes expresados al respecto, y exigir una actitud receptiva y de colaboración para dar con una explicación de lo sucedido.

Esperando contar con el apoyo de nuestros pares, sometemos a consideración del Cuerpo el presente pedido de informes a fin de que sea aprobado en ejercicio de la atribución prevista en el art. 183 primer párrafo del Reglamento de la H. Cámara de Diputados.