La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio al organismo que corresponda, informe acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el "Programa Ingreso Social con Trabajo", también conocido como "Argentina Trabaja":

1. Provincias y municipios en los que efectivamente se lleva adelante el Programa y criterios de selección de los mismos.

2. Cantidad y proceso de selección de beneficiarios alcanzados hasta el momento.

3. ¿Por qué hasta la fecha no existe un registro público de beneficiarios?

4. En cuanto a quienes hasta la fecha no han podido ingresar al programa, aun cumpliendo con los requisitos ¿Existe sobre ellos una base de datos? Si es así, ¿Por qué no se hace pública? ¿Existe un orden de prioridad para la selección de los beneficiarios que están en espera?

5. Cantidad y detalle de cooperativas que participan hasta el momento, número de integrantes de las mismas, antigüedad y requisitos necesarios para la admisión.

6. Listado de cooperativas que han solicitado ingresar al programa y no han podido hacerlo. ¿Qué motivos fundamentan que no lo hayan hecho?

7. ¿Qué participación tuvo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) hasta el momento?

8. ¿Cómo se está desarrollando la capacitación de los cooperativistas?

9. Previsión presupuestaria por provincia para la implementación del programa en el año en curso, explicando si los fondos del programa se derivan a las provincias, a los municipios o en forma directa a las cooperativas.

10. Cuanto ha sido ejecutado del presupuesto hasta la fecha ¿Se siguió con el cronograma previsto inicialmente?

11. Duración del programa: ¿De cuantas etapas consta y en qué etapa de ejecución se encuentra en la actualidad?

12. ¿Cómo se está llevando adelante el control y monitoreo del programa? ¿Qué organismos participan y qué funcionarios están a cargo?

13. Según trascendió el objetivo del Programa es crear 100.000 puestos de trabajo ¿Cuántos se crearon efectivamente hasta la actualidad?

14. Dadas las denuncias que han trascendido públicamente respecto a la implementación del plan ¿Qué medidas concretas se tomaron? ¿Hubo alguna investigación al respecto? ¿Qué resultados se obtuvieron?

Señor presidente:

Dado que han transcurrido casi seis meses desde el lanzamiento del Programa Ingreso Social con Trabajo, conocido actualmente como Argentina Trabaja, y creado por Decreto 1067/09; creemos que es posible, a esta altura de las circunstancias, realizar una evaluación de la implementación y del impacto del mismo.

Los múltiples reclamos que se vienen realizando desde diversos sectores de la sociedad en cuanto a irregularidades en la implementación del Programa, echan por tierra los objetivos planteados al momento del lanzamiento del Plan.

En primer lugar, en el Decreto que le da origen, se pregona como una meta del Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto de las políticas que éste promueve, "el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la sociedad"; de hecho cuando uno ingresa a la página del Ministerio, en la sección que se dedica al Programa Ingreso Social con Trabajo, parece que sólo cumpliendo con los requisitos cualquier persona desocupada que pertenezca a una cooperativa puede ingresar al plan. Sin embargo la realidad, hasta la fecha, demuestra lo contrario. Así lo refleja un artículo del diario La Nación del día 2 de Enero de 2010 en el cual trasciende que las organizaciones sociales afines al gobierno nacional coordinaron 100.000 inscripciones de cooperativistas mientras que aquellas organizaciones opositoras sólo tuvieron a su cargo 12.000, vulnerando así el principio de igualdad.

También preocupa que hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no haya extendido efectivamente el Programa al resto del país, salvo Tucumán. No se está cumpliendo entonces con otro de los objetivos planteados en el Decreto que, textualmente, expresa: "poner el eje en la equidad territorial y en los derechos de las personas y sus familias". Bueno sería saber los motivos de dicha decisión política, que constituye una nueva lesión al régimen federal, más aún teniendo en cuenta que la pobreza y la desocupación están en todas partes.

Por otro lado, la Ministra de Desarrollo Social en una entrevista con la revista Tercer Sector de Diciembre de 2009, menciona como objetivo del Gobierno Nacional: "lograr el pleno empleo". Para ello consideramos necesario hacer hincapié en el componente de capacitación, objetivo presente en el Decreto 1067/09 y esencial para lograr estabilidad en los puestos de trabajo. Sin embargo, diversas denuncias hechas públicas en medios de comunicación nacional dejan entrever que el componente de formación se está dejando de lado y en algunos lugares donde se implementó el programa la capacitación no se hizo efectiva o se llevó adelante en forma parcial.

Llama la atención que el Ministerio de Desarrollo Social haga oídos sordos a las reiteradas denuncias sobre el uso clientelar del programa. Por eso surge la pregunta anteriormente planteada acerca de por qué hasta la fecha no existe un registro público de beneficiarios, tanto de quienes han ingresado al programa como de los aspirantes a acceder al mismo, cuestión que promovería la transparencia tan fuertemente demandada. El propio Luis D'Elia en Radio Cooperativa, denunció que se dejan afuera a los movimientos de desocupados: "Se nos impide el acceso", dijo el titular de la Central de Movimientos Populares. La Ministra Alicia Kirchner, en respuesta a dichas declaraciones dijo a la prensa: "No sean cautivos de nadie, en este programa no hay intermediarios. No busquen al puntero de turno ni al referente político ni al de una organización. No le deben nada a nadie" (Diario Página 12 del 12 de Febrero de 2010). Bueno sería recordarle a la Ministra que las garantías para evitar la conformación de redes clientelares debe darlas quien ejecuta el programa ya que la transparencia es una condición indispensable para lograr una mayor equidad.

Por todas estas razones creemos necesario que esta Honorable Cámara acceda a la información previamente solicitada teniendo en cuenta que nuestra mirada debe estar siempre dirigida a la protección de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.