La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo sufrido en las plantas impresoras y distribuidoras de los diarios La Nación y Clarín el día 27 de marzo del corriente, que demoró la distribución del primero y directamente impidió la distribución del segundo, significando esto el más grave incidente en materia de libertad de expresión desde el retorno a la democracia de nuestro país.

Señor presidente:

Una vez más, medios gráficos de nuestro país han sufrido el bloqueo de sus plantas impresoras.

En esta ocasión la actitud ha producido una sustancial demora en la distribución del diario La Nación y directamente la imposibilidad de distribuir el diario Clarín en sus ediciones del domingo 27 de marzo del corriente, como así también distintas revistas y suplementos gráficos.

Antes de este hecho, el día 14 de Enero del corriente, aproximadamente un centenar de manifestantes con pancartas de la Federación Gráfica Bonaerense, bloquearon las plantas de distribución de los diarios Clarín y La Nación. El bloqueo se repitió el día 27 de enero dificultando la distribución de las tiradas de los días 15 y 28 de enero. También se vieron afectados los diarios Página 12 y Ámbito Financiero.

Estas acciones, realizadas por grupos sindicales que responden al dirigente Pablo Moyano, se sumaron a las oportunamente denunciadas en el mes de Noviembre de 2008 mediante el proyecto de declaración que expresó el repudio al bloqueo a las plantas de impresión y distribución de los diarios "La Nación" y "Clarín" el día 25 de noviembre de 2008. (trámite parlamentario Nº 170 - expediente 6573-D- 2008).

Los bloqueos en las plantas de distribución, que afectan la libre circulación de los medios de comunicación y la libertad de prensa consagrada en nuestra Constitución Nacional vulneran los derechos básicos de los ciudadanos a estar informados, configurando un delito establecido en el Código Penal en su artículo 161, que condena a quien "...impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico".

Sin embargo y a pesar de que el juez en lo Civil Gastón Polo Olivera prohibió en la medida cautelar presentada por Clarín el bloqueo de las plantas impresoras por parte de manifestantes, el Ministerio de Seguridad ha incumplido su función a efectos de evitar nuevos hechos de cercenamiento informativo. Debemos recordar que en dicha resolución, el magistrado expresó la imposibilidad de que el derecho a manifestarse ponga en riesgo otros derechos reconocidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libre expresión.

Nuevamente se violenta el derecho a la Libertad de Expresión consagrado además en el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13 punto 3, expresa: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

A la gravedad de estos hechos inconstitucionales, señalados como tales por la justicia, se agrega la particularidad de que este nuevo bloqueo tiene lugar una semana después de que se conociera un exhorto de la justicia suiza solicitando información sobre las causas judiciales que involucran aquí a Hugo Moyano, a raíz de una investigación que se lleva adelante en ese país.

Como consecuencia de ello el día 17 de marzo del corriente el Secretario de Prensa de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Raúl Altamirano, en una conferencia de prensa que tenía como objetivo anunciar un paro y movilización de esa entidad para el día 21 de marzo como protesta por los requerimientos de la justicia suiza, manifestó que "A partir de ahora, ante cada denuncia que hagan, vamos a ir 1.000, 10.0000 o 20.000 trabajadores a pedirle a los periodistas que nos muestren de dónde sacan lo que publican".

Como consecuencia de ello presentamos un proyecto de declaración (1058-D-11) en el que, anticipándonos a lo que veíamos como inevitable, decíamos: "Esta "advertencia" constituye indudablemente un grave atropello contra la libertad de expresión, ya que a partir de la misma todos los medios de comunicación deberán silenciar sus voces cuando se trate del líder sindical de los camioneros o exponerse a manifestaciones y bloqueos como los que ya han padecido algunos medios con anterioridad."

Lamentablemente el 27 de marzo del corriente sectores vinculados a la CGT y el Sindicato de Camioneros participaron del bloqueo que motiva el presente proyecto.

Estos ataques a la libertad de información denunciados deben ser expresamente evitados por el Estado Nacional, quien no solo debe resguardar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el afianzamiento de los derechos reconocidos constitucionalmente, sino que además debe abstenerse de acompañar y promover acciones contrarias a la ley, cumpliendo de esa forma con el rol establecido por la Constitución Nacional a sus gobernantes.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.