La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Incaa, en la que se establece la implementación de la consulta pública y gratuita de 2000 horas de archivos audiovisuales de los Juicios de lesa humanidad una vez establecidas las condenas correspondientes..

Señor presidente:

La importancia de establecer un registro de los juicios es parte de una política audiovisual; es sorprendente el modo en el que en los juicios surge la mirada que primó no sólo durante la dictadura, sino también en los últimos años en cada provincia. Los juicios muestran la identidad de cada lugar, qué ocurrió, cómo se movió el poder y cómo se movió también quien contaba la historia.

Los registros ahora dan cuenta de que la historia se cuenta desde otro lugar: el relato audiovisual no es una voz más, cuando decimos que tienen que expresarse todas las voces, esta es una de las voces que faltaban. Señor Presidente, son dos mil horas de grabación de los juicios por delitos de lesa humanidad lleva filmados en todo el país el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Videos que serán de consulta pública, conforme a las políticas de memoria, verdad y justicia que implementa desde 2003 el gobierno nacional. Las jornadas de los juicios por la Masacre de Trelew, en Chubut; los fusilamientos de los curas del Chamical, en La Rioja; la masacre de Margarita Belén, en Chaco; y los crímenes en La Escuelita II, en Neuquén, integran, entre otros, el archivo audiovisual creado a partir del convenio firmado en 2009 entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el INCAA.

Hasta el momento son treinta los juicios completos filmados en diecinueve provincias más la Ciudad de Buenos Aires desde 2010, según el relevamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social que depende del Incaa.

Liliana Mazure titular del INCAA expreso que es una respuesta a la necesidad de registrar en un archivo único el relato completo de los protagonistas del pasado más oscuro de la Argentina".

Además en cada una de las provincias se articula el trabajo con instituciones de cada lugar, a través de acuerdos con ministerios de Justicia, secretarías de Derechos Humanos, universidades, comisiones de Memoria y secretarías de Cultura, a las que el Incaa les provee del material virgen en mini DV y DVDs.

Desde el INCAA se provee el soporte técnico de alta definición que garantiza la conservación del material y cada provincia arma sus propios equipos con estudiantes, personal de productoras locales y hasta sobrevivientes del terrorismo de Estado que filman las audiencias.

Esta articulación se repite en todas las provincias, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el registro de los juicios sustanciados en los Tribunales de Comodoro Py, es realizado por egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica(ENERC).

En esa jurisdicción se han registrado las causas por crímenes de lesa humanidad en los ex centros clandestinos ABO (Club Atlético, Banco, Olimpo), Automotores Orletti, El Vesubio, causa ESMA, Plan Sistemático de Robo de Bebes, audiencias en la causa que juzga a Héctor Vergez por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.

Finalmente, es fundamental conservar un registro de todo lo que se dice y se cuenta en las audiencias porque los libros pueden relatar la historia a su manera, pero este material es imprescindible para un país que tiene como política de Estado la defensa de los derechos humanos.

Es importante destacar que el destino final del material bruto quedará en manos del organismo provincial, archivo o comisión de la Memoria local, de acuerdo a la normativa legal en cuanto a protección de datos sensibles, para quedar luego de su finalización a disposición de la consulta libre, pública y gratuita.

Señor Presidente, por lo expuesto, por la importancia del convenio para nuestra historia, posibilitando el acceso al efecto reparador de la justicia, en tanto los juicios de lesa humanidad son políticas de Estado, es que solicito la aprobación del proyecto de declaración.